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Víctor de Aldama anuncia nuevas pruebas sobre la presunta financiación ilegal del PSOE tras la demanda de Delcy Rodríguez

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El empresario Víctor de Aldama tiene previsto aportar nuevas pruebas relacionadas con la presunta financiación ilegal del PSOE en el marco del procedimiento judicial iniciado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Así lo publica Libertad Digital, que asegura que la estrategia judicial abierta por Rodríguez podría derivar en la incorporación de nueva documentación al caso.

La demanda de Delcy Rodríguez contra Víctor de Aldama

Según informa Libertad Digital, Delcy Rodríguez ha presentado una demanda de conciliación, paso previo a una querella por un presunto delito de injurias, a través del despacho de abogados del exmagistrado Baltasar Garzón.

La acción judicial responde a las declaraciones realizadas por Aldama, quien afirmó que fue la propia dirigente venezolana quien le entregó un sobre de la empresa estatal PDVSA con supuestos derechos sobre cupos de petróleo valorados en 250 millones de dólares, una documentación que, según su versión, estaría relacionada con la financiación de la Internacional Socialista y del PSOE.

El entorno de Aldama sostiene que aportará más información

Siempre según la información publicada por Libertad Digital, fuentes cercanas al empresario consideran que la iniciativa judicial pretende desacreditar su testimonio, aunque sostienen que el procedimiento abrirá la puerta a que Aldama incorpore nuevas pruebas y amplíe sus declaraciones sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.

Las mismas fuentes aseguran que la documentación y la información entregadas por Aldama están siendo analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno.

La respuesta de Delcy Rodríguez

En la demanda, según recoge Libertad Digital, la defensa de Delcy Rodríguez niega rotundamente las acusaciones y sostiene que es «inveraz, falsa o no ajustada a la realidad» la afirmación de que entregara personalmente el citado sobre de PDVSA.

El escrito argumenta además que esa atribución supone vincular a la dirigente venezolana con unos hechos que podrían tener relevancia penal para otras personas, motivo por el que considera que se han vulnerado su honor y reputación.

Apamate, la sociedad señalada por Aldama

La información de Libertad Digital también señala que Aldama identificó ante el juez a la sociedad Apamate Corporate And Trust como una empresa presuntamente utilizada para canalizar los derechos sobre cupos de petróleo de PDVSA.

De acuerdo con el testimonio del empresario, esta mercantil habría desempeñado un papel relevante en la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista mediante operaciones internacionales.

La investigación continúa

Por el momento, las afirmaciones de Víctor de Aldama forman parte de una investigación judicial en curso y están siendo objeto de análisis por parte de los investigadores. Del mismo modo, Delcy Rodríguez rechaza categóricamente las acusaciones y ha iniciado acciones legales para defender su versión de los hechos.

La evolución de este procedimiento podría marcar los próximos pasos de una investigación que continúa abierta y sobre la que, según Libertad Digital, Aldama prevé aportar nueva documentación en las próximas fases del proceso judicial.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años y a Koldo García a 19 por el caso mascarillas, mientras Aldama evita la prisión

 

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Óscar Puente dimite tras el accidente de tren de Urda: «Un ministro no puede continuar en su puesto»

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El ministro de Transportes anuncia su renuncia ante el Congreso después del choque ferroviario de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y tras presentar nuevas medidas de seguridad y atención a las víctimas.

Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible este martes, 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. La decisión se produce tras el accidente de tren de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, y después de una sesión marcada por las exigencias de responsabilidades políticas de la oposición y de varias formaciones que apoyan al Gobierno.

El anuncio ha llegado al final de una jornada en la que Puente había defendido inicialmente su continuidad y había explicado las actuaciones previstas para reforzar la seguridad ferroviaria. Finalmente, ha comunicado que abandona el cargo una vez atendidas las medidas que consideraba más urgentes tras la tragedia.

«Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo», ha manifestado ante los diputados. Puente ha presentado su renuncia como una decisión vinculada a la responsabilidad política y ha agradecido el respaldo de su familia, de los militantes socialistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Óscar Puente anuncia su dimisión después de defender su continuidad

La dimisión de Óscar Puente supone un cambio respecto a la posición que había mantenido durante los días posteriores al accidente y en la propia mañana del martes. Hasta entonces, el ministro sostenía que debía continuar al frente del departamento para gestionar la respuesta a la emergencia y poner en marcha las modificaciones necesarias.

En su intervención final, sin embargo, ha explicado que había decidido dejar el cargo durante los primeros momentos posteriores al siniestro, aunque había optado por hacer pública su renuncia después de abordar la asistencia a los afectados y las actuaciones inmediatas.

El ministro ha defendido que asumir responsabilidades políticas constituye una obligación democrática. Su despedida ha puesto el cierre a una comparecencia centrada tanto en la reconstrucción del accidente como en las deficiencias de seguridad denunciadas por los grupos parlamentarios.

El accidente de tren de Urda deja 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos

El accidente ferroviario de Urda se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afectó a dos trenes de Renfe e Iryo.

Durante su comparecencia, Puente ha situado el balance en 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecían hospitalizadas, según los datos que ha trasladado a los diputados.

La atención a las víctimas y a sus familiares ha ocupado una parte destacada de su intervención. El ministro ha señalado que las consecuencias del siniestro exigen acompañamiento, asistencia psicológica y respuestas sobre lo sucedido.

La tragedia también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en el tramo afectado y ha obligado a reorganizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía.

Qué ha explicado Puente sobre las circunstancias del accidente

La reconstrucción presentada por el ministro se ha centrado en una incidencia del sistema de señalización LZB, registrada aproximadamente a las 8.30 horas en un tramo de 63 kilómetros entre Mora y Malagón.

Según su explicación, esa situación obligó a detener varios trenes y a activar procedimientos alternativos de circulación. Puente ha señalado que el AVE recibió autorización para reanudar la marcha normal pese a que otro convoy permanecía detenido por delante.

El ministro también ha indicado que el tren de Iryo comunicó nuevamente su situación al centro de control cinco minutos antes de la colisión, sin que se adoptara una actuación que evitara el choque.

Estas explicaciones forman parte de la información expuesta por Transportes ante el Congreso. La investigación deberá determinar las causas del accidente y las responsabilidades que pudieran derivarse, sin que la comparecencia parlamentaria sustituya sus conclusiones.

Un problema de comunicación entre equipos

Puente ha relacionado la caída del LZB con un problema de comunicación y sincronización entre ordenadores, aunque ha reconocido que todavía se desconoce la causa concreta que originó esa incidencia.

La sesión ha abierto, además, un debate sobre la capacidad de los procedimientos alternativos para impedir que una equivocación termine en una colisión. Varios grupos han reclamado que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones humanas cuando dejan de funcionar las protecciones automáticas.

Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria

Antes de anunciar su renuncia, Puente ha detallado un conjunto de actuaciones destinadas a reducir riesgos y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.

Entre las principales medidas figura la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, mientras se completa la implantación del sistema ERTMS de nivel 2 y se realiza una revisión extraordinaria de los mecanismos de protección.

El ministro ha situado la finalización de esos trabajos a comienzos de 2027 y ha planteado utilizar trenes de doble composición para intentar mantener la oferta de plazas.

Doble validación de las órdenes de circulación

Otra de las actuaciones anunciadas consiste en introducir una comprobación por parte de un segundo controlador cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad.

El objetivo es que las instrucciones de circulación reciban una validación adicional antes de ejecutarse, reduciendo el riesgo de que una decisión equivocada provoque una situación peligrosa.

El plan también contempla herramientas tecnológicas para detectar anomalías, mejoras en las pantallas de seguimiento de los trenes y un refuerzo de la formación continua del personal.

Más formación y revisión de los descansos

Puente ha anunciado nuevas acreditaciones, programas de mentoría y simulacros regulares para los profesionales responsables de la circulación.

A estas actuaciones se sumará una revisión de los descansos y de las medidas de prevención de la fatiga. Las condiciones laborales, las plantillas y la carga de trabajo han sido algunas de las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario.

Ayudas y atención a las víctimas del accidente de Toledo

La respuesta del Gobierno incluye medidas para facilitar el acceso de las víctimas y sus familiares a las ayudas económicas y a las indemnizaciones correspondientes.

Puente ha anunciado la creación de oficinas de atención en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residan los afectados, con el propósito de acompañarlos durante la tramitación.

También ha explicado que Adif y Renfe activaron sus dispositivos de asistencia tras el accidente y que los equipos psicológicos movilizados por Renfe habían realizado alrededor de 470 atenciones.

La gestión de estas prestaciones y el acompañamiento a las familias continuarán siendo tareas prioritarias tras la salida del ministro.

Presión parlamentaria para exigir responsabilidades políticas

La comparecencia ha evidenciado la amplitud de las críticas a la gestión ferroviaria. PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG han reclamado la salida de Puente durante la jornada, aunque con argumentos y propuestas diferentes.

El PP ha cuestionado las decisiones sobre inversión, mantenimiento y seguridad. Vox ha reclamado responsabilidades judiciales, mientras otras formaciones han exigido auditorías, cambios en la organización del ferrocarril y mayores garantías frente a posibles errores.

ERC ha centrado parte de sus reproches en las condiciones de trabajo y en la necesidad de una revisión integral del sistema. EH Bildu, por su parte, ha defendido que la investigación determine las responsabilidades antes de señalar al ministro o a los empleados ferroviarios.

El PSOE había respaldado la actuación de Puente y rechazado que su dimisión sirviera, por sí sola, para esclarecer las causas del accidente.

La investigación y la recuperación del servicio siguen pendientes

La renuncia de Óscar Puente deja abiertas las principales cuestiones sobre el accidente de tren de Toledo: por qué se produjo la incidencia inicial, cómo se gestionó la circulación y qué barreras de seguridad pudieron impedir el choque.

También permanece pendiente la recuperación del tramo afectado. Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que Adif había solicitado autorización judicial para iniciar la reparación de la infraestructura y ha evitado ofrecer una fecha definitiva de reapertura.

Con su salida del Ministerio de Transportes, la crisis ferroviaria entra en una nueva etapa política. Para las víctimas y sus familias, continúan pendientes el esclarecimiento de lo sucedido, la atención a los heridos y el cumplimiento de las medidas anunciadas.

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