VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa están llamados a declarar los próximos 13 y 14 de junio como investigado y testigo respectivamente por el Juzgado de Instrucción número 17 de València que abrió una pieza secreta relacionada con la construcción del circuito urbano de la Fórmula Uno en la capital del Turia, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

El juzgado los había citado inicialmente a declarar para este jueves aunque se ha aplazado hasta el 13 y 14 de junio. Camps ya fue citado a declarar por el juzgado el pasado 7 de febrero en esta causa en la que, según trascendió en ese momento, hay al menos ocho investigados más, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas. Entre ellos, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

Dentro de esta investigación también está citado ahora el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, según las fuentes consultadas por Europa Press, aunque no se ha concretado la fecha de su comparecencia. De acuerdo con la información publicada este miércoles por Levante-EMV, el caso también salpica al ex secretario autonómico de Cultura y ex secretario general del PP, David Serra.

Fiscalía Anticorrupción dirigió el mes pasado dos escritos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración –anteriormente de Infraestructuras y Transporte– a raíz de una comparecencia reciente realizada por el propio Costa, para solicitar información sobre la construcción del circuito.

En concreto, el fiscal pedía a este departamento de la administración valenciana «la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1 de València en cualquiera de sus fases adjudicados a las mercantiles F.C.C. y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)».

Fiscalía pedía la remisión íntegra de los expedientes, incluidos, los «acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuesta de adjudicación, actas de la mesa de contratación incluidas, modificados en su caso, facturas, pago, etc», según la solicitud del ministerio público.

Los empresarios de Hormigones Martínez (Grupo Vallalba), Tomás y Rafael Martínez Berna, son dos de los que reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de Francisco Camps en el juicio celebrado recientemente en la Audiencia Nacional.

Tras su primera comparecencia en el juzgado por esta causa, Camps aseguró tener «tranquilidad absoluta» sobre la F1 y con «la conciencia de haber hecho algo extraordinario para València», y rechazó dar detalles de su declaración.

DOS JUZGADOS
Las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades en la gestión de la F1 en València las dirigen en estos momentos dos juzgados: el número 2 y el 17, que lleva la pieza secreta.

En total se investiga la negociación previa llevada a cabo por Camps a beneficio de Valmor, la empresa del expiloto Jorge Martínez ‘Aspar’, organizadora de la prueba; los contratos entre la empresa pública Circuito del Motor y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la relacionada con la absorción de Valmor por parte de Circuito del Motor.

En la pieza en la que la magistrada del Juzgado de Instrucción número dos investiga los contratos entre Circuito del Motor y proveedores también hay próximas citaciones como investigados la próxima semana: el ex director general del Circuito Ricardo Tormo, Julio García Gimeno y otras nueve personas, entre trabajadores, representantes de empresas y dos abogados.

Asimismo, están citados el que fuera presidente de la Sociedad Pública Circuito del Motor y ex secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig; directora de gestión del Circuito, Blanca Tomás; el director técnico, Miguel Martí.

El pasado 18 de mayo ya lo hizo igualmente como investigado el propio Camps en esta pieza. El ‘expresidente’ sostuvo que la causa era «puramente política» y la atribuía a una denuncia de Compromís, partido al que aseguraba que «le dolía» que València «estuviera al nivel de Barcelona» con un evento que «le podía hacer daño a Cataluña y a su Gran Premio».