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Compromís inicia un proceso participativo para crear una ley anti ‘bullying’

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís en Les Corts Valencianes ha puesto en marcha un proceso participativo para conformar una ley específica contra el acoso escolar en las aulas de la Comunitat. El objetivo de la coalición es «poner en el centro a la víctima del acoso» mediante «la primera ley del Estado y una de las primeras de España contra el ‘bullying’, según ha destacado la diputada Marian Campello.

Para la elaboración de la normativa, Compromís contará con profesionales de los sectores relacionados con un fenómeno que «lejos de desaparecer, va incrementándose y adaptándose a los nuevos entornos tecnológicos».

Desde la coalición advierten en un comunicado que, según los datos de Save the Children, cerca de un 10% de los alumnos sufren acoso en las aulas. Es decir, «entre dos y tres alumnos en cada aula sufren acoso escolar de forma continuada por parte de sus compañeros».

Para hacer frente a esta situación, Compromís propone elevar a rango de ley las medidas contra el acoso escolar. La normativa pretende así tanto «poner freno al acoso en las aulas valencianas» como iniciar «un nuevo ciclo en materia de convivencia y un nuevo capítulo para las personas que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a este tipo de violencia», ha reivindicado Campello.

REGULAR EL ‘CIBERBULLYING’
De momento, la parlamentaria ha adelantado que el articulado de esta nueva ley prevé regular también las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, como el ‘ciberbullying’.

«Este interés que estamos demostrando desde el territorio valenciano por luchar contra el ‘bullying’ lamentablemente contrasta con la baja implicación del Gobierno central del PP, que lleva siete años sin reunir el observatorio contra el acoso escolar para acabar con esta lacra en las aulas», ha denunciado la diputada de Compromís.

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Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente de Urda: «Ahora mi deber es estar al mando»

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado presentar su dimisión por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja por el momento 69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados. «Ahora mi deber es estar al mando», ha asegurado durante su comparecencia de este viernes, en la que ha vuelto a reconocer un «fallo en el control de mando» como uno de los elementos clave de la tragedia.

Puente ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es dar explicaciones y permanecer al frente del Ministerio para afrontar la crisis. «Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara. No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha manifestado.

El ministro ha añadido que respeta las peticiones de dimisión, pero considera que su obligación inmediata es responder ante lo sucedido y aportar soluciones. «Mi obligación ahora es resolver el problema», ha insistido.

También ha reclamado actuar con «rigor y proporcionalidad» antes de establecer responsabilidades individuales, mientras continúa la investigación para esclarecer por qué el AVE de Renfe no frenó antes de impactar contra el tren de Iryo.

Sánchez advierte de que las víctimas podrían ser de hasta 27 nacionalidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que entre las víctimas del accidente ferroviario podría haber personas de «hasta 27 nacionalidades». El Ejecutivo está trabajando con las autoridades consulares para facilitar la identificación de los fallecidos y ofrecer información a las familias.

Sánchez ha reconocido la gravedad de la tragedia y ha admitido que el accidente ha dañado la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad española. El presidente ha insistido en que es necesario esclarecer lo sucedido y adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir un siniestro de estas características.

La Guardia Civil investiga más allá del posible error humano

La investigación del accidente no se centra únicamente en la actuación del trabajador del centro de control de Adif que autorizó al AVE a recuperar la marcha normal. La Guardia Civil quiere reconstruir toda la cadena de decisiones y averiguar por qué no se activaron mecanismos que podrían haber evitado la colisión.

Los agentes investigan especialmente el fallo del sistema de seguridad LZB, que supervisa la circulación y permite ordenar el frenado automático de los trenes cuando detecta una situación de peligro.

Entre las principales líneas de investigación figuran:

  • El fallo del sistema LZB: determinar qué provocó la avería que dejó detenidos a varios trenes en un tramo de la línea.
  • Las comunicaciones de Adif: comprobar qué información recibió el centro de control sobre la situación del Iryo y por qué se permitió al AVE circular a velocidad normal.
  • Los protocolos de seguridad: analizar si las instrucciones dadas a los maquinistas se ajustaron a los procedimientos establecidos para estas incidencias.
  • El mantenimiento de las instalaciones: revisar posibles averías anteriores y las intervenciones realizadas en los equipos.
  • La organización del centro de control: estudiar las circunstancias en las que trabajaban los operadores durante la incidencia.

Los investigadores también quieren determinar si hubo tiempo suficiente para detener el AVE después de que la maquinista del Iryo comunicara que su tren seguía parado y no conseguía reiniciar el sistema.

Las cajas negras de ambos convoyes serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos antes del impacto y establecer qué ocurrió exactamente.

Puente insiste en el fallo del centro de control y descarta dimitir

En su comparecencia, Óscar Puente ha vuelto a señalar el fallo producido en el centro de control como uno de los elementos centrales del accidente. El ministro ha pedido que se actúe con «rigor y proporcionalidad» antes de atribuir responsabilidades.

También ha rechazado abandonar el cargo pese a las peticiones de dimisión de la oposición.

«Ahora mi deber es estar al mando», ha afirmado. Puente ha defendido que su responsabilidad como ministro es dar la cara y trabajar para solucionar la situación, además de garantizar que se esclarezcan los hechos.

«No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha añadido.

69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados

El balance provisional continúa en 69 víctimas mortales y 42 personas hospitalizadas, mientras avanzan las labores de recuperación de los restos de los trenes y la identificación de los fallecidos.

Hasta el momento se han realizado 48 autopsias y se han comunicado cinco identificaciones a las familias, correspondientes a tres mujeres y dos hombres.

Además, la Guardia Civil ha recibido 70 denuncias por desaparición, aunque dos de las personas inicialmente buscadas han sido localizadas con vida. Las autoridades no descartan que el balance de fallecidos pueda aumentar debido a la complejidad de los trabajos de recuperación e identificación.

 

 

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