Cabify ha confirmado este jueves que seguirá operando en Valencia y Alicante tras adaptar su modelo de negocio en la Comunitat a los requisitos que marca la nueva normativa que regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) aprobada por la Generalitat el 29 de marzo, y cuyas condiciones de contratación de VTC, con una antelación mínima de 15 minutos, entran en vigor el próximo sábado 1 de junio.

La compañía española movilidad explica en un comunicado que pese a estas «restricciones impuestas, que en nada benefician ni a la ciudadanía ni a los usuarios», Cabify apuesta por dar una «respuesta de calidad» a los más de 300.000 usuarios que han confiado en su servicio en Valencia y Alicante.

Por el contrario, Uber ha anunciado este mismo jueves que abandona Valencia el 1 de junio, fecha en la que concluye la moratoria de dos meses que dio la Generalitat para empezar a aplicar la oblgatoriedad de contratar los servicios de VTC con 15 minutos de antelación, tal y como recoge el decreto ley que regula su actividad en la Comunitat.

NUEVA OPERATIVA PARA PRESERVAR EL SERVICIO Y EL EMPLEO

En el caso de Cabify, la compañía renueva su «compromiso por la movilidad» en la región, a través de su filial Miurchi Car SL., el servicio de transporte –y no el de agencia de viajes, que es el que venía utilizando hasta ahora en todas las ciudades salvo Barcelona– y operará como lo hacen las empresas de transporte contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional.

A partir de este sábado, los usuarios que deseen viajar con la aplicación tanto en Valencia como en Alicante tendrán que contratar el servicio de transporte ofrecido por Miurchi Car, S.L. y aceptar nuevos términos y condiciones en la aplicación. Tras la contratación y aceptación de los términos de ese servicio, se establece un tiempo de espera de 15 minutos después del cual el usuario podrá solicitar su siguiente trayecto.

Cabifay ha querido dejar claro que «esta decisión no implica la conformidad de la compañía con esta regulación altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios», sino que «responde a su compromiso con la ciudad, sus usuarios, sus empleados, colaboradores conductores y con su red de empresas asociadas, que también trabajan en favor del desarrollo de la economía digital y la movilidad sostenible tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España».

En este sentido, el presidente de Cabify Europa, Mariano Silveyra, confía en que sus «usuarios entiendan y respalden esta adaptación» del modelo de negocio. Tras aceptar nuestros nuevos términos de servicio, deben transcurrir 15 minutos para iniciar el siguiente trayecto y disfrutar de la calidad de Cabify.

«Queremos tener un papel activo en la construcción de la movilidad del futuro y tener impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad», ha confía Silveyra.

De hecho, la nueva modalidad jurídica que ha adoptado Cabify para continuar prestando sus servicios en la Comunitat Valenciana «no es la más idónea, ya que resulta gravosa, y acarrea unos mayores costes en su operación.

Según la compañía, su modelo habitual como agencia de viajes –que utiliza en todas las regiones salvo en Cataluña, y desde el 1 de junio en la Comunitat Valenciana–, permite una prestación de servicio mejor para los usuarios, ya que no impone restricción al tiempo de precontratación previo.

A su entender, «este modelo no es el mejor para el futuro de una movilidad competitiva y sostenible, pero está dispuesta a cargar con el elevado e injustificado coste de adaptar su modelo de negocio para seguir dando respuesta a las necesidades y aspiraciones de los usuarios y también de los visitantes que cada año tienen como destino la Comunitat Valenciana».

Así, la compañía asegura que continuará buscando soluciones «primando de la defensa del bien común, el empleo, -en el caso del sector VTC esta regulación amenazaba más de 500 empleos-, y la libertad de elección de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».

Cabify lamenta que la Generalitat haya optado por «restringir las opciones de movilidad» de usuarios y «poner cortapisas al desarrollo del sector» de la movilidad. A su entender, la nueva normativa es «contraria al interés general y sostiene su inconstitucionalidad, circunstancias que han sido ya denunciadas por distintos organismos regionales y nacionales, entre ellos Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana», apunta.

Además, critica el «poco peso otorgado a la defensa del bienestar de los ciudadanos», dado que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera.

«SITUACIÓN TRANSITORIA»

En todo caso, confía en que «la situación será transitoria y que el Decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo».

La compañía espera encontrar «voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores» que pueden construir una movilidad mejor en la Comunitat Valenciana que beneficie tanto a operadores como a usuarios y «que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección».

En este sentido, Cabify cree que «desde algunas instancias políticas se está tratando de restringir su actividad en beneficio de visiones cortoplacista cuando no como consecuencia de la debilidad frente a la presión, en ocasiones violenta, de los sectores más radicales del taxi».

La empresa, fundada en 2011 por Juan de Antonio, opera en la actualidad en otros 11 países de Iberoamérica, que lidera el mercado español, y que está presente en la actualidad en 8 ciudades. Además de los 1.500 empleos directos que ha creado –400 en España–, ha generado alrededor de 200.000 empleos indirectos en el conjunto de mercados donde opera.

Cabify asegura que «cumple al 100% con todas sus obligaciones fiscales y sociales y, a diferencia de algunas otras plataformas tecnológicas de distintos sectores, paga en España el 100% de los impuestos de su actividad en España, sin utilizar ninguna estructura fiscal en el exterior», concluye el comunicado.