La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres y detenido a 19 personas en una operación contra una organización criminal que captaba a sus víctimas en Latinoamérica con falsas ofertas de empleo.
La Guardia Civil ha desarticulado una extensa red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba desde Sevilla y mantenía conexiones con otras organizaciones en distintas provincias españolas, entre ellas Valencia y Castellón. La operación, denominada Bonifaz, se ha saldado con 19 detenidos y la liberación de 22 mujeres.
La investigación también ha puesto el foco en la Comunitat Valenciana, donde los agentes realizaron registros en establecimientos y viviendas de Alzira, en Valencia, y Peñíscola, en Castellón. En esta segunda fase de la operación, desarrollada también en Vigo y Mijas, fueron detenidas ocho personas.
Uno de los arrestados en territorio valenciano era un presunto proxeneta que regentaba casas de citas en Alzira y Peñíscola. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones tras analizar la documentación y los dispositivos electrónicos intervenidos.
Falsas ofertas de empleo para captar a las víctimas
Según la investigación, la organización captaba a mujeres en países latinoamericanos mediante falsas promesas de trabajo en España para cuidar a personas mayores. Los responsables de la red se comprometían a pagar los gastos del viaje y a gestionar la documentación necesaria para su llegada.
Sin embargo, una vez en España, las mujeres eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a ejercer la prostitución. Los integrantes de la organización les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 10.000 euros por los gastos de desplazamiento y alojamiento.
La Guardia Civil sostiene que los detenidos utilizaban coacciones e intimidaciones para mantener sometidas a las víctimas. Entre las amenazas figuraba la posibilidad de hacer daño a sus familiares en sus países de origen si no cumplían las exigencias de la organización.
Trasladaban a las mujeres entre prostíbulos para mantener el control
Una de las claves del funcionamiento de la red era el traslado periódico de las mujeres entre distintos inmuebles vinculados a organizaciones criminales de varias provincias españolas.
La supuesta deuda que las víctimas debían pagar pasaba de una organización a otra y aumentaba continuamente, lo que las obligaba a seguir ejerciendo la prostitución para intentar saldarla.
Esta dinámica dificultaba la detección de los hechos y las investigaciones policiales. Los agentes comprobaron que la red mantenía conexiones con otros grupos dedicados a la explotación sexual en diferentes puntos de España.
Una investigación de más de nueve meses
La operación Bonifaz se inició a raíz de la información facilitada por una mujer que había sido captada por la organización y consiguió escapar. A partir de ese momento, la Guardia Civil desarrolló una investigación que se prolongó durante más de nueve meses.
El dispositivo fue coordinado por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, con la participación del Equipo Mujer-Menor.
La primera fase se desarrolló a finales de septiembre, con seis entradas y registros en inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla capital. En esa actuación fueron detenidas once personas en Gelves, en Sevilla, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.
Durante los registros, los agentes identificaron a 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización. Dos de ellas solicitaron protección en casas de acogida de entidades especializadas.
La Guardia Civil también intervino dos vehículos de alta gama, sistemas de videovigilancia utilizados para controlar a las mujeres, teléfonos móviles, terminales de pago electrónico, documentación contable, contratos fraudulentos y 20.000 euros en efectivo.
Registros en Alzira, Peñíscola, Vigo y Mijas
La segunda fase de la operación se llevó a cabo en octubre en Alzira, Peñíscola, Vigo y Mijas. Los agentes practicaron seis registros domiciliarios y detuvieron a ocho personas, además de localizar e identificar a otras siete mujeres explotadas por la organización.
En esta actuación se incautaron 7.780 euros en efectivo, así como numerosos dispositivos electrónicos y documentación que continúa siendo analizada.
Los 19 detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.
La investigación sigue abierta ante la posibilidad de que el análisis del material intervenido permita esclarecer nuevos hechos o identificar a otras personas relacionadas con la red.
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