Alicante, 29 jul (EFE).- Tres responsables de un grupo inmobiliario asentado en Alicante desde 2018 han sido detenidos acusados de una estafa piramidal estimada en 5,4 millones de euros por apropiarse del dinero que sus clientes, principalmente de habla francesa, habían desembolsado por la compra o la construcción de viviendas de lujo en la zona de la localidad alicantina de Busot y que nunca les fueron entregadas.

La Guardia Civil, que ha llevado a cabo esta operación, denominada Serpis e iniciada a finales del año pasado, investiga también a otras tres personas, empleadas de la compañía, por su presunta vinculación con este fraude, que afecta ya a 60 personas.

El grupo inmobiliario publicitaba viviendas de lujo en Busot y alrededores a través de Internet, generalmente en redes sociales, se dirigía principalmente a ciudadanos de habla francesa y estaba constituido por seis personas: los captadores de clientes, la promotora y la constructora.

«Los directivos de la promotora y de la constructora, padre e hijo, eran los principales miembros de este grupo criminal dedicado a esta estafa de tipo piramidal, en la que los roles estaban claramente definidos», según un comunicado del instituto armado.

El entramado cometía dos tipos de estafa principalmente: una de ellas consistía en ofertar la venta de una misma vivienda, ya construida, a múltiples compradores, y otra se basaba en formalizar un contrato de construcción de una vivienda con un cliente. En cualquiera de las dos modalidades, los estafados pagaban, pero jamás llegaban a poseer la vivienda.

Para cometer las estafas, los sospechosos se valían de las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad, falsificando los documentos originales. Una vez falsificada la documentación, era empleada para realizar los contratos de compra-venta.

Método de la empresa inmobiliaria

La ostentosa oficina de la empresa inmobiliaria, situada en la Playa Muchavista de El Campello (Alicante), la tecnología de última generación y los vehículos de alta gama que utilizaban los directivos de la compañía servían de gancho para embaucar a sus potenciales clientes, gente adinerada que no sospechaba que pudiera tratarse de un fraude.

Cuando un cliente picaba, realizaban los contratos en los que se les cobraba por adelantado bien la reserva de la vivienda o bien el dinero necesario para el inicio de una construcción, según cada caso.

Sin embargo, el dinero era desviado inmediatamente a las cuentas personales de los miembros del grupo criminal, que posteriormente trataban de darle salida a cuentas extranjeras sin dejar rastro.

Pasado un tiempo, los clientes se daban cuenta de que se trataba de una estafa. Los investigadores han localizado a 60 perjudicados entre los que hay clientes que han realizado transferencias para viviendas que no se han construido, viviendas que se han vendido más de una vez, proveedores de materiales o servicios destinados a la construcción y entidades bancarias.

Gracias a la operación de la Guardia Civil, de los 5.400.000 euros estafados, un millón ya ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Además, se ha logrado el bloqueo de doce cuentas bancarias empleadas por la banda.

Por otro lado, los investigadores han localizado a 18 empleados de la construcción, que en teoría trabajaban para la promotora. Sin embargo, el instituto armado ha averiguado que no contaban con contratos de trabajo legales, ni cobraban según lo pactado.

Los presuntos autores les encargaban obras para las que no les aportaban los materiales necesarios. Para que no se marcharan de la supuesta empresa, de vez en cuando les abonaban una nómina o los hacían beneficiaros de alguna subvención. Entre otras muchas irregularidades, los forzaban a verter los residuos de la construcción fuera de los sitios habilitados para ello.

Han sido detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 24 y 55 años, e investigadas otras tres, también dos hombres y una mujer, de entre 30 y 50, todas ellas de nacionalidad francesa.

Tanto los arrestados como los investigados han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que entiende de la causa junto con las diligencias.

Además, se han registrado la sede social de la empresa en la oficina de El Campello y también el domicilio del gerente de la promotora, considerado cabecilla de la banda, que reside en un chalé de la capital alicantina.

Según la Guardia Civil, ha sido intervenida una gran cantidad de documentación que «inculpa a los presuntos autores». Tras un pormenorizado estudio de toda la documentación recopilada, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueo de capitales, contra los trabajadores, contra el medio ambiente y de pertenencia a grupo criminal.