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El Botànic defiende la asistencia de sus representantes a la manifestación del ‘Procés’ en València

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VALÈNCIA, 15 Oct. – Los grupos del gobierno del Botànic en Les Corts (PSPV, Compromís y Unides Podem) defienden la asistencia personal de algunos de sus representantes a las manifestaciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del ‘procès’, mientras que la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) censura que apoyen a «entidades separatistas» como Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

«No engañan a nadie», ha advertido este martes la presidenta del PPCV y portavoz ‘popular’, Isabel Bonig, en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics, sobre el apoyo de representantes públicos a la concentración celebrada este lunes por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de València para rechazar las penas de prisión impuestas por el Tribunal Supremo a los impulsores del 1-O.

Esta manifestación fue convocada por ACPV y otras entidades, por lo que tanto el PP como Ciudadanos (Cs) reclaman que el Consell no les otorgue ayudas públicas, para lo que presentarán sendas iniciativas parlamentarias en Les Corts.

Por parte del Botànic II, el síndic socialista, Manolo Mata, ha hecho hincapié en que «la gente tiene derecho a manifestarse libremente y todo el derecho del mundo a opinar» a título personal. Eso sí, ha reiterado que la sentencia, a su juicio, es «discutible y dura» al dictar penas de cárcel de hasta 13 años. «Lo que es muy rechazable es la violencia», ha recalcado.

Sobre las críticas por las subvenciones a entidades como Acció Cultural, el síndic socialista ha defendido que «la Generalitat no da ayudas por razones políticas, sino con el estricto cumplimiento de la ley». Ha ironizado, mientras tanto, con el hecho de que «con lo que ingresa la Iglesia católica, gaste más en 13TV que en Cáritas».

De Compromís, Fran Ferri ha coincidido en que «la libertad de expresión es un derecho fundamental», calificando como una muestra de «salud democrática» que miembros de la coalición se sumaran a la manifestación a título individual.

Ha asegurado, por contra, que le asusta la postura de la oposición y su «grave problema con la separación de poderes», además de criticar que PP y Cs pretendan «condicionar las ayudas a determinadas entidades en función de las manifestaciones que apoyan». «Es peligroso y más propio de un estado fascista», ha advertido.

En la misma línea, Naiara Davó (Podem) ha insistido en que los representantes de su partido que asistieron lo hicieron a título personal, «si lo consideraron oportuno y no como organización». Ha vuelto a lamentar que el ‘procès’ es «un problema político que no se ha querido solucionar en la política, al optar unos y otros por posiciones maximalistas y llevarlo todo al extremo».

De la oposición, Bonig ha avanzado que el PP presentará una proposición no de ley (PNL) para que el Consell no subvencione a «entidades separatistas», como un primer paso para cambiar la Ley de hacienda pública valenciana. «Organizaciones como STEPV, Intersindical o Acció Cultural salen libremente a la calle para insultar a los jueces», ha denunciado, ante lo que ha mostrado «solidaridad y respeto» y les ha instado a «ir a los tribunales» si tienen alguna queja.

«OLTRA SE ENTRISTECE»
La ‘popular’ ha criticado especialmente la posición de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quien «se alegra cuando condenan al PP y se entristece cuando condenan a sus amigos del ‘procès'», además de asegurar que «había gente de Podem y Compromís» en la marcha –«salieron todos»– a pesar de que «cobran del erario público».

Ante este «ataque institucional», ha urgido a que tanto el ‘president’ y líder del PSPV, Ximo Puig, como el presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, «dejen trabajar a jueces y fiscales, en Madrid y en la Comunitat».

También ha sostenido que «los dos millones destinados a entidades pancatalanistas» podrían haber ido para los afectados por las inundaciones de la Vega Baja (Alicante): «Eso es mirar a las personas, estoy segura de que Oltra lo hará porque es solidaria».

De Cs, Toni Cantó ha mostrado su rechazo a los que se sumaron a la concentración como algo «absolutamente despreciable» por parte de Compromís y Podem, mientras que «el PSC valenciano dice que la sentencia es muy dura».

«Así hacen un flaco favor a las instituciones valencianas», ha aseverado, ante lo que su grupo presentará una enmienda en el pleno de esta semana para que «entidades como ACPV no reciban ni un euro del bolsillo de los valencianos».

Y de Vox, José María Llanos se ha limitado a expresar la «total repulsa» a las movilizaciones en contra de la sentencia del 1-O y a denunciar los «ataques» a algunos representantes de su partido en Madrid.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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