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El Gobierno no prorrogará el estado de alarma ante una oposición que pide un plan B

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EFE

Madrid, 20 abr (EFE).- El Gobierno ha descartado que vaya a pedir una prórroga del estado de alarma tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo y ha insistido en que mantendrá el mismo criterio que ahora y que hay instrumentos jurídicos suficientes para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas a partir del 9 de mayo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que a la vista de los datos actuales, el Ejecutivo no va ser necesaria ninguna prórroga y ha rechazado la proposición de ley registrada por el PP para reformar la Ley de Salud Pública.

«El PP está enredando con este tema del estado de alarma y no sabe lo que quiere», ha aseverado Montero, toda vez que este martes la mayoría de la oposición en el Congreso, incluido ERC se ha abierto a negociar la propuesta popular.

ERC, Cs, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Compromís y Más País han vuelto a reclamar un acuerdo para que no haya decisiones judiciales distintas ante las mismas medidas de restricción que puedan adoptar los gobiernos autonómicos cuando se levante el estado de alarma.

«Sí estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad», ha avisado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al Gobierno ante la iniciativa del PP que deberá ser tomada en consideración en el Pleno de Congreso, mientras el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha dejado claro: «Cualquier medida si puede ayudar, nosotros no estaríamos en contra, aunque venga del PP».

No obstante, la proposición de ley orgánica del PP admitida hoy a trámite no podría debatirse antes del 9 de mayo, ya que no hay convocados plenos en el Congreso hasta después de esa fecha, por lo que el líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que la iniciativa ha nacido como propaganda electoral porque sabían que no llegaría a tiempo.

De momento el PP ha mandado a varios partidos políticos su plan para recabar apoyos e insiste en que antes del 9 de mayo debe haber instrumentos jurídicos que den «certidumbre» a las autoridades en la desescalada. «Una limitación mínima» de los derechos y libertades de los españoles, que ofrezca «garantías».

Sin embargo, aunque la mayoría de la oposición coincide en el mismo mensaje, partidos como Ciudadanos recuerdan que la propuesta del PP contempla poder aplicar las mismas medidas que el decreto de alarma pero sin pasar por el Pleno del Congreso.

«Daría más poder a Sánchez», señalan fuentes de la formación naranja, al apuntar que «no tendría que dar explicaciones».

La proposición de ley de medidas especiales en materia de Salud Pública con el fin de controlar enfermedades transmisibles pide reformar el artículo 3 de la ley de Salud Pública de 1986 para incluir «potestades administrativas concretas» durante una epidemia, como el control de los enfermos mediante «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública» o de «cuarentena, aislamiento o tratamiento».

Habilitaría a «localizar a personas sospechosas o afectadas», limitaría las entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas y controlaría el movimiento y el derecho de reunión, y en ningún artículo menciona que estas medidas deban pasar antes por el pleno antes de ponerse en marcha.

Por eso Montero ha vuelto a decir hoy que no es necesario modificar la legislación sobre salud pública y hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido al paso asegurando que hay instrumentos jurídicos suficientes.

La portavoz del Gobierno también critica las diferencias de criterio en el seno del PP, toda vez que el portavoz del grupo parlamentario en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que si tuviera que votar sobre la prórroga del estado de alarma, los populares lo rechazarían.

El Gobierno cree que convocar una conferencia de presidentes para tratar el fin del estado de alarma no contaría con garantía de acuerdo.

A las peticiones de acordar un plan B se sumado también el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en declaraciones a TVE ha señalado que «tal y como están los números, si no se hace ningún retoque (en la legislación), e incluso con las previsiones más optimistas del plan de vacunación, el instrumento más útil para luchar contra la pandemia es, todavía, el estado de alarma».

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, coincide en acordar con las fuerzas políticas y las comunidades autónomas medidas que den cobertura legal para que no estén «sometidas» a las decisiones de cada juez y el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha instado a Sánchez a clarificar la situación antes del 9 de mayo.

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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario

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Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas

La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.

El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.

Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.

La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.

La viuda, investigada por un posible homicidio

La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.

En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.

La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.

El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.

Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas

La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.

Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.

La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.

El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.

La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.

Un cáncer avanzado y un conflicto familiar

Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.

Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.

El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.

La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.

Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias

Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.

Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.

Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.

Qué se sabe sobre la investigación en 2026

La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.

La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.

Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.

 

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