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El Senado se desvincula del asunto Agramunt y cede al PP la decisión sobre su situación política

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MADRID/VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – El Senado por el momento no abrirá una reflexión sobre la sanción impuesta por el Consejo de Estado contra el senador ‘popular’ Pedro Agramunt y se ha desvinculado del asunto, dejándolo en manos del Grupo Popular que está buscando un sustituto para reemplazarlo a finales de junio.

Todo comenzó con una investigación del Consejo que señaló acusaciones de corrupción contra el senador valenciano y otros miembros de la Asamblea de Estrasburgo; además, el informe recomendaba a los parlamentos nacionales que tomaran medidas. Hace unas semanas, el Senado pidió tiempo para que se resolviera el proceso interno abierto en el Consejo contra Agramunt antes de reflexionar sobre este caso.

Ahora, cuando Agramunt ha sido sancionado por el Consejo, el Senado se ha desvinculado de la posibilidad de abrir un debate sobre el caso del senador valenciano y ha atribuido al Grupo Popular la posibilidad de tomar medidas, aunque como en otros casos, el escaño pertenece al propio senador.

En una rueda de prensa este martes, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que este asunto no se ha abordado ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces, alegando que «nadie en absoluto» ha llevado esta cuestión a las reuniones de hoy.

«Desconozco si nos ha llegado algún informe concreto sobre la resolución tomada en la Asamblea del Consejo de Europa», ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, quien ha apuntado a las medidas tomadas en el seno del Grupo Popular.

EL PP BUSCA SUSTITUTO
Agramunt anunció tras su sanción que dejará de ser miembro del Consejo de Europa a finales de junio, una decisión que transmitió en una reunión la pasada semana con la dirección del Grupo Popular en el Senado. El PP ya está trabajando en buscar un sustituto para Agramunt, además de para Xabier García Albiol, que no revalidó su condición de senador en las últimas elecciones catalanas y perderá por tanto el puesto en el Consejo.

Después de conocerse el informe de Estrasburgo, tanto PSOE como Unidos Podemos pidieron el cese de Agramunt del Consejo de Europa y exigieron al PP que lo apartara de su escaño en la Cámara Alta, si bien no han insistido en ello desde que el senador anunció su marcha del Consejo de Europa.

SANCIÓN CONTRA AGRAMUNT
Tras la investigación del Consejo de Europa que apuntaba a actividades corruptas por parte de Agramunt, éste presentó sus alegaciones ante el Comité de Reglas del Consejo que estableció una serie de sanciones.

En concreto, Agramunt fue sancionado por infringir «seriamente» el Código de Conducta siendo inhabilitado durante diez años con desempeñar las labores de observador electoral o ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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