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Juan Roig considera una «ofensa» que el Corredor Mediterráneo no esté acabado

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Juan Roig considera una "ofensa" que el Corredor Mediterráneo no esté acabado
El presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos, Vicente Boluda (4i), posa junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (4d), Mercadona, Juan Roig (3d), el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre (2d), entre otros, durante el acto empresarial celebrado este mediodía en Barcelona para reclamar la finalización de las obras del Corredor Mediterráneo. EFE/Quique García

Barcelona, 17 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- El presidente de Mercadona, Juan Roig, considera una «ofensa» para todas las personas que viven en el arco mediterráneo que este corredor ferroviario no esté acabado y ha achacado los retrasos a que vivimos en una España radial, en vez de en una España circular.

En declaraciones a la prensa antes de participar en el sexto Acto Empresarial y Segundo Chequeo Semestral del Corredor Mediterráneo, Roig ha lamentado que el trayecto entre Barcelona y València dure tres horas y diez minutos, mientras que el trayecto València-Madrid se hace en 1,30 horas.

Sobre el trayecto entre València y Alicante, ha dicho que «es infinito».

Ha afirmado que vivimos en una España radial, en lugar de en una España circular: «Quiero mucho a Madrid, pero quiero más a España», ha dicho, y ha añadido que es una «ofensa» no tener una conexión que una todas las ciudades que «somos importantes en el Mediterráneo y que somos una parte muy importante de España», porque «no estamos bien a nivel de conexiones», ha señalado.

Por ello, ha apostado por una España circular a nivel de conexiones y ha lamentado que «da igual el partido que esté en el Gobierno, no se consigue».

Sobre el desarrollo de las obras, ha insistido en que «vamos muy lentos» y ha dicho que la infraestructura va a parecer «las obras del Escorial».

«Es un problema que toda la sociedad civil exijamos que el Corredor Mediterráneo tiene que estar hecho y no está hecho», ha lamentado, a la vez que ha dicho que «somos muy cabezotas y hasta que no lo consigamos no vamos a acabar».

Boluda (AVE) ve imposible acabar el Corredor Mediterráneo en 2026, «ni en 2035»

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha afirmado este jueves que es «imposible» que el Corredor Mediterráneo en España esté acabado en 2026 «ni en el año 2035», última fecha que baraja el Gobierno para la finalización de esta infraestructura.

«Desde Algeciras a la frontera ni en el año 2035 estará acabado», ha declarado Boluda antes de participar en el 6º Acto Empresarial y Segundo Chequeo Semestral del Corredor Mediterráneo, que reúne en Barcelona a 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España, además de los presidentes de Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia.

Boluda ha remarcado que los empresarios no se creen que en 2026 el Corredor Mediterráneo esté acabado.

«Quizá desde Murcia hasta la frontera francesa esté prácticamente acabado en 2026 o 2027, pero desde Algeciras, en absoluto», ha subrayado.

Ha apuntado que el tramo entre Castellón y Barcelona está bastante avanzado, quizás al 80 %, igual que el de Valencia-Castellón. «De Murcia a Valencia, un poco menos y de Algeciras a Murcia no creo que llegue al 20 %».

Por ello, los empresarios reclamarán a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, «más celeridad en las obras» para una infraestructura que es «clave» para las comunidades del arco mediterráneo y para España entera.

Sobre los fondos europeos, Boluda cree que llevan impulsando la obra mucho tiempo, otra cosa es, ha matizado, que hayan ido a infraestructuras que se han atribuido al Corredor Mediterráneo, «pero que no eran».

«Creo que han desviado algún que otro fondo importante a infraestructuras que no correspondían al Corredor Mediterráneo, aunque lleven ese nombre», ha apuntillado.

 

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El Gobierno ordena retirar el 12% del aceite de oliva del mercado para frenar la caída de los precios

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precio litro de aceite de oliva virgen extra
El Gobierno ha activado por primera vez el mecanismo de retirada de aceite de oliva del mercado para evitar un desplome de los precios en origen y proteger a los agricultores. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obligará a retirar un 12% de la producción durante la campaña 2026-2027. La decisión ha provocado el rechazo de la industria, que ya ha anunciado que recurrirá la orden.

La medida llega en un momento de aumento de la producción y de las existencias de aceite de oliva en España, una situación que amenaza con presionar todavía más los precios que reciben los productores. El sector agrario llevaba tiempo reclamando la activación de este mecanismo ante el deterioro de la rentabilidad del olivar y el incremento de los costes de producción.

¿Por qué el Gobierno retira aceite de oliva del mercado?

La principal razón es el incremento de la oferta disponible. Las primeras estimaciones apuntan a que España producirá alrededor de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027, un 23% más que en la anterior.

A esta cantidad se suman unas existencias finales de la campaña precedente de aproximadamente 357.000 toneladas, también un 23% superiores.

Este volumen de producto disponible ha generado preocupación entre los agricultores, que temen que el exceso de oferta provoque una nueva caída de los precios en origen.

De hecho, durante el último mes los precios han descendido un 6%, según los datos del sistema de información Poolred. Por su parte, el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en torno a los 3,2 euros por litro y el del aceite virgen en 2,8 euros.

Estas cifras contrastan con los aproximadamente cinco euros que se pagaban por el virgen extra hace un año.

¿Cuánto aceite de oliva se retirará y hasta cuándo?

La resolución del Ministerio de Agricultura establece que deberá retirarse del mercado un 12% del aceite de oliva, una medida que estará vigente hasta el final de la campaña 2026-2027.

El mecanismo busca limitar la cantidad de producto disponible para su comercialización y evitar que una oferta excesiva provoque un hundimiento de las cotizaciones.

La activación se produce después de que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios confirmara que se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Una medida basada en la normativa europea

La retirada de aceite de oliva tiene su origen en un mecanismo previsto en la legislación española desde 2021, basado a su vez en el artículo 167 bis de un reglamento europeo.

Esta normativa permite a los países productores de la Unión Europea adoptar medidas para regular la oferta cuando las previsiones de disponibilidad de un producto puedan provocar desequilibrios en el mercado.

El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó en el BOE la norma de comercialización que permite activar este mecanismo cuando las existencias iniciales y las estimaciones de producción alcanzan el 120% de la media registrada en las seis campañas anteriores.

Aunque la norma ya existía, nunca se había aplicado una retirada obligatoria de estas características. En la campaña 2025-2026 tampoco llegó a activarse porque no se cumplían las condiciones necesarias.

La industria rechaza la retirada de aceite de oliva

La decisión del Gobierno ha abierto un nuevo frente entre los productores y la industria del aceite de oliva.

Mientras los agricultores defienden la intervención como una herramienta para evitar el hundimiento de los precios en origen y garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la industria ha anunciado que recurrirá la orden.

También ha mostrado su oposición la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advierte de los riesgos que puede generar este mecanismo para la competencia y los consumidores.

Entre las posibles consecuencias señaladas figuran un encarecimiento del aceite de oliva y una reducción de la variedad de productos disponibles en el mercado.

La medida abre así un debate sobre el equilibrio entre la protección de los agricultores, la regulación de la oferta y el impacto que una retirada obligatoria de producto puede tener en los precios que pagan los consumidores.

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