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Expedientan a seis forenses valencianos por hacer certificados de cremación y embalsamamientos sin autorización

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(EUROPA PRESS)-La Dirección General de Justicia ha abierto expediente informativo –información previa– a seis médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV) por presuntamente emitir certificados de incineración a funerarias privadas y realizar embalsamamientos o conservaciones sin haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad de la Administración.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves la directora general de Justicia, Verónica López, y la directora general del IMLV, Elvira Garrido, en una rueda de prensa en la que han desgranado algunas deficiencias detectadas por los Servicios de Inspección de la Generalitat en relación con el funcionamiento del instituto.

Esta Inspección decidió abrir una investigación tras las quejas en noviembre de 2016 de dos trabajadores del IMLV, quienes advirtieron de que el sistema de guardias no era equitativo e hicieron alusión a una posible relación causal entre este sistema y la emisión de certificados de incineración –que es una actividad privada que los forenses pueden ejercer de manera legal bajo la debida autorización–.

Desde este departamento público se determinó, transcurrido un año, que el sistema de guardias no era discriminatorio y que no había relación causal entre este extremo y los certificados. Sin embargo, sí aprovechó para lanzar una serie de recomendaciones y poner de manifiesto deficiencias en el funcionamiento del IMLV.

En concreto, se ha detectado que cinco médicos forenses podrían haber estado desarrollando prácticas tanatológicas –conservaciones y embalsamamientos– privadas sin haber solicitado la compatibilidad a la conselleria; mientras que otro especialista también habría estado emitiendo certificados de incineración sin tenerlo autorizado por la Administración por no haberlo pedido. Los especialistas podrían enfrentarse a un expediente disciplinario.

En relación con las prácticas tanatológicas, López ha manifestado que la jurisprudencia concluye que los forenses sí pueden hacerlas. No obstante, ante las «dudas» de la Inspección, se ha remitido una nota interna a los especialistas para indicar que no podrán practicarlas sobre cadáveres en los que hayan intervenido como funcionarios públicos, «porque eso sí sería una actividad privada vedada a trabajadores públicos», ha advertido.

En cuanto a la emisión de certificados, Garrido ha explicado que es una práctica que se lleva haciendo de hace más de 20 años de una forma habitual y los realizan tanto los forenses como cualquier médico colegiado.

Al respecto, ha concretado que son los hornos crematorios los que piden a las funerarias un certificado que indique que el fallecido no contiene elementos termoactivos ni radioactivos que pudieran impedir la incineración. Según el informe de la inspección, un forense los emitía sin tener la compatibilidad.

LOS CERTIFICADOS Y EL TANATORIO

Sobre la normativa de estos certificados, la responsable del IMLV ha indicado que la normativa parece ser que habla solamente de una declaración de la familia, pero estima que es necesario que se aclare si estos certificados son obligatorios o no. López ha señalado en este sentido que la página web del Ayuntamiento así lo recogía y que, por este motivo, las funerarias lo solicitaban.

Por último, en el informe de la Inspección se alerta sobre las posibles suspicacias que pueden revelarse por el hecho de que el IMLV disponga –cedidas por el Ayuntamiento de València– de unas instalaciones en el Tanatorio Municipal donde se podían practicar pruebas forenses de manera puntual y que podían haber sido utilizadas por dos antiguos trabajadores del instituto para actividades privadas.

Estas dos personas ya no forman parte de la plantilla de la Generalitat, dado que uno se ha jubilado y el otro ha presentado la renuncia, por lo que la Conselleria de Justicia carece de mecanismos administrativos para actuar contra ellos.

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Detenido por un tiroteo junto al Palacio de Congresos de València: se ocultaba en una vivienda con un laboratorio de cocaína

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tiroteo junto Palacio Congresos València
Material intervenido por la Policía Nacional durante el registro de la vivienda donde se ocultaba el detenido. / CNP

La Policía Nacional arresta al presunto autor del disparo y a otros tres jóvenes por supuesto encubrimiento. En la vivienda donde se ocultaba localizaron un pequeño laboratorio de cocaína, otras drogas y 30.920 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha detenido en València a un joven de 22 años acusado de disparar a otro hombre durante el robo de una bandolera en las inmediaciones del Palacio de Congresos. La víctima sufrió una herida grave en el abdomen y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

El arresto se produjo el miércoles 11 de noviembre, después de una investigación del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. Al sospechoso se le atribuyen presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa, robo con violencia, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La operación también se ha saldado con la detención de otros tres jóvenes, de entre 21 y 25 años, por presuntamente encubrir al investigado en el domicilio donde se ocultaba.

Un disparo a muy corta distancia cerca del Palacio de Congresos

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre, alrededor de las 20.00 horas, en las inmediaciones de la rotonda del Palacio de Congresos de València. Según el relato policial, en ese momento había numerosos ciudadanos en la zona.

El presunto agresor habría arrebatado una bandolera a otro joven, lo que desencadenó un forcejeo. Durante el enfrentamiento, el sospechoso supuestamente sacó una pistola y disparó a la víctima a muy corta distancia.

El herido cayó al suelo con una lesión en el abdomen, mientras que el supuesto autor del disparo huyó a la carrera. La víctima fue ingresada en un centro hospitalario en estado grave y necesitó una operación.

Los investigadores identificaron el uso de una pistola de nueve milímetros

El Grupo de Homicidios asumió las pesquisas para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Tras la inspección ocular del lugar, los investigadores determinaron que el arma empleada era una pistola del calibre 9 milímetros.

Las averiguaciones permitieron identificar y localizar al sospechoso, pese a las medidas que adoptaba para evitar ser detectado por los agentes.

Detenido cuando intentaba marcharse en motocicleta

La detención se llevó a cabo durante un dispositivo de vigilancia en el distrito de Exposición de València. Los policías interceptaron al investigado cuando pretendía abandonar el lugar en una motocicleta.

Posteriormente, los agentes efectuaron un registro con autorización judicial en la vivienda donde se ocultaba. En el inmueble detuvieron a los otros tres moradores por un presunto delito de encubrimiento.

Uno de ellos tenía, además, una requisitoria judicial de detención en vigor por un delito contra la seguridad del tráfico, emitida por un juzgado de Valencia.

Un laboratorio de cocaína en la vivienda donde se ocultaba

Durante el registro, la Policía Nacional desmanteló un pequeño laboratorio de cocaína y localizó distintas sustancias estupefacientes, dinero y una pistola detonadora.

Según el balance policial, los agentes intervinieron:

  • Alrededor de un kilo de cocaína.
  • Unos 200 gramos de heroína.
  • 300 gramos de pastillas de éxtasis.
  • Cuatro kilos de marihuana.
  • Una pistola detonadora.
  • 30.920 euros en efectivo y dinero falso.

El hallazgo de la droga y del resto del material forma parte de las actuaciones desarrolladas durante la investigación del tiroteo.

La pistola intervenida era detonadora

Entre los objetos encontrados en el domicilio figura una pistola detonadora. La información policial facilitada no identifica esta arma como la utilizada en el disparo junto al Palacio de Congresos, que los investigadores atribuyen a una pistola del calibre 9 milímetros.

Cuatro arrestados en la operación policial

La Policía había previsto que el presunto autor del disparo pasara a disposición judicial durante la mañana del viernes 13 de noviembre, según el comunicado difundido ese día.

Respecto a los otros tres detenidos por supuesto encubrimiento, uno ya había pasado a disposición judicial. Los otros dos quedaron en libertad después de prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

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