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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos europeos en la línea del AVE tras el accidente de Urda

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La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una nueva investigación por un posible fraude de fondos comunitarios destinados a la renovación y mejora de la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el accidente ferroviario mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

La investigación se centra en el posible uso irregular de fondos europeos destinados a actuaciones de seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en esta infraestructura ferroviaria.

En el marco de las diligencias, la Fiscalía Europea ha acudido a la sede de Adif para llevar a cabo actuaciones relacionadas con esta investigación.

La investigación apunta a los fondos europeos destinados al AVE

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude que afectaría a fondos comunitarios utilizados para financiar trabajos de renovación y mejora de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En concreto, las actuaciones están relacionadas con inversiones destinadas a reforzar la seguridad ferroviaria, los sistemas de señalización y las comunicaciones.

La apertura de esta investigación supone un nuevo frente en torno a la infraestructura en la que tuvo lugar el grave accidente ferroviario del 28 de octubre en las proximidades de Urda, en la provincia de Toledo.

Nuevas diligencias en la sede de Adif

La Fiscalía Europea ha realizado actuaciones en las instalaciones de Adif dentro de las diligencias abiertas para esclarecer el posible fraude.

La investigación deberá determinar si se produjo alguna irregularidad en la gestión o utilización de los fondos europeos destinados a las obras y mejoras de la línea ferroviaria.

Por el momento, la apertura de esta investigación no supone que se haya acreditado la existencia de un fraude ni establece responsabilidades penales.

El accidente de Urda abre un nuevo frente de investigación

El accidente ferroviario del 28 de octubre ha situado bajo escrutinio la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y las actuaciones realizadas en esta infraestructura.

A las investigaciones dirigidas a esclarecer las causas del siniestro se suma ahora la actuación de la Fiscalía Europea, que examinará específicamente el posible fraude relacionado con los fondos comunitarios destinados a mejorar la infraestructura ferroviaria.

Se trata de una investigación diferenciada de la que busca determinar las causas técnicas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del mismo.

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El Gobierno ordena retirar el 12% del aceite de oliva del mercado para frenar la caída de los precios

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precio litro de aceite de oliva virgen extra
El Gobierno ha activado por primera vez el mecanismo de retirada de aceite de oliva del mercado para evitar un desplome de los precios en origen y proteger a los agricultores. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obligará a retirar un 12% de la producción durante la campaña 2026-2027. La decisión ha provocado el rechazo de la industria, que ya ha anunciado que recurrirá la orden.

La medida llega en un momento de aumento de la producción y de las existencias de aceite de oliva en España, una situación que amenaza con presionar todavía más los precios que reciben los productores. El sector agrario llevaba tiempo reclamando la activación de este mecanismo ante el deterioro de la rentabilidad del olivar y el incremento de los costes de producción.

¿Por qué el Gobierno retira aceite de oliva del mercado?

La principal razón es el incremento de la oferta disponible. Las primeras estimaciones apuntan a que España producirá alrededor de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027, un 23% más que en la anterior.

A esta cantidad se suman unas existencias finales de la campaña precedente de aproximadamente 357.000 toneladas, también un 23% superiores.

Este volumen de producto disponible ha generado preocupación entre los agricultores, que temen que el exceso de oferta provoque una nueva caída de los precios en origen.

De hecho, durante el último mes los precios han descendido un 6%, según los datos del sistema de información Poolred. Por su parte, el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en torno a los 3,2 euros por litro y el del aceite virgen en 2,8 euros.

Estas cifras contrastan con los aproximadamente cinco euros que se pagaban por el virgen extra hace un año.

¿Cuánto aceite de oliva se retirará y hasta cuándo?

La resolución del Ministerio de Agricultura establece que deberá retirarse del mercado un 12% del aceite de oliva, una medida que estará vigente hasta el final de la campaña 2026-2027.

El mecanismo busca limitar la cantidad de producto disponible para su comercialización y evitar que una oferta excesiva provoque un hundimiento de las cotizaciones.

La activación se produce después de que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios confirmara que se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Una medida basada en la normativa europea

La retirada de aceite de oliva tiene su origen en un mecanismo previsto en la legislación española desde 2021, basado a su vez en el artículo 167 bis de un reglamento europeo.

Esta normativa permite a los países productores de la Unión Europea adoptar medidas para regular la oferta cuando las previsiones de disponibilidad de un producto puedan provocar desequilibrios en el mercado.

El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó en el BOE la norma de comercialización que permite activar este mecanismo cuando las existencias iniciales y las estimaciones de producción alcanzan el 120% de la media registrada en las seis campañas anteriores.

Aunque la norma ya existía, nunca se había aplicado una retirada obligatoria de estas características. En la campaña 2025-2026 tampoco llegó a activarse porque no se cumplían las condiciones necesarias.

La industria rechaza la retirada de aceite de oliva

La decisión del Gobierno ha abierto un nuevo frente entre los productores y la industria del aceite de oliva.

Mientras los agricultores defienden la intervención como una herramienta para evitar el hundimiento de los precios en origen y garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la industria ha anunciado que recurrirá la orden.

También ha mostrado su oposición la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advierte de los riesgos que puede generar este mecanismo para la competencia y los consumidores.

Entre las posibles consecuencias señaladas figuran un encarecimiento del aceite de oliva y una reducción de la variedad de productos disponibles en el mercado.

La medida abre así un debate sobre el equilibrio entre la protección de los agricultores, la regulación de la oferta y el impacto que una retirada obligatoria de producto puede tener en los precios que pagan los consumidores.

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