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Valencia

Grau niega el cohecho y afirma que los relojes que devolvió fueron regalos de familiares

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Alfonso Grau sentencia

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) – El que fuera vicealcalde de València, el ‘popular’ Alfonso Grau, ha negado este lunes haber recibido ningún regalo de un conocido empresario y ha declarado, en el juicio que se sigue contra él por un presunto delito de blanqueo y cohecho, que los dos relojes de lujo que devolvió para cambiarlos por otros más caros le fueron regalados por familiares en las Navidades de 2010 y Reyes de 2011, aunque se ha negado a identificarlos para no someterlos al «linchamiento mediático y social» que él ha sufrido. «No voy a colgarles ese sambenito» ha señalado.

Grau se ha sentado este lunes en el banquillo acusado de blanqueo y cohecho por supuestamente aceptar dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento en 2010 y 2011, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

Así, ha comentado que sabía que Transvía tenía contratos con el Ayuntamiento porque él formaba parte de la Junta de Gobierno y todos los concursos pasaban por este órgano. No obstante, ha recalcado que él «no presionó» y que no podía condicionar «nada» porque «no tenía ni competencias ni la autoridad».

Grau, que también está investigado en el conocido como caso Imelsa, ha apuntado que cuando tomó posesión en el Ayuntamiento el 7 de julio de 1995 se les advirtió de la prohibición expresa de recibir regalos y ha insistido en que nunca aceptó ningún obsequio ni de Transvia «ni de nadie» más allá» de una botella de vino o de champagne o una corbata».

Por contra, ha asegurado que los dos relojes objeto del juicio fueron regalos de familiares que devolvió porque no le gustaban como, ha dicho, también devolvió el 80% de los relojes que le regalaban.

«Desde el caso Nóos vengo siendo víctima de una persecución mediática y social inmisericorde y las entidades bancarias me han echado por riesgo reputacional y yo no voy a hacer a nadie de mi familia que sea víctima a la misma persecución. Qué importa quién me los regaló, si no fue Catalán no hay cohecho», ha señalado para justificar su negativa a revelar a Fiscalía el nombre del familiar que le regaló los relojes.

Grau ha apuntado que nunca ha sido un cliente con cuenta ni de la joyería Rabat ni de ninguna otra aunque sí que iba a comprar cosas porque , ha comentado, «en aquella época me gustaban los relojes pero después de esta experiencia dejaron de gustarme», ha relatado.

No obstante, ha afirmado que no se ha acordaba de las marcas de todos los relojes que tenía en casa aunque sí de haber cambiado enero 2012 el original que le regalaron –un Piaget Pol de 11.575 euros, según mantiene Fiscalía– por un Vachever Patrimony que costó 16.825 euros. La diferencia de 5.250 euros la pagó en metálico.

En 2010, sucedió «exactamente lo mismo» y cree recordar que además porque el original que le regalaron estaba defectuoso. «Me dijeron que lo llevaban arreglar y dije que no», ha relatado. Cambió, según Fiscalía, un Brequet Cassique de 13.530 euros por un Lange de 25.680 euros.

Grau ha explicado que en estos dos casos acudió a la tienda sin el ticket pero con la caja y con la garantía sellada para hacer la devolución y que los cambió personalmente porque «no tenía nada que ocultar».

DINERO DE LAS CONSULTAS

Asimismo, ha explicado que pagó en efectivo la diferencia de los relojes con el dinero que entonces guardaba en su casa de las consultas médicas que pasaban tanto él como su mujer. «Si el importe era más elevado nos hacían un cheque y lo ingresábamos en el banco pero el dinero de las consultas nos lo llevábamos siempre a casa y lo teníamos en una caja de caudales», ha afirmado. Entonces declaraba unos 130.000 euros anuales.

Asimismo, ha explicado que tras recibir la primera carta de Hacienda se personó en la joyería para reclamar las facturas y en una conversación «poco agradable» le respondieron que no las tenían, que eso se llevaba desde Barcelona.

Además, ha aclarado que «con todo el dolor de su corazón» siguió el consejo de su asesor fiscal y procedió a una regulación fiscal complementaria por el dinero en efectivo de los dos relojes para «comprar paz» ya que al ser un cargo público podía acarrearle problemas. No obstante, ha apuntado que él ya había tributado por ese dinero.

Grau ha comentado que ya no tiene estos dos relojes porque los vendió a través de un mediador aun perdiendo dinero porque le «reportaban malos recuerdos y disgustos». «Algo que era objeto de placer se ha convertido en un objeto de displacer», ha apostillado.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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