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GÜRTEL| Camps niega financiación ilegal en el PPCV: «Me parece todo un sinsentido»
Publicado
hace 9 añosen
(EUROPA PRESS)-El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps ha insistido este miércoles en que durante los años en los que él estuvo liderando el partido en la Comunitat Valenciana no hubo financiación ilegal y ha puntualizado que «nunca» dio una orden para una actuación o acción irregular. «Me parece todo un sinsentido», ha apostillado.
Camps se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras concluir el pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC), del que es miembro, después de la declaración en la Audiencia Nacional del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV en el caso Gürtel.
El exjefe de Consell, imputado en el caso Valmor que investiga presuntas irregularidades en la F1, se ha mostrado sorprendido porque después de ocho años de instrucción de este procedimiento de Gürtel, no sabe si «por un pacto con la Fiscalía o entre los que están procesados», está saliendo ahora su nombre.
«Una frase resume lo que estoy sintiendo ahora: Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa», ha reiterado Camps, quien ha señalado que es «imposible» que «nadie» pueda decir nada de él «jamás» porque «nunca» dio una orden para una actitud irregular «en cualquier ámbito, ni de la Administración autonómica ni del PPCV», ha puntualizado.
Además, ha agregado, «cualquier persona que reciba una orden o una indicación que considere irregular tiene dos opciones: O no hacerla, o dimitir o ponerla en conocimiento de judicatura». «Esto no tiene ni pies ni cabeza, en absoluto (…). Tengo un enfado profundo y muy serio, muy sereno, y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud que se relacione con lo que hemos escuchado esta mañana», ha repetido.
En esta línea, ha defendido que «ningún empresario podrá decir que haya recibido una indicación o señal para hace ningún tipo de aportación al PPCV cuando yo era presidente ni nadie podrá decir jamás que yo dijera que se hicieran las cosas fuera de la legalidad. Yo tenía mis competencias, que no eran pocas, ser presidente de la Comunitat y del PPCV. Tenía mi trabajo y mi esfuerzo», ha subrayado.
Así, preguntado entonces por si niega financiación irregular en el PPCV, ha respondido: «La niego», y ha agregado: «Cuando en 2009 empezaron a aparecer estas cosas, pregunté a las personas que llevaban las campañas y me lo negaron rotundamente. Y me sacaron documentación presentada ante el tribunal y la Sindicatura de Cuentas», ha dicho. «Yo lo pregunté y se me contestó de manera contundente. La financiación de las campañas estaban siendo perfectamente fiscalizadas y nadie había puesto ningún reparo a las cuentas del PP», ha reiterado.
REUNIÓN CON COSTA
Camps, que ha negado haber cruzado una palabra con los presuntos cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, ha manifestado que hace aproximadamente un mes mantuvieron una reunión un grupo de exdiputados y exconsellers del PP a la que también acudió Costa y «en ningún momento contó nada de lo que está contando hoy», ha aseverado. «Estuvimos dándole nuestro apoyo y estuvimos tres o cuatro horas hablando del partido, de la Comunitat, de cada uno de nosotros… Y ninguno podía imaginarse las declaraciones que hoy se han realizado en Madrid», ha añadido.
«Es una sensación de incoherencia absoluta de comportamiento», ha dicho, para agregar que todo esto le parece un «sinsentido». «Hay cuestiones que no cuadran ni encajan ni tienen nada que ver con la realidad», ha apostillado.
Además, Camps ha asegurado que el pasado 9 de enero le envió un documento el propio Costa «exculpatorio suyo» de los hechos de los que se le acusa. «Por eso tengo perplejidad. Lo leí con mucha atención y dejaba claro que la limpieza de las cuentas del partido eran intachables», ha aseverado.
Preguntado por si al igual que ha hecho Costa, piensa pedir perdón por algo, ha contestado: «Tenía un juicio –en referencia al caso de los trajes, por el que resultó absuelto– y dimití. Los valencianos vieron de mí no solo una palabra, sino un hecho, la dimisión. Me fui a defenderme. Yo tenía la verdad y defendía la razón, que fue aceptada», ha aseverado.
Sobre este asunto de los trajes, al que Costa se ha referido en el juicio, Camps ha indicado que no sabe por qué el ex secretario general ha dicho que Orange Market se le pagó. «Yo dije que no el primer día, en la instrucción –del procedimiento– y el Tribunal Supremo ratificó la absolución», ha afirmado.
«MUY A GUSTO»
Preguntado por si dimitirá de su cargo en el CJC, Camps ha afirmado que no tiene por qué hacerlo. «En esta casa me siento muy a gusto. Otra cosa es que haya gente que quisiera que dimitiera de todo, hasta de la ciudadanía valenciana», ha lamentado.
Así mismo, interpelado por si seguirá siendo militante del PP, el exjefe del Consell ha afirmado: «Soy militante de Alianza Popular y del PP y con carnet o sin carnet, siempre militaré en el partido». «Milito por corazón y convicción. Aunque alguien me quitara el carnet, mi corazón siempre será del PP. Le votaré hasta que tenga uso de razón», ha manifestado.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 4 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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