(EUROPA PRESS)-La Diputación de Valencia ha instado este martes al expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps a «renunciar» a su cargo «como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC)» y a las disposiciones «reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes» autonómicos «por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad» de la citada institución.

Asimismo, la corporación provincial ha acordado apoyar las medidas para que los valencianos recuperen «el dinero desviado en casos de corrupción» y ha instado a las Corts Valencianes a «mejorar» la Ley de Expresidentes «para regular los mecanismos de retirada de esta condición a aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que pongan en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas».

Estos acuerdos se han adoptado en el pleno ordinario de enero celebrado en la Diputación, a partir de la moción presentada por Compromís después de la confesión del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en el juicio de Gürtel, en el que apuntó directamente a Camps como la persona que ordenó contratar con la empresa de la trama Orange Market y los pagos en negro.

La iniciativa la ha hecho suya todo el equipo de gobierno que conforman Compromís, PSPV, EU y València en Comú, y la ha respaldo con su voto a favor junto a Ciudadanos (Cs) y el grupo de No Adscritos. El PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, se ha abstenido. Mociones como esta se han debatido ya en ayuntamientos como el de València y en las Corts Valencianes.

Durante el debate de la propuesta, la diputada de Cs, Mamen Peris, ha considerado «bochornosas» las declaraciones de Costa en el juicio de Gürtel y ha lamentado que mientras hay «familias que no llegan a final de mes» se escuchara «cómo se financia un partido de manera irregular con dinero público». «No todo vale y no todos somos iguales en política. Un político no tiene que maximizar beneficios», ha dicho.

Peris ha agregado que la Comunitat Valenciana «no merece» ser conocida por asuntos como el que se aborda en el citado juicio y ha pedido trabajar por «sumar» y hacer cosas que «beneficien a toda la sociedad». En esta línea, ha apuntado «la necesidad de dignificar la política» y ha invitado al PP a «hacer los deberes y ponerse al lado de la moción».

El diputado de València en Comú, Berto Jaramillo, ha considerado «trascendental» que Costa haya «confesado la caja b» del PPCV y «la fórmula con la que acudía dopado a las elecciones», al tiempo que ha pedido que se devuelva el dinero de los valencianos y ha opinado que a Camps «no se le puede calificar ya de ‘molt honorable'». Ha agregado que por ello «no puede estar en el CJC» y ha abogado por «no afectar a la credibilidad de las instituciones».

Jaramillo, que ha reiterado que todos los políticos no son iguales, ha manifestado que la «corrupción es una preocupación para los valencianos y el resto de España» y ha pedido que este tipo de delitos «no prescriba rápidamente». Asimismo, ha dicho al PP que tiene la opción de «regenerarse y señalar entre los suyos a los corruptos» o de «autoprotegerse unos a otros y crear campañas de descrédito con los medios más afines» y le ha invitado a tomar el «primer camino».

La diputada de EU, Rosa Pérez, que ha expresado el respaldo de su partido a la derogación del Estatuto de los Expresidentes, ha estimado «increíble la actitud de la bancada del PP» y ha censurado que diga que «no hay respeto» en la Diputación.

El diputado socialista Bartolomé Nofuentes, que ha declarado también que «no todos los políticos somos corruptos», ha asegurado que hay «información y argumentos para defender» la moción respaldado por el equipo de gobierno y ha señalado que «la corrupción ha estado a punto de cargarse la honradez». Ha aseverado que «la mejor posición» que podría tomar el PP es situarse «a favor de la denuncia» para «recuperar la imagen de la clase política».

El portavoz de Compromís, Xavier Rius, ha expuesto que se pretende ir «al fondo de lo que es la ética en la gestión política» y ha defendido que Camps deje el CJC y las condiciones que le otorga el Estatuto de los Expresidentes.

«PRESIÓN DE DIGNIDAD»

«Hablamos de si tenemos que admitir que nos represente una persona a la que se ha puesto como x de toda una trama corrupta. Lo que hacemos es una presión de dignidad ciudadana para que este hombre si le queda vergüenza dimita», ha dicho, además instar al PP a sumarse a la «fase de regeneración».

El diputado del PP Enrique Ortí ha lamentado, en alusión a Costa, que se haya cogido «la declaración de un señor que por su estrategia de defensa dice eso» y «se le dé toda la credibilidad». Ha señalado que son los tribunales quienes «se están encargando» del juicio y que «el que la haga, la pague» sin «responsabilizar a miles de votantes, militantes y cargos orgánicos que no tienen responsabilidad».

Ortí ha acusado a quienes han respaldado la moción de hacerlo por «ira, venganza, resentimiento, rédito político» y para «hacer ruido» y «lío», algo que todos estos grupos han negado en favor. Ha agregado que «no hay sentencia ni procesamiento de Camps» y ha criticado que en un pleno como el de este lunes se haya «juzgado honorabilidad y dignidad».

«TRIBUNAL DE HONOR FRANQUISTA»

El representante del PP ha dicho que ha sido como el «típico tribunal de honor de época franquista» y ha advertido de que «no es una práctica que encaje demasiado en un estado democrático», además de pedir que se respete la presunción de inocencia.

«Nos dicen cómo nos tenemos que regenerar y lo que interpreta el pueblo. Nos dicen todo. Ustedes deberían hacérselo mirar. Quizá se han convertido en censores. Ustedes determinan quién es el buen ciudadano y quién es el malo», ha criticado Ortí.