Ignacio González ya ha pasado la primera noche en el calabozo en Tres Cantos, en Madrid. El registro del despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid se prolongó durante más de cinco horas, justo la mitad de lo que duró el de su vivienda. Los investigadores llevaban perros adiestrados en la búsqueda de billetes.
El juez le considera el cabecilla de una trama corrupta en la que, de momento, hay otros 11 detenidos. En el epicentro de la investigación de esta llamada Operación Lezo está en la sede de la empresa pública de aguas, Canal de Isabel II, de la que González fue presidente.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional trata de confirmar las sospechas de desvío de dinero público para beneficiar a personas relacionadas con el antiguo equipo de gobierno madrileño. Entre los arrestados está el hermano de González, directivo de la empresa pública, Mercasa, gestionada por la administración del estado. Su esposa, Lourdes Cavero, también está siendo investigada por blanqueo de capitales. Los agentes también han registrado la empresa que preside, Subastas Segre, durante varias horas.
A los acusados se les imputan hasta ocho delitos, entre ellos organización criminal, fraude o corrupción.
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