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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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