VALÈNCIA, 12 Feb.- El Partido Popular (PP) ha denunciado a la directora general de À Punt, Empar Marco, y al presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, por supuestos delitos de prevaricación a través de contrataciones irregulares que ascienden a 1,3 millones de euros.

El juzgado de instrucción número 1 de Paterna ha abierto diligencias como consecuencia de la querella firmada por Jorge Bellver, presidente del Grupo Parlamentario Popular. Los populares centran su acusación principalmente en tres cuestiones fundamentales:

En primer lugar, À Punt estaría adjudicando ciertos proyectos a través de procedimientos anólamos. La denuncia se hace eco de la susbcripción de un contrato firmado entre Mediterráneo Media Enterteinment y À Punt el 28 de junio de 2017 por más de 1,3 millones de euros.

El objeto del contrato era que la empresa administrada por Fausto Atienza, exconcejal del PSPV en el Ayuntamiento de Benifaió, se encargara de la producción de trece capítulos de una serie llamada ‘La Tramuntana’ para su posterior emisión en la televisión pública valenciana.

El Grupo Popular ha argumentado en la querella que la adjudicación de dicho proyecto no obtuvo el procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva como es habitual. Además, han remarcado la situación económica de Mediterráneo Media Enterteinment y su reducido personal. Un año antes de la firma del contrato, según han explicado los populares, la compañía había declarado un volumen de negocio de 4.500 euros. Con todo ello, la querella denuncia la imposibilidad técnica y económica de afrontar el proyecto encargado por À Punt.

Por su parte, la empresa de comunicación valenciana ha asegurado que en agosto de 2016 se realizó un proceso de selección previo a cargo del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación. No obstante, en la denuncia se menciona la tramitación de un pago a Mediterráneo Media Enterteinment con valor de más de 400.000 euros. El desembolso se habría realizado unos días después de la firma del contrato y sin la recepción de ninguno de los capítulos acordados.

Es por ello, que los populares defienden que los programas estaban realizados antes de la adjudicación del contrato; por lo que no se habría llevado a cabo el citado procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva.

En segundo lugar, Jorge Bellver y su Grupo Parlamentario han acusado a Empar Marco y Enrique Soriano de utilizar contratos menores de servicios valorados en casi 6.000 euros -más IVA- para contratar personal. La contratación afectaría a los primeros trabajadores en la reapertura de À Punt con la finalidad de elaborar informes o estudios.

En tercer lugar, la televisión valenciana habría concedido de forma reiterada contratos de personal directivo de la empresa «de una forma totalmente arbitraria», según se ha explicado en la querella.

Ante toda esta polémica, fuentes oficiales de À Punt han negado tener constancia de la denuncia del Partido Popular.