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La Policía libera a 12 mujeres prostituidas y violadas por cuatro grupos de proxenetas

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Agentes de la Policía Nacional han liberado a 12 mujeres de origen nigeriano que eran prostituidas y violadas por cuatro grupos de proxenetas en Bilbao y Benidorm (Alicante). Las víctimas, que habían viajado engañadas hasta España, debían saldar una deuda de 30.000 euros que aumentaba en 5.000 euros ante cualquier demora en los pagos que debían realizar cada semana, bajo la amenaza también de rituales de vudú.

Según ha informado este cuerpo policial en un comunicado, la organización estaba fuertemente establecida en Nigeria, Marruecos, Libia, Italia, Bélgica, Noruega y España. Las cuatro organizaciones compartían un único entramado para el traslado de las mujeres desde Nigeria hasta Europa y a una mujer dedicada exclusivamente al blanqueo del dinero obtenido ilícitamente. Han sido detenidas un total de 14 personas en Bilbao (9), Alicante (4) y en la localidad navarra de Tudela.

Las investigaciones se iniciaron en 2015 gracias a la cooperación policial internacional. La Policía Federal de Bruselas (Bélgica) identificó a una mujer que manifestó ser víctima de trata de seres humanos tras ser captada en Nigeria y prostituirse en Europa para saldar la deuda contraída con la organización.

La información llegó hasta los agentes especializados en España y, tras varias gestiones, constataron que la estructura criminal se componía de cuatro organizaciones diferentes dedicadas a la explotación sexual. Cada una de ellas tenía al frente a una mujer de nacionalidad nigeriana, si bien compartían un único entramado de traslados de las víctimas y la persona que se encargaba del blanqueo del dinero procedente de la actividad delictiva era la misma.

Las víctimas eran captadas en su país de origen, Nigeria, mediante el engaño de falsas ofertas de trabajo. Contraían una deuda de entre 30.000 y 35.000 euros por ser trasladadas a España y los criminales se aseguraban el pago de dicha deuda mediante el uso de rituales de vudú, como por ejemplo beber la mezcla de sangre de su «mami» mezclada con pelo de la víctima. De esta forma, las mujeres firmaban un contrato de fidelidad con la organización y en caso de incumplimiento serían víctimas de todo tipo de males, tanto ellas mismas como sus familiares.

DOS RUTAS MIGRATORIAS
En un primer momento la organización criminal utilizaba la ruta migratoria vía Marruecos. Para ello se valían de un miembro de la organización asentado en Casablanca que se desplazaba personalmente hasta Nigeria para trasladar a las mujeres captadas hasta Marruecos. Allí esperaban el momento oportuno para cruzar la frontera hacia España a través de pateras u ocultas en vehículos.

Posteriormente, la organización comenzó a utilizar una nueva ruta por Libia con llegada a Italia por vía marítima. Tras partir de Nigeria, las mujeres eran trasladadas a través del desierto durante semanas hasta establecerse en campamentos fijos en las proximidades de Trípoli. Posteriormente alcanzaban las costas italianas en lanchas que carecían de los más mínimos sistemas de navegabilidad y seguridad.

TRATO INHUMANO Y DEGRADANTE
Durante su traslado hasta Italia las mujeres eran violadas y maltratadas. Una de las víctimas indicó a los agentes que los criminales llegaron a disparar a una de las chicas por oponer resistencia a las agresiones sexuales.

Una vez llegaban a España eran obligadas a ejercer la prostitución todos los días. Semanalmente debían entregar el dinero obtenido y, en el caso de demorarse en el pago, la deuda se incrementaba en otros 5.000 euros.

BLANQUEO DE CAPITALES
La organización criminal contaba con una mujer de origen nigeriano que se encargaba de la infraestructura necesaria para el blanqueo de capitales del dinero procedente de la explotación sexual.

Para ello utilizaba su domicilio, una peluquería frecuentada por ciudadanos de origen nigeriano y una tienda de productos africanos donde recibía el dinero procedente del crimen organizado.

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Juan Carlos I renuncia a recuperar los 65 millones de euros que entregó a Corinna Larsen

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Corinna Larsen
El rey emérito Juan Carlos I junto a Corinna Larsen, a quien entregó 65 millones de euros en 2012 que finalmente no reclamará judicialmente.-CAPTURA DE PANTALLA

El rey emérito descarta finalmente emprender acciones judiciales contra su expareja y el abogado suizo Dante Canónica, a quienes pretendía reclamar más de 73 millones de euros por una operación económica vinculada a fondos procedentes de Arabia Saudí.

Juan Carlos I ha decidido no continuar con su intención de recuperar los 65 millones de euros que transfirió a Corinna Larsen en 2012, una cantidad que procedía de los fondos que el entonces monarca había recibido años antes de Arabia Saudí. El rey emérito renuncia así a presentar la demanda que había anunciado en abril de 2025 contra su antigua pareja sentimental y contra el abogado suizo Dante Canónica.

La decisión supone un nuevo giro en uno de los episodios económicos más controvertidos de la vida del padre de Felipe VI. Según ha publicado El País, citando fuentes próximas al entorno del exjefe del Estado, la reclamación judicial finalmente no se ha formalizado, pese a que inicialmente se había planteado exigir 70 millones de euros a Corinna Larsen y otros 3,5 millones al letrado suizo.

Con este cambio de postura, Juan Carlos I evita abrir otro procedimiento judicial relacionado con sus finanzas personales y con la fortuna que acabó en manos de quien fue su compañera sentimental durante años.

Juan Carlos I renuncia a demandar a Corinna Larsen por los 65 millones de euros

La intención del rey emérito de acudir a los tribunales se conoció en abril de 2025, cuando trascendió que estudiaba emprender acciones legales contra Corinna Larsen y Dante Canónica.

La reclamación no se limitaba a solicitar la devolución del dinero. También contemplaba posibles acciones por presunto fraude y vulneración del derecho al honor, en relación con las circunstancias de la transferencia y las declaraciones públicas realizadas por la empresaria.

Juan Carlos I consideraba que había sido engañado y pretendía obtener una compensación económica que superaba el importe originalmente entregado.

Sin embargo, más de un año después de anunciar sus intenciones, el antiguo monarca ha optado por no presentar la demanda.

Esta decisión evita reactivar un enfrentamiento judicial que podría haber vuelto a situar bajo el foco público las operaciones financieras del emérito y su relación con Corinna Larsen.

¿De dónde procedían los 65 millones de euros que Juan Carlos I entregó a Corinna?

El origen de esta fortuna se remonta a 2008, cuando Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, durante el reinado de Abdalá bin Abdulaziz.

Los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria vinculada a la fundación panameña Lucum, una estructura financiera relacionada con el patrimonio del entonces jefe del Estado español.

La operación adquirió especial relevancia pública años después, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre las cuentas del rey emérito en el extranjero.

En 2012, el banco suizo Mirabaud & Cie exigió el cierre de la cuenta asociada a la fundación Lucum. Fue entonces cuando Juan Carlos I transfirió aproximadamente 65 millones de euros a Corinna Larsen.

La empresaria trasladó posteriormente ese patrimonio a una cuenta perteneciente a una de sus sociedades en Bahamas.

Una donación que se realizó después del escándalo de Botsuana

La transferencia tuvo lugar en 2012, el mismo año en el que salió a la luz el polémico viaje de Juan Carlos I a Botsuana para participar en una cacería de elefantes.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la imagen pública del entonces monarca, especialmente después de que sufriera un accidente durante su estancia en el país africano.

Corinna Larsen formaba parte de aquel viaje, cuya repercusión mediática puso bajo escrutinio la vida privada del rey y su relación con la empresaria.

Meses después de aquel escándalo, Juan Carlos I formalizó la entrega de los 65 millones de euros que ahora ha decidido no reclamar judicialmente.

La clave de la fortuna de Corinna Larsen: una donación irrevocable

Uno de los aspectos fundamentales de este caso es la naturaleza jurídica de la transferencia realizada por Juan Carlos I.

Según la documentación de la operación, la entrega de los 65 millones de euros se formalizó como una donación irrevocable, una condición que resulta especialmente relevante a la hora de valorar cualquier posible reclamación posterior.

El documento establecía que Corinna Larsen no estaba obligada a devolver el dinero, ni siquiera en caso de fallecimiento del rey emérito.

Esta cláusula dificultaba una eventual reclamación basada únicamente en la voluntad de recuperar los fondos.

Aunque Juan Carlos I estudió la posibilidad de impugnar la operación, finalmente ha decidido no iniciar ese procedimiento.

La decisión no supone una nueva resolución judicial sobre la titularidad del dinero, sino que implica que el emérito no ha formalizado las acciones legales que había anunciado.

¿Quién es Dante Canónica y qué relación tiene con el dinero de Juan Carlos I?

El abogado suizo Dante Canónica también figuraba entre las personas contra las que Juan Carlos I pretendía emprender acciones judiciales.

Su nombre está vinculado a la estructura de la fundación Lucum, a través de la cual se canalizaron los fondos recibidos de Arabia Saudí.

La reclamación que se planteaba contra él ascendía a 3,5 millones de euros, mientras que la dirigida contra Corinna Larsen alcanzaba los 70 millones.

El rey emérito pretendía cuestionar las circunstancias de las operaciones económicas y exigir responsabilidades por los perjuicios que consideraba haber sufrido.

No obstante, la decisión de no presentar la demanda afecta a ambos y deja sin materializar aquella iniciativa judicial.

La relación entre Juan Carlos I y Corinna Larsen, marcada por las polémicas

La relación personal entre Juan Carlos I y Corinna Larsen ha protagonizado numerosos titulares durante las últimas décadas.

La empresaria alemana, conocida también como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mantuvo una estrecha vinculación con el entonces monarca y su nombre apareció posteriormente asociado a diferentes controversias relacionadas con las finanzas del rey emérito.

El viaje a Botsuana de 2012 contribuyó a que aquella relación adquiriera una gran dimensión mediática.

Con el paso de los años, las diferencias entre ambos trascendieron el ámbito privado y llegaron a los tribunales.

Las declaraciones públicas de Larsen sobre su relación con Juan Carlos I y las operaciones económicas relacionadas con el antiguo jefe del Estado también contribuyeron a mantener el caso en la actualidad informativa.

La intención anunciada en 2025 de reclamar judicialmente los millones transferidos parecía abrir un nuevo capítulo en ese enfrentamiento.

Sin embargo, la renuncia a presentar la demanda supone, por ahora, que no se iniciará ese nuevo procedimiento por parte del emérito.

Juan Carlos I evita una nueva batalla judicial por su fortuna

La decisión de Juan Carlos I llega después de varios años en los que sus actividades financieras han sido objeto de investigaciones y procedimientos judiciales tanto en España como en el extranjero.

Desde 2018, diferentes asuntos relacionados con el patrimonio y las operaciones económicas del rey emérito han generado una importante controversia pública.

Los procedimientos a los que se refiere la información publicada han terminado archivados, aunque la repercusión de estas investigaciones ha continuado afectando a su imagen.

En este contexto, la posibilidad de presentar una nueva demanda contra Corinna Larsen y Dante Canónica suponía volver a abrir un frente judicial de gran repercusión mediática.

La renuncia a reclamar los 65 millones de euros evita, al menos por esta vía, que las circunstancias de aquella donación vuelvan a examinarse en un nuevo procedimiento promovido por Juan Carlos I.

¿Qué ocurrirá ahora con los 65 millones de euros de Corinna Larsen?

La consecuencia inmediata de esta decisión es que Juan Carlos I no ha presentado la reclamación judicial que había anunciado para intentar recuperar el dinero.

La transferencia realizada en 2012 se formalizó mediante un documento que establecía expresamente su carácter irrevocable.

Por tanto, y de acuerdo con la información conocida, no existe una nueva resolución judicial que obligue a Corinna Larsen a devolver aquella cantidad.

El emérito tampoco ha formalizado la reclamación económica prevista contra Dante Canónica.

De este modo, Juan Carlos I deja atrás, por ahora, la posibilidad de recuperar mediante la demanda anunciada los 65 millones de euros entregados a su expareja, una fortuna cuyo origen y posterior transferencia han marcado algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria tras abandonar la jefatura del Estado.

 

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