VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo todo el expediente de concesión administrativa de las ITV de 1997 –año en el que fueron privatizadas con el gobierno de Eduardo Zaplana– y el expediente de contratación sobre el desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en concreto, una resolución de 2003, según ha podido saber Europa Press. Ambas se adjudicaron a UTE con participación de la empresa Sedesa, de Vicente Cotino.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para solicitar documentación –el expediente de contratación– de la Zona VI del Plan Eólico, adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos y en el que la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25 por ciento.

Según ha podido saber Europa Press, los agentes se han desplazado a las dependencias de la Conselleria de Economía, donde están revisando archivadores y papeles.

Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts y exvicepresidente del Consell, Juan Cotino, ha sido detenido este martes en el marco de una operación en la que hasta las 10.00 horas habían sido arrestadas seis personas, entre ellas, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. A Eduardo Zaplana se le investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques eólicos del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón. La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros.

En la sociedad participaban Endesa a través de su filial ECyR, (Endesa Cogeneración y Renovables), propietaria del 55% de las acciones; Bancaja, con el 20%, y el Grupo Sedesa, con un 25%. En este caso, los agentes han pedido documentación sobre esta mercantil.

AUDITORÍA DE GESTIÓN PEDIDA EN 2016

En cuanto a las ITV, es un servicio que en la Comunitat Valenciana se privatizó en 1997. En enero de 2016, el pleno de las Corts aprobó una proposición no de ley en la que se pedía que la Sindicatura de Comptes realizara una auditoría de la gestión de la ITV y una comparativa con la prestación del servicio y los modelos del resto de comunidades.

En el debate de la proposición, presentada por Compromís, el síndic de la coalición, Fran Ferri, recordó que en 1997, el Consell presidido por Eduardo Zaplana, sacó los pliegos de la concesión, uno de los cuales fue adjudicado a una UTE en la que participaba Sedesa. Otro lote, según explicó entonces, fue a parar a manos de personas relacionadas con el exconseller de Territorio, Rafael Blasco, actualmente en prisión por una de las piezas del caso Cooperación.

ACUERDO CON FISCALÍA EN GÜRTEL

Se da la circunstancia de que Vicente Cotino alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el caso de la presunta financiación irregular del PPCV presidido por Francisco Camps en la vista celebrada recientemente en la Audiencia Nacional por esta pieza del caso Gürtel.

Fue uno de los nueve empresarios que alcanzaron el acuerdo y reconocieron esa financiación irregular al PPCV. Fiscalía le pedía un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental, sustituido por una multa de 45.000 euros.