El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el real decreto que desarrolla la ley ELA, reconociendo a las personas en fase avanzada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas irreversibles el derecho a una prestación económica de hasta 10.000 euros al mes. La votación contó con 346 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa busca ofrecer un marco de protección y atención personalizada para los pacientes más vulnerables, garantizando cobertura continua las 24 horas.

Nuevo grado de dependencia extrema: Grado III+

El decreto establece un nuevo nivel dentro del sistema de dependencia, denominado Grado III+, dirigido a personas con enfermedades neurológicas de alta complejidad que requieren cuidados intensivos y asistencia constante.

Características principales:

• Atención personalizada y continuada 24/7.

• Prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales en casos avanzados.

• Refuerzo financiero de 500 millones de euros para sostener la atención intensiva y especializada.

• Coordinación con las comunidades autónomas para garantizar la aplicación homogénea sin invadir competencias territoriales.

Consenso parlamentario y críticas sobre los plazos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó el consenso parlamentario logrado, pero reconoció que la implementación llega tras un año de retraso desde la aprobación de la ley, periodo durante el cual las familias afectadas han seguido reclamando la puesta en marcha efectiva de las ayudas.

Bustinduy subrayó que la política social debe centrarse en consensos y acuerdos para avanzar en la protección de los servicios públicos.

Aplicación práctica del decreto

El siguiente paso consiste en traducir el nuevo Grado III+ de dependencia extrema en resoluciones concretas y prestaciones efectivas para las personas afectadas, especialmente aquellas en fases avanzadas de ELA u otras patologías neurológicas irreversibles.

El decreto, tras su convalidación en el Congreso, queda incorporado al ordenamiento jurídico, pendiente de su implementación territorial por parte de las comunidades autónomas.

Impacto esperado

Con esta medida, España da un paso histórico en la protección social de personas con enfermedades graves y progresivas, asegurando tanto recursos económicos significativos como atención intensiva personalizada, reforzando así el sistema de dependencia para los casos más críticos.

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