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Dos detenidos por la muerte de un trabajador en el colegio de Massanassa afectado por la dana

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Imagen de archivo del día en que falleció un operario en el derrumbe del tejado del colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia). EFE/Ana Escobar

València, 10 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 46 y 59 años, ambos de nacionalidad española, por un presunto delito de homicidio imprudente grave tras el fallecimiento de un trabajador de la empresa pública Tragsa en el colegio Lluís Vives de Massanassa, localidad valenciana gravemente afectada por la dana del 29 de octubre. Según han informado fuentes policiales, las detenciones se llevaron a cabo este miércoles a las nueve de la mañana por agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana.

Los hechos: un derrumbe mortal

El trágico accidente ocurrió el domingo 24 de noviembre, cuando parte del tejado del colegio Lluís Vives se derrumbó, causando la muerte de un operario de 51 años y dejando herido a otro trabajador de 35 años, que sufrió heridas leves en la pierna y escoriaciones en la cabeza. El trabajador fallecido formaba parte del equipo que estaba realizando labores de limpieza y reparación en el centro tras los daños causados por las inundaciones.

Quiénes son los detenidos

Los detenidos son el conductor de la excavadora implicada en el derrumbe y el encargado de la obra durante el día del siniestro. Ambos quedaron en libertad tras prestar declaración en comisaría, mientras el caso ha sido trasladado a un juzgado de Catarroja, que se encargará de continuar con las diligencias.

Denuncia de negligencia por parte de Intersindical Valenciana

Tras el accidente, el sindicato Intersindical Valenciana presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, señalando a la Conselleria de Educación por la presunta negligencia en la gestión de las labores de limpieza en el colegio afectado. Según el sindicato, la tragedia fue consecuencia de la falta de medidas preventivas y de seguridad en un entorno que ya había sido clasificado como peligroso.

El sindicato recordó que el 9 de noviembre, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, emitió un decreto municipal prohibiendo el acceso al recinto del colegio, basándose en informes técnicos que alertaban del riesgo de derrumbe. A pesar de este aviso, los operarios fueron enviados a realizar tareas en el lugar sin contar con las condiciones estructurales adecuadas.

Medidas de seguridad insuficientes

Intersindical Valenciana también destacó que los informes técnicos del servicio de infraestructuras clasificaron el edificio en nivel rojo, indicando peligro inminente de colapso. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, no se establecieron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que debían intervenir en el colegio.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del derrumbe y las posibles responsabilidades penales de los implicados. Mientras tanto, los familiares del trabajador fallecido esperan justicia por un accidente que, según denuncian, se pudo evitar si se hubieran tomado las medidas de seguridad pertinentes.

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El asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México da un giro nueve años después

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Jorge Fernández, condenado en 2019 a 47 años de prisión por el feminicidio, ha sido absuelto tras detectarse dos irregularidades en la sentencia. La familia de la valenciana denuncia que nadie le comunicó oficialmente su excarcelación.

El caso del asesinato de la valenciana María del Pilar Garrido Santamans, ocurrido en México en julio de 2017, ha dado un giro judicial casi nueve años después. Jorge Fernández, su marido y único condenado por el crimen, ha quedado en libertad después de que la Justicia mexicana revocara la condena de 47 años de prisión que pesaba sobre él y dictara una sentencia absolutoria.

La Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas acordó la absolución el pasado 28 de octubre, después de revisar el caso por orden de un tribunal federal. Fernández permanecía encarcelado en Ciudad Victoria desde hacía años y había sido condenado por el feminicidio de su esposa.

La decisión deja el asesinato de Pilar Garrido sin ningún responsable penalmente condenado. Sin embargo, la absolución no significa que se haya demostrado la inocencia del marido, sino que el tribunal considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten mantener la condena en los términos en que fue dictada.

Dos errores en la sentencia que condenó al marido de Pilar Garrido

El origen de la excarcelación está en el amparo directo 497/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito. Este órgano federal detectó dos irregularidades en la fundamentación de la condena y ordenó a la Sala penal de Tamaulipas volver a examinar las pruebas.

El tribunal federal no declaró inocente a Jorge Fernández ni resolvió que no hubiera cometido el crimen. Su intervención se centró en los defectos procesales de la sentencia y en la forma en que se habían valorado los elementos utilizados para condenarlo.

El primero de los errores estaba relacionado con la carga de la prueba. La sentencia había considerado que el marido no había conseguido demostrar su versión de los hechos, según la cual unos desconocidos habían interceptado el vehículo familiar y secuestrado a Pilar. A partir de esa falta de acreditación se había reforzado la hipótesis de su responsabilidad.

El tribunal federal consideró que ese razonamiento era incorrecto: que la versión del acusado no resulte creíble no demuestra automáticamente que la hipótesis de la Fiscalía sea cierta. La responsabilidad penal debía acreditarla la acusación, sin obligar al procesado a demostrar su inocencia.

La segunda irregularidad afectaba a las primeras declaraciones de Fernández. Cuando denunció la desaparición de su mujer, las autoridades todavía lo trataban como denunciante y supuesto perjudicado por el secuestro. Sin embargo, esas manifestaciones fueron utilizadas posteriormente como indicios en su contra.

El tribunal entendió que no podían incorporarse de esa manera para fundamentar la condena, especialmente después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar durante el juicio oral.

Tras recibir la orden de revisar el caso, la Sala estatal volvió a valorar las pruebas y dictó la absolución el 28 de octubre. La resolución todavía puede ser recurrida.

La familia de Pilar se entera de la libertad por una llamada

La excarcelación ha provocado una nueva conmoción en el entorno de la valenciana. Según la información publicada por medios mexicanos y españoles, la familia de Pilar no habría recibido una comunicación oficial sobre la salida de prisión de Jorge Fernández.

Fue el propio hombre quien telefoneó a Raquel Garrido, hermana de la víctima y tutora del hijo de ambos, para comunicarle que había recuperado la libertad.

El niño tenía apenas un año cuando desapareció su madre y ahora tiene diez. La familia vuelve a enfrentarse a la incertidumbre sobre un crimen que marcó su vida y que, tras la resolución judicial, se queda sin una condena firme contra el único acusado.

El asesinato de Pilar Garrido en México en 2017

María del Pilar Garrido Santamans tenía 34 años y un hijo pequeño cuando fue asesinada en julio de 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. La valenciana había pasado unos días con su marido y el niño en la zona turística de La Pesca, en el municipio de Soto de la Marina.

Durante el regreso a su domicilio de Ciudad Victoria, Fernández aseguró que un vehículo les cortó el paso y que varios hombres armados se llevaron a su esposa. Según su relato, los asaltantes le obligaron a bajar del coche y secuestraron a Pilar.

La investigación policial descartó posteriormente la versión del secuestro y dirigió las sospechas hacia el marido. La Fiscalía sostuvo que la mujer había sido asesinada y que murió estrangulada.

En 2019, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio. La sentencia se convirtió durante años en la principal respuesta judicial al asesinato de la valenciana.

Ahora, la revisión de las pruebas y los errores detectados en la fundamentación de la condena han cambiado el rumbo del procedimiento. La absolución deja sin efecto la pena de prisión y abre una nueva etapa para la familia de Pilar, que vuelve a reclamar justicia casi nueve años después de su muerte.

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