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Oltra insta a esperar a las explicaciones de Montón y dice que la URJC «necesita una auditoría importante»

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VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha instado a esperar a las explicaciones de la ministra de Sanidad –y exconsellera del gobierno autonómico–, Carmen Montón, sobre las presuntas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ha añadido de las informaciones publicadas se desprende que en institución académica ha habido «un desorden muy grande» y ha considerado que «necesita una auditoría importante».

«No voy a opinar –ha proseguido– de un caso del que solo he oído la noticia; de la propia noticia ya se desprende que no es comparable a otros casos pero me gustaría oír la versión de la ministra porque estoy segura de que ella explicará lo que tenga que explicar».

Así lo ha aseverado Oltra en un acto de inicio de curso en Paiporta (Valencia) a preguntas de los medios sobre la información del ediario.es sobre supuestas irregularidades en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que Carmen Montón realizó en el curso 2010/2011 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de URJC de Madrid, clausurado tras el ‘caso Cristina Cifuentes’.

Al respecto, Oltra ha pedido escuchar qué dice Montón y ha agregado que «obviamente de las noticias publicadas se desprende que en una universidad pública de Madrid, la URJC, ha habido un desorden muy grande, que ha hecho que algo que a mucha gente le cuesta mucho, que es sacarse un postgrado parece que no es igual para todo el mundo». «Todos somos iguales pero unos más iguales que otros, que es lo que se suele decir cuando hay desigualdad», ha apostillado.

Por lo tanto, la vicepresidenta valenciana ha dicho que la primera evaluación que puede hacer es que «esa universidad necesita una auditoría importante» de la que parece que la justicia ya se encarga.

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El Gobierno ordena retirar el 12% del aceite de oliva del mercado para frenar la caída de los precios

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precio litro de aceite de oliva virgen extra
El Gobierno ha activado por primera vez el mecanismo de retirada de aceite de oliva del mercado para evitar un desplome de los precios en origen y proteger a los agricultores. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obligará a retirar un 12% de la producción durante la campaña 2026-2027. La decisión ha provocado el rechazo de la industria, que ya ha anunciado que recurrirá la orden.

La medida llega en un momento de aumento de la producción y de las existencias de aceite de oliva en España, una situación que amenaza con presionar todavía más los precios que reciben los productores. El sector agrario llevaba tiempo reclamando la activación de este mecanismo ante el deterioro de la rentabilidad del olivar y el incremento de los costes de producción.

¿Por qué el Gobierno retira aceite de oliva del mercado?

La principal razón es el incremento de la oferta disponible. Las primeras estimaciones apuntan a que España producirá alrededor de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027, un 23% más que en la anterior.

A esta cantidad se suman unas existencias finales de la campaña precedente de aproximadamente 357.000 toneladas, también un 23% superiores.

Este volumen de producto disponible ha generado preocupación entre los agricultores, que temen que el exceso de oferta provoque una nueva caída de los precios en origen.

De hecho, durante el último mes los precios han descendido un 6%, según los datos del sistema de información Poolred. Por su parte, el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en torno a los 3,2 euros por litro y el del aceite virgen en 2,8 euros.

Estas cifras contrastan con los aproximadamente cinco euros que se pagaban por el virgen extra hace un año.

¿Cuánto aceite de oliva se retirará y hasta cuándo?

La resolución del Ministerio de Agricultura establece que deberá retirarse del mercado un 12% del aceite de oliva, una medida que estará vigente hasta el final de la campaña 2026-2027.

El mecanismo busca limitar la cantidad de producto disponible para su comercialización y evitar que una oferta excesiva provoque un hundimiento de las cotizaciones.

La activación se produce después de que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios confirmara que se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Una medida basada en la normativa europea

La retirada de aceite de oliva tiene su origen en un mecanismo previsto en la legislación española desde 2021, basado a su vez en el artículo 167 bis de un reglamento europeo.

Esta normativa permite a los países productores de la Unión Europea adoptar medidas para regular la oferta cuando las previsiones de disponibilidad de un producto puedan provocar desequilibrios en el mercado.

El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó en el BOE la norma de comercialización que permite activar este mecanismo cuando las existencias iniciales y las estimaciones de producción alcanzan el 120% de la media registrada en las seis campañas anteriores.

Aunque la norma ya existía, nunca se había aplicado una retirada obligatoria de estas características. En la campaña 2025-2026 tampoco llegó a activarse porque no se cumplían las condiciones necesarias.

La industria rechaza la retirada de aceite de oliva

La decisión del Gobierno ha abierto un nuevo frente entre los productores y la industria del aceite de oliva.

Mientras los agricultores defienden la intervención como una herramienta para evitar el hundimiento de los precios en origen y garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la industria ha anunciado que recurrirá la orden.

También ha mostrado su oposición la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advierte de los riesgos que puede generar este mecanismo para la competencia y los consumidores.

Entre las posibles consecuencias señaladas figuran un encarecimiento del aceite de oliva y una reducción de la variedad de productos disponibles en el mercado.

La medida abre así un debate sobre el equilibrio entre la protección de los agricultores, la regulación de la oferta y el impacto que una retirada obligatoria de producto puede tener en los precios que pagan los consumidores.

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