València, 6 feb (OFFICIAL PRESS/EFE).- El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, ha criticado las operaciones urbanísticas en las que acaban predominando «intereses de una minoría y de empresarios raritos y oscuros como el señor Boluda», que «están demasiado acostumbrados a que sus éxitos dependan de las subvenciones públicas» y de «seguir succionando los recursos públicos».
Illueca ha hecho estas manifestaciones a los periodistas tras reunirse este lunes con representantes de la Comisión Ciutat-Port de València para tratar asuntos relacionados con el modelo de ciudad, entre ellos la ampliación norte del puerto de Valencia, con quienes ha asegurado coincidir en su voluntad de «avanzar hacia un modelo más sostenible».
El vicepresidente segundo ha cuestionado asimismo que detrás de estas grandes obras en la Comunitat «lo que hay es destrucción del territorio y corrupción, y no podemos permitir que eso vuelva».
«Lo hemos vivido en el pasado y no podemos permitir que ese pasado nos atrape otra vez», ha advertido.
Illueca ha reivindicado que la Generalitat «tiene que escuchar las demandas ciudadanas que están empujando para frenar una operación que puede degradar nuestro territorio y poner en cuestión ecosistemas fundamentales y queridos como es el caso de la Albufera» y que «no es deseable para nadie».
El vicepresidente ha trasladado asimismo su «satisfacción» por el encuentro que ha mantenido hoy con la Comisión Ciutat-Port de València y las «coincidencias» con las demandas de esta organización que «tienen que ver con la voluntad de avanzar hacia un modelo más sostenible», también en relación con la ampliación norte del puerto.
UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
Por su parte, David Adrià, miembro de la Comisión Ciutat-Port de València, ha valorado positivamente que el conseller haya querido reunirse con la plataforma ciudadana y social, en la que tendría que ser una actuación «rutinaria» y ha defendido que «querer paralizar la ampliación es querer una València más limpia, saludable y sostenible».
Adrià ha insistido en que «revertir esta ampliación es saldar la deuda histórica que el Puerto tiene con La Punta, Nazaret y el Parque Natural de la Albufera».
La organización cívica tilda además este proyecto de «extemporáneo», que además «ignora las numerosas declaraciones de emergencia climática que se han hecho a lo largo de los últimos años».
Advierte también que «devalúa la imagen de la ciudad de València como espacio puntero en cuestiones de sostenibilidad en toda Europa» y «perjudica gravemente» su entorno natural, «en clara contradicción con la capitalidad verde».
La Comisión Ciutat-Port acusa a la Autoridad Portuaria de València de haber actuado como un organismo «opaco, en la línea del resto de los gestores de espacios portuarios en el Estado, amparada por su anacrónico y antidemocrático estatus jurídico, que comporta la indefensión de la ciudad frente a un inmenso espacio industrial, situado en sus mismas puertas y que tiene potestad para contaminar sin consultar ni rendir cuentas a esa ciudadanía”.
Aadvierte también de que esta operación «supone la transferencia de una cantidad multimillonaria de dinero público, cerca de 600 millones, a petición de usos privados, que tendrían que ir, para empezar, a paliar , corregir y revertir los impactos que lleva décadas infringiendo en el territorio valenciano».
«Supone ocupar e hipotecar las instalaciones públicas del Puerto para muchos años, contribuyendo así a la privatización prácticamente total de los terrenos portuarios», añade.
Concluye que esta decisión «no puede quedar en manos de empresas privadas y gestores públicos que persiguen su beneficio personal en detrimento del interés general de todos y todas».
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