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69 detenidos por regularizar de forma fraudulenta a más de mil inmigrantes chinos

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muere niña olvidada coche Castellón

La Policía Nacional, con la colaboración de Europol, ha detenido a 69 personas (dos de ellas en Valencia y una en Alicante) tras desmantelar dos organizaciones criminales que regularizaron a más de mil inmigrantes chinos con contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, que les proporcionaron cinco millones de euros de beneficios.

El entramado criminal, integrado por dos organizaciones asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, disponía de ramificaciones en otras ciudades de España.

Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Luego una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.

Ambas organizaciones contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación con el fin de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, que cobraban a entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.

Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo y les aportaban documentación falsa para simular que viajaban a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D e, incluso, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad.

Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros por persona, dependiendo del mecanismo utilizado para su regularización.

La investigación se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

Y la segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

Además, se han realizado cinco registros, dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, en los que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

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Sucesos

El asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México da un giro nueve años después

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Jorge Fernández, condenado en 2019 a 47 años de prisión por el feminicidio, ha sido absuelto tras detectarse dos irregularidades en la sentencia. La familia de la valenciana denuncia que nadie le comunicó oficialmente su excarcelación.

El caso del asesinato de la valenciana María del Pilar Garrido Santamans, ocurrido en México en julio de 2017, ha dado un giro judicial casi nueve años después. Jorge Fernández, su marido y único condenado por el crimen, ha quedado en libertad después de que la Justicia mexicana revocara la condena de 47 años de prisión que pesaba sobre él y dictara una sentencia absolutoria.

La Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas acordó la absolución el pasado 28 de octubre, después de revisar el caso por orden de un tribunal federal. Fernández permanecía encarcelado en Ciudad Victoria desde hacía años y había sido condenado por el feminicidio de su esposa.

La decisión deja el asesinato de Pilar Garrido sin ningún responsable penalmente condenado. Sin embargo, la absolución no significa que se haya demostrado la inocencia del marido, sino que el tribunal considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten mantener la condena en los términos en que fue dictada.

Dos errores en la sentencia que condenó al marido de Pilar Garrido

El origen de la excarcelación está en el amparo directo 497/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito. Este órgano federal detectó dos irregularidades en la fundamentación de la condena y ordenó a la Sala penal de Tamaulipas volver a examinar las pruebas.

El tribunal federal no declaró inocente a Jorge Fernández ni resolvió que no hubiera cometido el crimen. Su intervención se centró en los defectos procesales de la sentencia y en la forma en que se habían valorado los elementos utilizados para condenarlo.

El primero de los errores estaba relacionado con la carga de la prueba. La sentencia había considerado que el marido no había conseguido demostrar su versión de los hechos, según la cual unos desconocidos habían interceptado el vehículo familiar y secuestrado a Pilar. A partir de esa falta de acreditación se había reforzado la hipótesis de su responsabilidad.

El tribunal federal consideró que ese razonamiento era incorrecto: que la versión del acusado no resulte creíble no demuestra automáticamente que la hipótesis de la Fiscalía sea cierta. La responsabilidad penal debía acreditarla la acusación, sin obligar al procesado a demostrar su inocencia.

La segunda irregularidad afectaba a las primeras declaraciones de Fernández. Cuando denunció la desaparición de su mujer, las autoridades todavía lo trataban como denunciante y supuesto perjudicado por el secuestro. Sin embargo, esas manifestaciones fueron utilizadas posteriormente como indicios en su contra.

El tribunal entendió que no podían incorporarse de esa manera para fundamentar la condena, especialmente después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar durante el juicio oral.

Tras recibir la orden de revisar el caso, la Sala estatal volvió a valorar las pruebas y dictó la absolución el 28 de octubre. La resolución todavía puede ser recurrida.

La familia de Pilar se entera de la libertad por una llamada

La excarcelación ha provocado una nueva conmoción en el entorno de la valenciana. Según la información publicada por medios mexicanos y españoles, la familia de Pilar no habría recibido una comunicación oficial sobre la salida de prisión de Jorge Fernández.

Fue el propio hombre quien telefoneó a Raquel Garrido, hermana de la víctima y tutora del hijo de ambos, para comunicarle que había recuperado la libertad.

El niño tenía apenas un año cuando desapareció su madre y ahora tiene diez. La familia vuelve a enfrentarse a la incertidumbre sobre un crimen que marcó su vida y que, tras la resolución judicial, se queda sin una condena firme contra el único acusado.

El asesinato de Pilar Garrido en México en 2017

María del Pilar Garrido Santamans tenía 34 años y un hijo pequeño cuando fue asesinada en julio de 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. La valenciana había pasado unos días con su marido y el niño en la zona turística de La Pesca, en el municipio de Soto de la Marina.

Durante el regreso a su domicilio de Ciudad Victoria, Fernández aseguró que un vehículo les cortó el paso y que varios hombres armados se llevaron a su esposa. Según su relato, los asaltantes le obligaron a bajar del coche y secuestraron a Pilar.

La investigación policial descartó posteriormente la versión del secuestro y dirigió las sospechas hacia el marido. La Fiscalía sostuvo que la mujer había sido asesinada y que murió estrangulada.

En 2019, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio. La sentencia se convirtió durante años en la principal respuesta judicial al asesinato de la valenciana.

Ahora, la revisión de las pruebas y los errores detectados en la fundamentación de la condena han cambiado el rumbo del procedimiento. La absolución deja sin efecto la pena de prisión y abre una nueva etapa para la familia de Pilar, que vuelve a reclamar justicia casi nueve años después de su muerte.

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