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Valencia

Más de 100 afectados por la dana presentan una querella contra miembros del Consell y la CHJ

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Varios operarios trabajan en las labores de limpieza del lodo de un garaje de Massanassa. EFE/ José Manuel Vidal/Archivo

Valencia, 29 de enero de 2025 – La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, que representa a más de un centenar de afectados por la DANA, ha presentado este 29 de enero, cuando se cumplen tres meses de la catastrófica riada, una querella ante los juzgados de instrucción de Valencia. En ella, se acusa a cinco miembros del Consell y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su presunta inacción en la gestión de la emergencia. Además, los querellantes han solicitado la declaración testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Querella contra altos cargos del Consell y la CHJ

La querella, que ha sido presentada por el despacho Vilches Abogados, acusa a los exresponsables de la gestión de emergencias durante la DANA de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.

Los denunciados son:
Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior.
Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias.
Alberto Javier Martín, exdirector general de Emergencias.
Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias.
Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Desde la asociación de damnificados se sostiene que la falta de reacción y gestión ineficaz de la emergencia agravó las consecuencias de la DANA, que dejó un balance trágico de 224 fallecidos y tres desaparecidos en la Comunitat Valenciana.

«No podemos permitir que esto quede impune»

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Cristian Lesaec, ha señalado en rueda de prensa: «No podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia. La sensación es que el poder legislativo no ha actuado y esta lucha será larga, pero es necesaria para que se haga justicia».

La querella, que consta de 67 páginas, incluye un análisis cronológico de la emergencia y señala que, de haberse activado el sistema de alertas ES-Alert en el momento oportuno, el número de víctimas podría haber sido mucho menor. Según la documentación presentada, los responsables de la gestión de emergencias ya disponían de datos suficientes desde las 15:00 horas para enviar la alerta, pero esta no fue enviada hasta las 20:11 horas, cuando el caudal del barranco de El Poyo y el río Magro ya estaban completamente desbordados.

Investigación en marcha y posible responsabilidad penal

La querella también recoge un análisis detallado de las obligaciones y funciones de cada uno de los querellados y los argumentos por los cuales consideran que incumplieron sus deberes.

Además de la vía judicial, los damnificados han solicitado comisiones de investigación tanto en el Congreso de los Diputados como en Les Corts Valencianes, con el objetivo de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas en la gestión de la emergencia.

La batalla legal acaba de comenzar, y los afectados aseguran que llegarán hasta el final para exigir justicia y reparación.

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Valencia

Catalá pide a Delegación del Gobierno una reunión para recuperar la normalidad en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia

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acampada Ayuntamiento Valencia vivienda
Foto: TONI CORTÉS-OFFICIAL PRESSNumerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

La alcaldesa ha enviado un escrito para coordinar los próximos pasos ante la acampada por el derecho a la vivienda, que cumple ya un mes y mantiene tiendas instaladas en el centro de la ciudad.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enviado este martes un escrito a la Delegación del Gobierno para solicitar una reunión de coordinación técnica con el objetivo de empezar a recuperar la normalidad en la Plaza del Ayuntamiento, donde continúa instalada la acampada por el derecho a la vivienda.

Catalá ha anunciado esta iniciativa durante la presentación de la Carrera por la Solidaridad 2026, al ser preguntada por los posibles movimientos del Ayuntamiento después del desalojo de la acampada que se había instalado en Madrid.

La primera edil ha defendido la necesidad de que las administraciones comiencen a trabajar conjuntamente y ha señalado que la colaboración institucional puede facilitar una solución. «Tenemos que empezar a trabajar, en el marco de nuestras competencias, en recuperar la normalidad de la Plaza», ha afirmado.

Catalá considera que la acampada ya ha cumplido su objetivo

La alcaldesa ha indicado que en los últimos días se han retirado algunas tiendas de campaña y ha considerado que el derecho fundamental que motivó la protesta «se ha ejercido de forma oportuna».

En este sentido, ha insistido en que ha transcurrido ya un mes desde el inicio de la acampada y que ha llegado el momento de recuperar progresivamente el uso habitual de este espacio público.

Catalá también ha señalado que el comercio de la zona se ha visto «seriamente afectado» por la organización de la protesta y por las medidas de prevención adoptadas el pasado sábado. «Es un momento ya de intentar que la Plaza de todos también vuelva a ser un poco de todos», ha manifestado.

La alcaldesa recuerda que la acampada no está autorizada

Preguntada por la posición de los portavoces de la acampada, que han anunciado que no abandonarán la Plaza del Ayuntamiento hasta que Valencia sea declarada zona tensionada, Catalá ha recordado que la instalación no cuenta con autorización ni está regularizada.

«Cualquier persona que se instala en la Plaza del Ayuntamiento habitualmente sigue unos procesos, unos trámites y paga unas tasas», ha señalado.

La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento ha sido «muy respetuoso» y «muy comprensivo» con la protesta, y que ha intentado facilitar la convivencia entre la acampada y otros acontecimientos celebrados en la ciudad.

Catalá descarta negociar fuera de los cauces municipales

Sobre la exigencia de declarar Valencia como zona tensionada, Catalá ha rechazado abordar esa cuestión en el marco de la acampada y ha recordado que las decisiones de este tipo corresponden a los representantes municipales a través de los procedimientos institucionales.

«Más que una negociación es una especie de… Si no se hace algo, yo no me voy. Pues bueno, yo no voy a entrar en ese marco», ha afirmado.

La alcaldesa ha defendido que las reivindicaciones deben plantearse por los cauces habituales y que corresponde a los representantes legítimos de la ciudadanía debatir y adoptar decisiones en los plenos y las comisiones municipales.

Por el momento, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión técnica con la Delegación del Gobierno para abordar la situación y estudiar cómo avanzar en la recuperación progresiva de la normalidad en la Plaza del Ayuntamiento.

 

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