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La demoledora carta de Shakira a Hacienda

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Shakira Hacienda

Shakira ha roto su silencio en una carta inédita, publicada por El Mundo, en la que detalla las razones que la llevaron a admitir en noviembre de 2023 que defraudó al fisco español. En la misiva, la cantante colombiana denuncia un «machismo estructural» en su caso y expone su perspectiva sobre los problemas fiscales que la han perseguido en los últimos años.

«Lo hice para proteger a mis hijos, no por cobardía»

Shakira asegura que su decisión de aceptar los cargos y pagar la multa impuesta por la Agencia Tributaria no fue por cobardía, sino para proteger a sus hijos. La cantante colombiana considera que en la estrategia de la administración pública «subyace un prejuicio machista».

El entorno mediático y la presión fiscal

«En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático… era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar», con estas palabras justifica Shakira su contencioso tributario en una carta que ha publicada en El Mundo.

«Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo que ha llegado el momento de darlas», ha añadido la cantante, que admitió en noviembre de 2023 ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 y aceptó el pago de una multa de 7,8 millones a cambio de una rebaja de condena que evitó su entrada en prisión.

Una crítica al sistema fiscal y al prejuicio de género

La cantante colombiana considera que «una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene». «Pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien», apostilla.

En el texto, Shakira se remonta al inicio de su relación con el entonces jugador del Barcelona Gerard Piqué, en 2011, para explicar sus continuos viajes a España.

«Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por vocación de permanencia. Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista», asegura.

«Un machismo estructural que aún perdura»

Si la cantante hubiera sido un hombre estadounidense que se enamoró de una española y la visitara regularmente, «me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo», añade la cantante.

Shakira denuncia la existencia de «un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene». «Un machismo que sobrevive en sectores de la burocracia estatal en una sociedad que -por suerte- ya piensa muy distinto», agrega.

La cantante considera que algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un «relato infantil y moralista» en el que ella era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia.

Además, opina que la Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho.

«Pagué mucho más de lo que debía (…) Si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años».

Declaraciones finales y el motivo de su carta

Las declaraciones de Shakira llegan ahora porque así se lo pide su conciencia y porque quiere demostrar a sus hijos que sus decisiones fueron «para protegerles, para estar a su lado (…) No por cobardía ni por culpabilidad».

«Quiero que entiendan que mi amor por España y mis queridos amigos y familiares españoles aún perdura, pero no todo es igual», ha reconocido la cantante, que considera que «las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición para así recuperar el prestigio perdido».

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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