El Tribunal Supremo ha dictado una de las sentencias más relevantes de los últimos años en materia de corrupción política al condenar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, mientras que su exasesor Koldo García ha sido condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por su participación en la denominada trama de las mascarillas durante la pandemia.

La resolución, aprobada por unanimidad por la Sala de lo Penal del alto tribunal tras catorce jornadas de juicio celebradas entre abril y mayo, también condena al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende la ejecución de la pena debido a su colaboración con la investigación.

Las condenas del Supremo por el caso de las mascarillas

La sentencia considera acreditado que los tres acusados participaron en una organización que utilizó la influencia política de Ábalos para favorecer adjudicaciones públicas y obtener beneficios económicos a cambio.

Los magistrados condenan a José Luis Ábalos y Koldo García por los delitos de:

• Organización criminal.
• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Malversación.

Por el contrario, ambos han sido absueltos de los delitos de:

• Prevaricación.
• Uso de información privilegiada.
• Falsedad documental.

En el caso de Víctor de Aldama, el Supremo le considera culpable de organización criminal y cohecho, aunque lo absuelve de otros delitos por los que también había sido acusado.

El papel de cada condenado en la trama

La sentencia sostiene que Ábalos, Koldo García y Aldama constituyeron una estructura organizada con funciones perfectamente definidas.

Según el tribunal, Ábalos aportaba el poder político y la capacidad de influencia derivada de sus responsabilidades como ministro de Transportes y dirigente socialista.

Koldo García actuaba como intermediario y hombre de máxima confianza del entonces ministro, mientras que Aldama se encargaba de captar empresas y empresarios interesados en obtener contratos o facilitar gestiones ante la Administración.

Para los magistrados, los tres actuaban de forma coordinada con el objetivo de obtener beneficios económicos aprovechando su posición y sus contactos institucionales.

Los contratos de mascarillas bajo sospecha

Uno de los principales ejes de la investigación se centra en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.

El Supremo considera probado que entidades públicas dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellas Adif y Puertos del Estado, adjudicaron contratos para la compra de 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada a Aldama.

Los magistrados entienden que estas adjudicaciones se vieron favorecidas por la influencia ejercida desde el entorno del entonces ministro.

Pagos mensuales y beneficios económicos

La sentencia también considera acreditada la existencia de una retribución periódica destinada a José Luis Ábalos.

Según el fallo, la organización pactó el pago de 10.000 euros mensuales para cubrir los denominados «gastos fijos» del exministro.

Estos pagos se habrían producido entre octubre de 2019 y junio de 2022, sumando un total de 340.000 euros.

El dinero era entregado inicialmente a través de Koldo García y posteriormente mediante otros colaboradores del entorno de la trama.

Contrataciones en empresas públicas

Otro de los hechos considerados probados es la contratación de personas vinculadas al entorno personal de Ábalos en empresas públicas.

La sentencia señala específicamente los casos de Claudia Montes y Jéssica Rodríguez.

Respecto a esta última, los magistrados consideran acreditado que la trama asumió además el pago del alquiler de una vivienda situada en la Plaza de España de Madrid.

Por estos hechos, el Supremo obliga a Ábalos y Koldo García a indemnizar a las empresas públicas afectadas.

Viviendas en Madrid, Marbella y Cádiz

La resolución judicial también analiza diversas operaciones inmobiliarias vinculadas a los acusados.

Entre ellas figura un contrato de arrendamiento con opción de compra de una vivienda en Madrid y otros acuerdos relacionados con inmuebles situados en Marbella y La Línea de la Concepción.

Según la sentencia, estas operaciones estaban vinculadas a determinadas gestiones realizadas por la trama en asuntos relacionados con Air Europa y con la concesión de licencias en el sector de los hidrocarburos.

Multas e incautación de bienes

Además de las penas de prisión, el Supremo impone importantes sanciones económicas.

Las multas ascienden a:

• 52.500 euros para José Luis Ábalos.
• 45.750 euros para Koldo García.
• 72.000 euros para Víctor de Aldama.

Asimismo, ordena el decomiso de más de 430.000 euros procedentes de los beneficios obtenidos mediante el delito de cohecho.

Entre las cantidades confiscadas figuran los pagos mensuales recibidos por la trama, el alquiler de la vivienda utilizada por Jéssica Rodríguez y otros beneficios derivados de los inmuebles investigados.

El Supremo alerta del daño a la confianza en las instituciones

Uno de los aspectos más contundentes de la sentencia es la reflexión que realiza el tribunal sobre el impacto de este tipo de conductas en la sociedad.

Los magistrados advierten de que el efecto más grave de los hechos juzgados es el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Según recoge el fallo, cuando los responsables públicos utilizan su posición para favorecer intereses particulares se produce una pérdida de legitimidad institucional que puede afectar al propio funcionamiento del sistema democrático.

La Sala considera que este tipo de comportamientos generan una percepción de corrupción que erosiona la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos.

Víctor de Aldama evita la prisión por colaborar con la justicia

Aunque Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, el Supremo ha decidido suspender la ejecución de la pena.

La decisión se basa en la colaboración prestada por el empresario durante la investigación y en la información aportada para esclarecer los hechos.

No obstante, la suspensión queda condicionada al cumplimiento de varias obligaciones:

• No cometer nuevos delitos.
• Realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
• Presentar informes semestrales sobre sus actividades.

Si incumple cualquiera de estas condiciones, podría ingresar en prisión para cumplir la condena impuesta.

Una de las mayores condenas por corrupción política de los últimos años

La sentencia supone el cierre judicial de uno de los procedimientos más mediáticos relacionados con la gestión de contratos públicos durante la pandemia.

Con más de 24 años de prisión para José Luis Ábalos y cerca de 20 para Koldo García, el fallo se convierte en una de las resoluciones más severas dictadas por el Tribunal Supremo en una causa de corrupción política en los últimos años.

El caso ha tenido un enorme impacto político por afectar a quien fuera uno de los dirigentes más influyentes del PSOE y miembro destacado del Gobierno de Pedro Sánchez, así como por las implicaciones derivadas de la gestión de contratos públicos durante uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.

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