L’Eliana (Valencia), 8 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- Una residencia de ancianos privada de l’Eliana ha sido desalojada este martes por orden judicial, por el impago de rentas a la empresa propietaria del inmueble, y los catorce residentes que había en la misma se han ido con sus familias o han sido trasladados a la Residencia Pública de Carlet, con plazas disponibles en situaciones de emergencia.
Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que han precisado que se trata de una residencia privada con la que la Generalitat no tiene ninguna plaza concertada, cinco de las personas se han ido con sus familias y las otras nueve han sido llevadas al centro de Carlet.
Tres de estas últimas estaban afectadas por la covid-19, por lo que han sido trasladas en ambulancia, mientras que el resto ha sido llevado en transporte adaptado.
Al desalojo también han acudido agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes del instituto armado no han ofrecido información al respecto y se han limitado a señalar que no había novedades.
Hasta la residencia Cuidamont se han desplazado seis trabajadores de la Conselleria para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a todas las personas residentes que han tenido que dejar el centro debido al desahucio ordenado por un juzgado de Llíria.
QUÉ HACER ANTE ESTA SITUACIÓN
Este personal, según las fuentes, ha garantizado la aplicación del protocolo de cierre de centros residenciales, que contempla varias vías de actuación: la primera pasa por que la familia, con la ayuda que percibe la persona mayor, busque plaza en otro centro privado.
La segunda sería que la familia solicitara el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial, en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de L’Eliana, y la Consellería vería las posibilidades de asignacion.
Por último, una vez realizado el desalojo, si hay personas que necesitan una respuesta inmediata, se les puede asignar plaza en la Residencia Pública de Carlet, en las que tiene disponibles para situaciones de emergencia, y desde aquí, ir asignándoles plaza en centros lo más próximos posibles a los familiares.
LOS ANTECEDENTES JUDICIALES
Según fuentes judiciales, el 25 de enero de 2021 la empresa propietaria del inmueble interpuso una demanda contra la mercantil que gestionaba la residencia por el impago de rentas por importe de 84.734 euros.
Tras admitir el juzgado la demanda el 18 de febrero, fijó fecha de lanzamiento el 10 de junio para el caso de no pagar o no contestar, y de vista oral para el 14 de abril, aunque esta última fecha suspendió el proceso durante 60 días a petición de todas las partes al alegar que estaban en vías de transacción extrajudicial.
En diciembre de 2021 se dictó sentencia y el juzgado condenó a la empresa que gestiona la residencia a desalojar el inmueble y abonar a la demandante 225.472 euros, con intereses legales, y las cuotas de alquiler que puedan devengarse hasta la entrega efectiva de la posesión, a razón de 20.400 euros al mes.
Tras diversos requerimientos judiciales y solicitud de información por parte del juzgado, tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento y a la Generalitat, el juzgado recibió un escrito de la Conselleria de Igualdad que le informaba de que había 49 personas ingresadas, 40 de ellas con prestación económica por dependencia para hacer frente al coste de la plaza en centro privado.
En ese escrito, la Conselleria pedía medidas cautelares para evitar que ingresaran más residentes, ya que la presencia de la Administración es nula ante las admisiones.
El pasado 25 de octubre, Igualdad remitió al Juzgado otro informe informando de que se había dado plaza pública a 16 residentes y otros cuatro habían cambiado de centro por propia voluntad. También comunicó que si el día del lanzamiento quedaban residentes se les podría asignar plaza en la residencia pública de Carlet, como finalmente ha ocurrido.
El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press
El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón será interrogado por segunda vez sobre la gestión de la DANA, mientras que Emilio Argüeso, investigado en la causa judicial, comparecerá por primera vez ante la comisión
El Congreso de los Diputados vuelve a poner el foco este lunes 21 de septiembre en la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. La comisión de investigación ha citado por segunda vez al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y también ha convocado al que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa judicial.
Mazón está citado a las 11.00 horas, mientras que Argüeso comparecerá a las 15.30 horas. Así figura en el orden del día oficial del Congreso para la sesión de este lunes.
La comisión investiga la gestión de la crisis provocada por la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 y que dejó 232 fallecidos.
Mazón tendrá que responder de nuevo ante la comisión
Será la segunda comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de investigación. El entonces presidente de la Generalitat ya acudió al Congreso el 17 de noviembre de 2025.
En esta ocasión, los grupos parlamentarios quieren volver a preguntarle, entre otras cuestiones, por la gestión de la emergencia y por los mensajes que intercambió aquel día con los miembros de su Gobierno a través de WhatsApp.
Según la documentación incorporada a la causa judicial, Mazón intervino durante la mañana para animar a sus consellers a incrementar la comunicación pública sobre la situación.
La actividad de ese grupo de WhatsApp se concentró inicialmente en la comunicación pública y fue perdiendo intensidad conforme avanzó la emergencia, hasta prácticamente desaparecer durante algunas de las horas más críticas, según la información recogida por Europa Press.
La comparecencia llega después del escrito presentado por Mazón ante la jueza
La nueva comparecencia parlamentaria se produce después de que la defensa de Mazón presentara el pasado 1 de septiembre un escrito ante la jueza que instruye la causa de la DANA en Catarroja.
En ese escrito, la defensa solicitaba que se concretara si existía alguna línea de investigación abierta respecto a una eventual responsabilidad penal de Mazón y, en caso contrario, que se hiciera constar expresamente.
Mazón mantiene su condición de aforado al conservar su escaño en Les Corts Valencianes.
La jueza, según el contenido recogido por Europa Press, respondió que el juzgado de Catarroja no es competente para adoptar una decisión de sobreseimiento respecto a una persona aforada. También señaló que Mazón no figura como investigado en la causa.
Emilio Argüeso comparecerá por la tarde
A las 15.30 horas será el turno de Emilio Argüeso, que fue secretario autonómico de Emergencias durante la DANA y posteriormente director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
Argüeso está investigado en la causa judicial junto a la que fuera consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas.
El Congreso ya había citado a Argüeso en enero, pero entonces no acudió alegando que se encontraba de baja. Esta será su primera comparecencia ante la comisión parlamentaria.
Las víctimas se concentrarán ante el Congreso
La jornada estará acompañada por la presencia de asociaciones de víctimas de la DANA en las inmediaciones del Congreso.
La Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, la Asociación de Víctimas Mortales 29-O y la Asociación de Víctimas y Damnificados de la DANA de Valencia han convocado concentraciones coincidiendo con las comparecencias.
La primera está prevista entre las 10.30 y las 11.30 horas, coincidiendo con la llegada de Mazón. Posteriormente, los colectivos tienen previsto volver a concentrarse durante la comparecencia de Argüeso.
Pradas y Mompó volverán al Congreso el 28 de septiembre
La comisión continuará sus trabajos la próxima semana. El 28 de septiembre están previstas las comparecencias de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias durante la DANA, y de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. Ambos ya habían comparecido anteriormente ante la comisión.
De esta forma, el Congreso mantiene abierta su investigación parlamentaria sobre la gestión de la catástrofe, mientras continúa en paralelo la causa judicial sobre la DANA.
ASÍ FUE LA DIMISIÓN DE MAZÓN
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