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El plan de vacunación espera llegar a toda la población en tres fases

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Madrid, 27 nov (EFE).- El Gobierno espera que su plan de vacunación contra el coronavirus llegue a toda la población en tres fases durante los tres primeros trimestres del próximo año y para ello ha establecido una división en 15 grupos en función del riesgo, el nivel de exposición, el impacto socioeconómico y la posibilidad de transmisión.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado este viernes más detalles del plan, que dará prioridad en su primera fase, de enero a marzo, a residentes y personal en residencias de personas mayores y con discapacidad, al personal sanitario y al sociosanitario y a grandes dependientes no institucionalizados. En total, dos millones y medio de personas.

A la espera de que la Agencia del Medicamento dé el visto bueno a las vacunas -España tiene comprometidos 140 millones de dosis que supondrían 80 millones de inmunizaciones-, queda por definir el orden del resto de grupos y su incorporación a las fases dos y tres, de marzo a junio y en los meses del verano, según vaya aumentando la disponibilidad.

Los demás grupos están compuestos por: personas con condiciones de riesgo; quienes viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados; colectivos vulnerables por su situación económica; trabajadores esenciales; la comunidad docente; la población infantil; la población joven de más de 16 años; la población adulta; quienes estén en áreas susceptibles de reincidencia o en situaciones de posibles brotes; embarazadas y madres en periodo de lactancia; y seropositivos a SARS-CoV-2.

El veloz desarrollo de las vacunas alumbra cierta esperanza después de las semanas más duras de una segunda ola que sigue remitiendo, con las Navidades cada vez más cerca y el temor a un rebrote que propicie una tercera ola. En la tendencia descendente de los últimos días, Sanidad ha notificado 10.853 contagios (1.628.208) y 294 muertes (44.668), con una presión hospitalaria por la covid del 11,95 % y de un 28,44 % en ucis.

La incidencia acumulada media por cada 100.000 habitantes continúa en claro retroceso (307), con Castilla y León como única comunidad por encima de 500 (501) y con la práctica totalidad del territorio en niveles todavía de alto riesgo, lejísimos de los 25 que se marcó como objetivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al optimismo por las vacunas se aferra el propio Sánchez, que este viernes ha afirmado que el 2021 será uno de los mejores años para el turismo en España y, en una visita al madrileño Hospital de La Paz, ha expresado su reconocimiento a los investigadores que conducen los ensayos clínicos contra el coronavirus.

La visita, que ha comenzado con abucheos a Sánchez a la entrada del centro, ha acabado, en un nuevo episodio del tira y afloja que el Ejecutivo y las autoridades madrileñas mantienen desde el inicio de la pandemia, con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, criticando que no se le hubiera invitado formalmente y denunciando que se haya aprovechado la ausencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de gira preelectoral en Cataluña.

UNAS NAVIDADES SEGURAS

Otro de los frentes abiertos de ese permanente tira y afloja es la reclamación de la Comunidad de Madrid para que se permitan los test de antígenos en farmacias, propuesta que el Gobierno regional quiere implantar en diciembre y que ha elevado a Sanidad en forma de plan, como requirió el ministro Illa, que se ha comprometido a estudiarla con toda la imparcialidad y diligencias posibles.

Los expertos siguen divididos sobre la utilidad de practicar esos test de diagnóstico rápido en farmacias, entre quienes defienden que pueden generar falsa seguridad, habida cuenta de los falsos negativos, sobre todo en asintomáticos, y quienes opinan que ese riesgo es asumible. La Navidad y los encuentros familiares se sitúan en el centro del debate. Que no se cometan errores en la desescalada por bajar la guardia, también.

El ministro ha avanzado que la próxima semana se tomará una decisión sobre las Navidades en la Interterritorial de Salud, que en su última reunión ya trató, sin llegar a un acuerdo, la propuesta del Gobierno, que limitaba las cenas a seis personas y reducía ligeramente el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja.

Los representantes autonómicos matizaron la propuesta y propusieron, por ejemplo, que ese límite se ampliara a diez personas o que se tuvieran en cuenta las unidades familiares, que los niños no contaran o que las horas del toque de queda fueran más flexibles.

TRANSMISIÓN INFANTIL

El papel de los niños en la propagación del virus ha sido uno de los grandes interrogantes desde el comienzo de la epidemia. Un estudio del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) ha concluido que solo un 8 % (86 casos) de los 1.081 menores de 18 años con covid-19 confirmado entre el 1 de julio y el 31 de octubre en Cataluña transmitieron la infección dentro de su núcleo familiar.

La investigación apunta a que los menores de edad son poco transmisores. En 783 de los 1.081 casos que se han tenido en cuenta, además de 3.515 contactos familiares, se identificó a un adulto de la familia como caso índice, con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 anterior al del menor.

Del grupo analizado, el 47 % de los niños infectados fueron asintomáticos. El trabajo se hizo durante los meses de verano y hasta completar las primeras siete semanas después del inicio del curso escolar tras la primera desescalada y en fase de nueva normalidad.

Solo en 86 casos (8 %) se determinó que el paciente pediátrico había contagiado a otros miembros de su familia.

Otro estudio conocido este viernes es el liderado por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que sitúa la letalidad por infección del SARS-CoV-2 en España en una horquilla que va del 0,8 al 1,1 %, si bien en mayores de 80 años se eleva hasta el 16,4 %.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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