València, 27 mar (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València, Mará José Catalá, ha pedido a Ribó que dé explicaciones por la investigación abierta por la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana por los presuntos sobresueldos que cobraron algunos miembros del gobierno municipal de Compromís, PSOE y València en Comú en el anterior mandato.
Catalá ha comentado que esta actuación de Antifraude «es muy grave y debe llegarse hasta el final para conocer si desde el gobierno municipal se intentó burlar la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local».
Asimismo, ha anunciado que el PP preguntará sobre esta investigación y por los criterios por los que el gobierno local decidió abonar estos sobresueldos, además de solicitar los informes jurídicos, de Intervención y de Secretaría que pudieran alertar de un presunto fraude de ley estos sobresueldos.
«Tanto Ribó como el entonces portavoz de Compromis, Pere Fuset, reconocieron, al constituirse la presente Corporación en el año 2019, públicamente a los medios de comunicación de la existencia de este informe», asegura Catalá.
Según el PP, la Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación por el cobro de sobresueldos de ocho concejales de Compromís, PSOE y Podemos. En total, se cobraron de las arcas municipales 772.000 euros en sobresueldos entre 2015 y 2019.
Los concejales de Compromís que, según la investigación de antifraude citadas por el PP, cobraron los sobresueldos son el actual vicealcalde Sergio Campillo, Consuelo Castillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Gloria Tello; del PSOE la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anais Meguzato, actual gerente de FGV, y Vicent Sarría; y de Podemos Neus Fabregas y María Oliver.
Se investiga si los diez concejales, para eludir la ley Montoro, se fijaron un complemento de 25.000 euros al año y así poder cobrar el mismo sueldo que un concejal con dedicación exclusiva. Este complemento es el que ahora investiga la Agencia Valenciana Antifraude que dice que hay indicios razonables de veracidad de los hechos y por ello ha comunicado al Ayuntamiento que se abre una investigación, ha asegurado el PP.
La Agencia Valenciana Antifraude ya requirió en junio de 2020 información sobre estos cobros presuntamente irregulares para verificar la veracidad de los hechos y ahora ha vuelto a reclamar más información una vez abierta la investigación, han recalcado las fuentes.
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