El Tribunal Supremo ha anulado el registro único estatal de alquileres de corta duración al considerar que el Estado no tiene competencias suficientes para imponer una regulación nacional sobre este tipo de viviendas.

La decisión afecta directamente al Real Decreto 1312/2024, aprobado por el Gobierno para crear un sistema único de registro de arrendamientos turísticos y temporales en toda España.

Por qué el Supremo ha tumbado el registro nacional

La sentencia considera que el registro estatal invade competencias autonómicas ya existentes en materia de vivienda y turismo.

Según el alto tribunal, muchas comunidades autónomas ya cuentan con sus propios registros de viviendas turísticas, por lo que el sistema impulsado por el Estado suponía una “superposición” administrativa.

El Supremo entiende que el Gobierno central no puede establecer una regulación exhaustiva que sustituya o limite las competencias autonómicas en esta materia.

Qué era el registro único de alquileres de corta duración

El sistema anulado obligaba a registrar viviendas destinadas a:

• alquiler turístico,
• alquiler temporal,
• y otras modalidades de corta duración.

El objetivo del Ejecutivo era aumentar el control sobre este mercado, mejorar la transparencia y combatir posibles fraudes o actividades irregulares.

Un nuevo revés jurídico para la regulación del alquiler turístico

La sentencia supone un importante golpe para la estrategia estatal de control del alquiler turístico, un sector que lleva años generando debate por su impacto en:

• el acceso a la vivienda,
• el precio de los alquileres,
• y la convivencia en determinadas ciudades.

El conflicto entre competencias autonómicas y estatales vuelve así al centro del debate jurídico y político.

Las comunidades autónomas mantienen sus propios registros

Con esta decisión, seguirán vigentes los sistemas autonómicos ya implantados en distintos territorios de España.

Cada comunidad continuará gestionando sus propias normas y registros sobre viviendas turísticas y alquileres temporales.

Qué puede pasar ahora

Tras la anulación del registro estatal, el Gobierno podría:

• recurrir a nuevas fórmulas legales,
• negociar mecanismos coordinados con las autonomías,
• o replantear completamente el sistema de control del alquiler turístico.

La sentencia también podría influir en futuras regulaciones relacionadas con vivienda y competencias territoriales.

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