VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) – Trabajadores de la empresa pública de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se han mostrado «sorprendidos» ante la decisión de la corporación provincial de llevar a cabo «un cierre ordenado» de la mercantil. «Matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción».

Así lo ha indicado la presidenta del Comité de Empresa de Divalterra, Ruth López, en declaraciones a Europa Press, después de que este lunes el equipo de gobierno de la Diputación haya acordado llevar a cabo un «cierre ordenado» de Divalterra, tras la operación Alquería que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la mercantil y en la que fue detenido y puesto en libertad el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.

Al respecto, López se ha preguntado «qué es un cierre ordenado» y ha reprobado que nadie del equipo de Gobierno se haya puesto en contacto con los trabajadores para comunicarles esta decisión que, según ha admitido, han recibido con «sorpresa» porque no se la esperaban.

A su juicio, es «vergonzoso» que sean los trabajadores y la propia empresa quienes «tengan que pagar» por las supuestas «irregularidades» que hayan podido cometer los políticos. «Nosotros no hemos cometido ningún delito. Los trabajadores no tenemos la culpa de la mala gestión porque hemos cumplido con nuestro trabajo», ha defendido.

De este modo, ha reprobado que «los fallos en la gestión y el control» en Divalterra «los acaben pagando al final los trabajadores». «Esperábamos que se asumieran responsabilidades», ha comentado.

López ha remarcado que ahora su prioridad es la «seguridad de los puestos de trabajo» ya que son más de 700 familias las que dependen de esta mercantil, por lo que éste será el objetivo que reivindicará en el próximo consejo de administración de Divalterra que está previsto que se celebre este jueves.