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La supresión del ‘Golden Visa’ impedirá la inversión extracomunitaria en viviendas

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Golden Visa
La verdad sobre la eliminación de la Golden Visa -FREEPIK

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Alicante ha advertido que la eliminación del ‘Golden Visa’ no resolverá la problemática de la vivienda en España y, por el contrario, frenará la llegada de inversiones extracomunitarias en el país, afectando especialmente a provincias como Alicante.

El ‘Golden Visa’ y su Importancia en Alicante

Este visado, que permite a ciudadanos no residentes en la Unión Europea obtener la residencia si invierten más de 500.000 euros en vivienda, ha sido un motor clave para la economía alicantina. Coapi de Alicante ha solicitado al Gobierno que reconsidere su decisión y no elimine este incentivo, cuya desaparición está prevista para el próximo 3 de abril.

Datos Claves sobre la Inversión Extranjera en Alicante

Las compraventas de viviendas por parte de extranjeros en Alicante alcanzaron un récord en el cuarto trimestre de 2024, con 6.204 transacciones, un incremento interanual del 27,53 %. Alicante se mantiene como el principal mercado inmobiliario para compradores internacionales, concentrando el 45,67 % de las operaciones extranjeras en toda España.

Consecuencias Negativas para la Economía Local

Marifé Esteso, presidenta de Coapi de Alicante, ha destacado que muchas compraventas en la provincia están vinculadas al ‘Golden Visa’. Desde que el Gobierno anunció su intención de eliminarlo, las solicitudes de este visado han aumentado significativamente, demostrando su relevancia en el sector.

Según Coapi, la eliminación de este visado no aliviará la tensión en el mercado inmobiliario ni reducirá los precios de la vivienda, ya que estas operaciones representan solo entre el 0,3 % y el 0,5 % del total de compraventas en España. En cambio, su desaparición podría disuadir a inversores extranjeros, afectando la creación de empleo y el crecimiento económico en la región.

Nuevas Medidas que Perjudican al Mercado Inmobiliario

A la eliminación del ‘Golden Visa’ se suma el anuncio del Gobierno de un incremento de impuestos para inversores extracomunitarios que compren vivienda en España. Aunque aún no se han definido los detalles, se prevé que esta medida impacte negativamente en el mercado inmobiliario, especialmente en Alicante, reduciendo el interés de los compradores internacionales.

Adiós a la llegada de importantes inversores

Además, debemos considerar el impacto económico de la Golden Visa en España. La llegada de importantes inversores extranjeros no solo impulsa el mercado inmobiliario, sino que también contribuye significativamente a la economía española a través de la creación de empleo, el aumento del consumo y la inversión en otros sectores. La eliminación de este programa podría tener consecuencias negativas en términos de competitividad internacional y la atracción de inversiones en un momento en que la economía global es cada vez más interdependiente.

Es esencial adoptar un enfoque equilibrado y cuidadoso al abordar las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda en España. En lugar de eliminar la Golden Visa de manera abrupta, sería más constructivo explorar soluciones integrales que aborden las verdaderas causas de la escasez de viviendas asequibles, como la planificación urbana sostenible, la promoción de la construcción de viviendas sociales y la revisión de las políticas fiscales relacionadas con el sector inmobiliario.

En resumen, la discusión sobre la eliminación de la Golden Visa va más allá de las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda. Deberíamos considerar cuidadosamente los impactos económicos, sociales y políticos antes de tomar decisiones precipitadas que puedan afectar la competitividad y la posición de España en el escenario internacional. En última instancia, la clave está en encontrar un equilibrio entre fomentar el acceso a la vivienda y mantener un entorno propicio para la inversión y el desarrollo económico en el país.

Pedro Sánchez se carga la Golden Visa

La revocación de la Golden Visa, un privilegio que permitía a los adinerados «adquirir» el derecho de residencia en España, incluso sin habitar en el país, está generando un gran interés.

Pedro Sánchez anunció la abolición de este beneficio instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que otorgaba residencia automática a extranjeros no comunitarios que invirtieran más de 500.000 euros en propiedades.

En 2022, la Comisión Europea instó a los Estados Miembros a eliminar las visas doradas debido a preocupaciones sobre seguridad, transparencia, lavado de dinero, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo, corrupción e infiltración de la delincuencia organizada, además de ser incompatibles con las normas de la UE. Sin embargo, varios países europeos, incluyendo España, Grecia, Italia, Malta, Chipre y Portugal, hicieron caso omiso a esta sugerencia, demostrando que el dinero tiene gran influencia. Portugal eliminó este sistema el año pasado, adelantándose a España, que ha decidido hacerlo este lunes.

A día de hoy, Grecia, Italia, Malta, Chipre ofrecen a los extranjeros ricos la oportunidad de obtener residencia mediante la compra de propiedades o grandes inversiones, con requisitos variables según el país.

Los expertos inmobiliarios descartan que la eliminación de las Golden Visa tenga un impacto significativo en el mercado español.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura que la supresión de este programa no afectará al mercado inmobiliario, ya que entre 2013 y 2022 se otorgaron menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, representando menos del 0,1% de las 4,5 millones de viviendas vendidas en ese periodo. Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, coincide en que el impacto en España puede ser relativo, ya que en 2022 solo se concedieron 136 permisos de este tipo, representando un 0,14% del total de compras realizadas por extranjeros a nivel nacional.

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Óscar Puente dimite tras el accidente de tren de Urda: «Un ministro no puede continuar en su puesto»

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El ministro de Transportes anuncia su renuncia ante el Congreso después del choque ferroviario de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y tras presentar nuevas medidas de seguridad y atención a las víctimas.

Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible este martes, 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. La decisión se produce tras el accidente de tren de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, y después de una sesión marcada por las exigencias de responsabilidades políticas de la oposición y de varias formaciones que apoyan al Gobierno.

El anuncio ha llegado al final de una jornada en la que Puente había defendido inicialmente su continuidad y había explicado las actuaciones previstas para reforzar la seguridad ferroviaria. Finalmente, ha comunicado que abandona el cargo una vez atendidas las medidas que consideraba más urgentes tras la tragedia.

«Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo», ha manifestado ante los diputados. Puente ha presentado su renuncia como una decisión vinculada a la responsabilidad política y ha agradecido el respaldo de su familia, de los militantes socialistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Óscar Puente anuncia su dimisión después de defender su continuidad

La dimisión de Óscar Puente supone un cambio respecto a la posición que había mantenido durante los días posteriores al accidente y en la propia mañana del martes. Hasta entonces, el ministro sostenía que debía continuar al frente del departamento para gestionar la respuesta a la emergencia y poner en marcha las modificaciones necesarias.

En su intervención final, sin embargo, ha explicado que había decidido dejar el cargo durante los primeros momentos posteriores al siniestro, aunque había optado por hacer pública su renuncia después de abordar la asistencia a los afectados y las actuaciones inmediatas.

El ministro ha defendido que asumir responsabilidades políticas constituye una obligación democrática. Su despedida ha puesto el cierre a una comparecencia centrada tanto en la reconstrucción del accidente como en las deficiencias de seguridad denunciadas por los grupos parlamentarios.

El accidente de tren de Urda deja 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos

El accidente ferroviario de Urda se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afectó a dos trenes de Renfe e Iryo.

Durante su comparecencia, Puente ha situado el balance en 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecían hospitalizadas, según los datos que ha trasladado a los diputados.

La atención a las víctimas y a sus familiares ha ocupado una parte destacada de su intervención. El ministro ha señalado que las consecuencias del siniestro exigen acompañamiento, asistencia psicológica y respuestas sobre lo sucedido.

La tragedia también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en el tramo afectado y ha obligado a reorganizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía.

Qué ha explicado Puente sobre las circunstancias del accidente

La reconstrucción presentada por el ministro se ha centrado en una incidencia del sistema de señalización LZB, registrada aproximadamente a las 8.30 horas en un tramo de 63 kilómetros entre Mora y Malagón.

Según su explicación, esa situación obligó a detener varios trenes y a activar procedimientos alternativos de circulación. Puente ha señalado que el AVE recibió autorización para reanudar la marcha normal pese a que otro convoy permanecía detenido por delante.

El ministro también ha indicado que el tren de Iryo comunicó nuevamente su situación al centro de control cinco minutos antes de la colisión, sin que se adoptara una actuación que evitara el choque.

Estas explicaciones forman parte de la información expuesta por Transportes ante el Congreso. La investigación deberá determinar las causas del accidente y las responsabilidades que pudieran derivarse, sin que la comparecencia parlamentaria sustituya sus conclusiones.

Un problema de comunicación entre equipos

Puente ha relacionado la caída del LZB con un problema de comunicación y sincronización entre ordenadores, aunque ha reconocido que todavía se desconoce la causa concreta que originó esa incidencia.

La sesión ha abierto, además, un debate sobre la capacidad de los procedimientos alternativos para impedir que una equivocación termine en una colisión. Varios grupos han reclamado que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones humanas cuando dejan de funcionar las protecciones automáticas.

Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria

Antes de anunciar su renuncia, Puente ha detallado un conjunto de actuaciones destinadas a reducir riesgos y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.

Entre las principales medidas figura la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, mientras se completa la implantación del sistema ERTMS de nivel 2 y se realiza una revisión extraordinaria de los mecanismos de protección.

El ministro ha situado la finalización de esos trabajos a comienzos de 2027 y ha planteado utilizar trenes de doble composición para intentar mantener la oferta de plazas.

Doble validación de las órdenes de circulación

Otra de las actuaciones anunciadas consiste en introducir una comprobación por parte de un segundo controlador cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad.

El objetivo es que las instrucciones de circulación reciban una validación adicional antes de ejecutarse, reduciendo el riesgo de que una decisión equivocada provoque una situación peligrosa.

El plan también contempla herramientas tecnológicas para detectar anomalías, mejoras en las pantallas de seguimiento de los trenes y un refuerzo de la formación continua del personal.

Más formación y revisión de los descansos

Puente ha anunciado nuevas acreditaciones, programas de mentoría y simulacros regulares para los profesionales responsables de la circulación.

A estas actuaciones se sumará una revisión de los descansos y de las medidas de prevención de la fatiga. Las condiciones laborales, las plantillas y la carga de trabajo han sido algunas de las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario.

Ayudas y atención a las víctimas del accidente de Toledo

La respuesta del Gobierno incluye medidas para facilitar el acceso de las víctimas y sus familiares a las ayudas económicas y a las indemnizaciones correspondientes.

Puente ha anunciado la creación de oficinas de atención en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residan los afectados, con el propósito de acompañarlos durante la tramitación.

También ha explicado que Adif y Renfe activaron sus dispositivos de asistencia tras el accidente y que los equipos psicológicos movilizados por Renfe habían realizado alrededor de 470 atenciones.

La gestión de estas prestaciones y el acompañamiento a las familias continuarán siendo tareas prioritarias tras la salida del ministro.

Presión parlamentaria para exigir responsabilidades políticas

La comparecencia ha evidenciado la amplitud de las críticas a la gestión ferroviaria. PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG han reclamado la salida de Puente durante la jornada, aunque con argumentos y propuestas diferentes.

El PP ha cuestionado las decisiones sobre inversión, mantenimiento y seguridad. Vox ha reclamado responsabilidades judiciales, mientras otras formaciones han exigido auditorías, cambios en la organización del ferrocarril y mayores garantías frente a posibles errores.

ERC ha centrado parte de sus reproches en las condiciones de trabajo y en la necesidad de una revisión integral del sistema. EH Bildu, por su parte, ha defendido que la investigación determine las responsabilidades antes de señalar al ministro o a los empleados ferroviarios.

El PSOE había respaldado la actuación de Puente y rechazado que su dimisión sirviera, por sí sola, para esclarecer las causas del accidente.

La investigación y la recuperación del servicio siguen pendientes

La renuncia de Óscar Puente deja abiertas las principales cuestiones sobre el accidente de tren de Toledo: por qué se produjo la incidencia inicial, cómo se gestionó la circulación y qué barreras de seguridad pudieron impedir el choque.

También permanece pendiente la recuperación del tramo afectado. Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que Adif había solicitado autorización judicial para iniciar la reparación de la infraestructura y ha evitado ofrecer una fecha definitiva de reapertura.

Con su salida del Ministerio de Transportes, la crisis ferroviaria entra en una nueva etapa política. Para las víctimas y sus familias, continúan pendientes el esclarecimiento de lo sucedido, la atención a los heridos y el cumplimiento de las medidas anunciadas.

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