La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.
El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.
La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.
La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas
La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.
En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.
La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.
Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento
El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.
El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.
Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.
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