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La Abogacía descarta la rebelión y acusará de sedición y malversación a los presos del ‘procés’

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Este jueves por la noche saltaba la noticia de que la Abogacía del Estado finalmente acusará a los líderes del ‘procés’ soberanista catalán de un delito de sedición y no de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes, y de otro de malversación. La Abogacía del Estado entregará este viernes en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición.

Tras conocerse esta noticia las redes sociales ardían en comentarios y apuntaban directamente al presidente del Gobierno. Y es que este cambio de postura llega poco después de que Pedro Sánchez modificara su criterio e insinuara que los encarcelados no cometieron delito de rebelión.

La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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