No es en todas las comunidades, pero empieza a ser extensible a muchas. País Vasco, Canarias y la última, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, que rechaza la decisión de la Fundación Amancio Ortega de aportar 320 millones de euros (10 en el caso de Aragón) para la lucha contra el cáncer, y más concretamente para la compra, sobre todo, de equipos de diagnóstico y tratamiento radiológico de última generación, que permitirían mejorar el servicio en la lucha contra el cáncer.

En el fondo de toda esta cuestión, el tema de si un servicio público debe aceptar de una entidad privada o empresa (en este caso Fundación) una donación o de si es sólo la administración la que ha de proveer de recursos a las entidades públicas, en este caso sanitarias. Según las asociaciones de defensa de la Sanidad Pública, no es necesario recurrir a una donación privada para la adquisición e inversión en la medicina pública.

Es más, en su oposición a aceptar lo que, en algunos casos, llaman ‘limosna’, aseguran que no ha que agradecer la «generosidad, altruismo o caridad» de ninguna persona o entidad. «Aspiramos a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando la sanidad pública», dice por ejemplo, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón en su comunicado. «Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.

La Fundación Amancio Ortega informó en marzo de que con la cuantía de esta donación se podrían adquirir más de 290 equipos de diagnóstico y tratamiento radiológico de última generación. Entre el equipamiento que mencionaba nombraba los destinados a la mamografía digital con tomosíntesis o los aceleradores lineales avanzados, que permiten «realizar diagnósticos más precisos y proporcionar tratamientos más eficaces, menos agresivos y de menor duración».

Texto íntegro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Púbica de Aragón, en rechazo a la donación de 10 millones de euros concedidos por la Fundación Amancio Ortega:

En relación a las donaciones de Amancio Ortega a distintas Comunidades del Estado incluida Aragón, la ADSPA suscribimos plenamente el argumentario realizado por nuestras Asociaciones hermanas dentro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, (Asociación vasca Osalde y otras) tras la correspondiente donación a sus Gobiernos.
Nuestra Comunidad no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.
Desde nuestras necesidades y carencias, aspiramos a una adecuada financiación de las mismas mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando a la sanidad pública.

Sobre algunas “Fundaciones filantrópicas” como la Fundación Amancio Ortega.
Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos.
Defendemos el derecho a la salud de todos y todas las personas. Y la salud depende de sus determinantes sociales, como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc. Le sugerimos, que el lobby textil se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de esta industria que abastecen a la Unión Europea, a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo. Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales.

Sobre la penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica
En un contexto de presiones (publicación de estudios en los que se señala la gran obsolescencia de los equipos de diagnóstico, monitorización y terapia en la sanidad pública) por parte de la patronal de empresas de tecnología sanitaria, Fenin, surge el “Plan Renove” de Tecnología Sanitaria anunciado por la ministra de Sanidad (ya se está gestando en colaboración con el Ministerio de Hacienda).
En estas circunstancias, hay que valorar la oportunidad y necesidad de este Plan multimillonario y del “regalo tecnológico” del Sr. Ortega al SALUD aragonés. Si lo que interesa es la mejora de la salud, hay que tener en cuenta el impacto de los aceleradores lineales, mamógrafos y otro aparataje sobre la salud de las personas. Hay despilfarro, mala utilización de la tecnología, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo. Por eso, es necesario calibrar su adecuada utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.

Sobre los Determinantes Sociales de la salud
En esta fase de desarrollo de nuestro Sistema Sanitario, éste solo contribuye en un 11% a la salud. El resto depende de la biología humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. condiciones cada vez más deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las políticas neoliberales.
No es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud. Las inversiones más rentables son preventivas. Las autoridades sanitarias suelen cargar con los programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, pero olvidan lo más importante, mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, son muchas las organizaciones que insisten en advertir de la influencia en la salud de la extensión y persistencia de la pobreza en nuestro país, la precariedad, la exclusión y el incremento de las desigualdades. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%. Casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. El desempleo en 2016 era del 19,6%, el doble de la media de la CE y el mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10%, el valor de las acciones empresariales se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años.

Sobre los recortes
Lo primero que debe hacer el Gobierno de Aragón es instaurar medidas para recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el RDL 16/2012 y el RD 1192/2012 e instar para ello al Gobierno Central (que retiró 873.000 tarjetas sanitarias además de otros recortes y copagos/repagos). Esta reforma afectó y afecta en especial, a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera del Estado español por más de 90 días.
También nuestro Gobierno de Aragón debe solucionar de forma urgente las carencias que desbordan centros y profesionales, falta de material, bajas que no se reponen, no se cubren descansos, cierres de camas… y el fraude que supone que haya listas de espera de varios meses incluso de años, para determinadas pruebas o para determinadas consultas

Sobre la pretendida colaboración “público-privada”
Estamos hart@s de escuchar el mantra de la “colaboración público-privada” como solución a los problemas sanitarios, cuando en realidad supone un encarecimiento de la sanidad por estos procesos privatizadores. Una muestra de esto la tenemos en el CASAR aragonés (fórmula público-privada) con la MAZ, que ha dejado una factura a pagar por las arcas públicas de unos 18 millones de euros, además de múltiples irregularidades en la gestión
Por otra parte, Aragón es una de las primeras Comunidades con mayor porcentaje de población que cuenta con un seguro sanitario privado y que tiene como consecuencia una disminución de nuestros ingresos ya que desgravan en la declaración de la Renta.
Es una falacia la insostenibilidad del Sistema Público de Salud, un pretexto para privatizar la sanidad y hacerse con la gran bolsa de recursos a costa de mayores desigualdades en salud. Privatizar es más caro, como se ha demostrado ampliamente mientras que nadie ha demostrado los pretendidos beneficios de la privatización. Lo que hay es, una escasez de recursos (sobre todo los dedicados a Atención Primaria) y un descomunal gasto farmaceútico. Nuestro gasto público sanitario es inferior a la media europea. El PIB bajó del 7,2% en 2008 al 6,4% en 2013, ya que la recaudación es escasa y no se combate eficazmente el fraude fiscal.

Sobre la salud “en todas las políticas”
Mejorar la salud requiere esencialmente, atender los determinantes sociales de salud mediante acciones en otros sectores, como derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad, atender adecuadamente a las 340.000 personas dependientes o aplicar políticas de igualdad que mejoren las condiciones de salud de las mujeres.