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La Audiencia Nacional reabre Gürtel para investigar a Camps

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MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez ‘el bigotes’ durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

El tribunal atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado julio pidió la reapertura de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ para que el juez de instrucción José de la Mata investigue las eventuales indicaciones que podría haber recibido la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.

El Ministerio Público solicitó la reapertura después de que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.

De estas revelaciones, dice el tribunal, «se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana».

Los magistrados explican en su auto que la influencia de estas revelaciones en el juicio es «fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados».

AVERIGUAR SI FUE IBARS O AUTORIDADES SUPERIORES
En este caso, añaden, se trata de averiguar si Dora Ibars, en su calidad de directora general de Promoción Institucional, es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o bien «tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio».

En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió «con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos».

Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez ahora la Sala de lo Penal ordena reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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