(EUROPA PRESS)-La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha enviado un escrito autorizando a la Abogacía de la Generalitat para que ejercite «cuantas acciones resulten pertinentes» para «defender los intereses públicos» y que se persone en la nueva causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1.

La decisión se produce después de que este miércoles el juzgado de Instrucción número 17 de València citara a declarar a los investigados en el procedimiento judicial que ha abierto en relación con las adjudicaciones realizadas los años 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat GTP por los contratos relativos a las obras de ‘conexión de la Alameda – Avenida Francia – Puerto y acondicionamiento de la Marina Real’ dentro de las obras para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 en València, según ha informado este departamento en un comunicado.

El juzgado de Instrucción número 17 de València ha citado a declarar como investigado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en una causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción del Circuito de la F1 en València.

Entre los citados en este procedimiento, que está declarado secreto, hay al menos ocho investigados, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas, entre ellos el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

La Conselleria de Vivienda ha recordado que remitió durante el pasado año a la Guardia Civil toda la documentación solicitada por la Fiscalía en relación con estos asuntos, que incluían, además, acreditación de los posibles justificantes de los gastos abonados por la Generalitat a al exconseller Flores y a Victoriano Sánchez, con motivo del viaje realizado el año 2008 a Dubai y Baharein, con visita al circuito de F1.

«La Generalitat va más allá y no solo ha cumplido con su obligación de colaboración con la justicia sino también debe cumplir con su obligación de defender el interés público de los valencianos en una causa que está siendo investigada y por la que la Administración pagó 100 millones de euros», ha indicado Salvador.

Así, ha recordado que las obras de la construcción del circuito de la Fórmula 1 costaron 100 millones de euros solo a el departamento que dirige, de los que hay un crédito de 60 millones que se empezó a amortizar en 2016 a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023.

Por todo ello, ha señalado que la Generalitat se personará en esta causa con el objetivo primordial de «intentar recuperar la mayor parte de los fondos públicos que hayan podido resultar sustraídos del erario público de la Generalitat».

La celebración de la F1 en València se investiga además en otro procedimiento judicial, que instruye el juzgado de Instrucción número 2, por presuntas irregularidades en la organización de la carrera, a raíz de una querella formalizada por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En este caso también se investiga a Camps, cuya declaración estaba prevista para el mes de enero pero tuvo que suspenderse ‘sine die’ por unos problemas en la notificación de unos correos electrónicos.