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Valencia

Los alcaldes de El Verger y Els Poblets, citados como investigados por su vacunación

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Ximo Coll y Carolina Vives,

Alicante, 21 oct (EFE).- Los alcaldes socialistas de los municipios alicantinos de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, respectivamente, han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 12 de noviembre ante el juzgado por su vacunación contra la covid-19 presuntamente irregular.

Según han informado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los dos alcaldes han sido citados a declarar como investigados a las 11.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia (Alicante).

Los dos alcaldes, que son matrimonio, están personados en la causa, han señalado las mismas fuentes.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Dénia incoó diligencias previas para investigar la vacunación contra la covid-19 de ambos regidores en un centro de salud el pasado 8 de enero.

El PSPV-PSOE expedientó y suspendió cautelarmente de militancia a los dos alcaldes, después de conocerse que fueron vacunados ese día en un centro de salud de El Verger.

La magistrada abrió esta investigación tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra los dos regidores por la presunta comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, según fuentes judiciales.

Otro alcalde de la provincia de Alicante también investigado por haber sido vacunado supuestamente de forma irregular es el de La Nucía, Bernabé Cano, del PP.

En este caso concreto, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), Consuelo María Martínez, aprecia los posibles delitos de prevaricación administrativa y cohecho en la vacunación contra la covid-19 de Cano en una residencia geriátrica de La Nucía durante los primeros días de la inoculación de las dosis.

En un auto de incoación de procedimiento abreviado, esta juez observa indicios de los supuestos delitos de cohecho y prevaricación administrativa, que conllevan penas máximas inferiores a los 9 años de prisión.

La juez desestimó la petición de sobreseimiento y archivo del procedimiento solicitada por el abogado de Cano y, en cambio, trasladó las diligencias previas al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas.

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Valencia

Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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