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Los enfermos terminales valencianos podrán decidir sobre los cuidados paliativos del final de sus vidas
Publicado
hace 9 añosen
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El Consell ha aprobado el anteproyecto de ley de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención final de la vida.
Es la primera vez que la Comunitat Valenciana va a disponer de un texto legal que específicamente garantice la voluntad y la autonomía de las personas en la atención al final de la vida y que va a tener el siguiente impacto normativo.
El anteproyecto tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía, a la expresión de sus deseos y valores, a su voluntad, dentro del marco legal, y velar por la calidad de su vida durante dicho proceso.
También establecer los deberes que ha de cumplir el personal de las instituciones y centros sanitarios y sociales, -tanto de titularidad pública como privada- que prestan servicios en la Comunitat Valenciana, que atienden a las personas en el proceso final de su vida. Finalmente, la norma fija las garantías que deben proporcionar dichas instituciones y centros.
Entre las principales novedades de la norma destacan aspectos como que la ley garantiza el respeto de la persona al final de la vida, dando cumplimiento al desarrollo de sus derechos a través de una nueva herramienta: la Planificación Anticipada de Decisiones.
Este documento permite la planificación de la atención futura de forma conjunta con el personal que atiende habitualmente al paciente mediante un proceso voluntario y progresivo de comunicación y deliberación. Este proceso además está abierto a familiares o representantes designados por el paciente y quedará registrado en la historia clínica.
Además la norma supone un gran avance en la atención integral paliativa, garantizada por la formación en cuidados paliativos de todos los profesionales implicados en la atención al paciente al final de la vida. Esta formación ya se está realizando en Atención Primaria en coordinación y colaboración con las unidades de hospitalización a domicilio.
Otra novedad de la ley es que contempla no solo el derecho a recibir cuidados paliativos sino también dónde recibirlos, ya sea el domicilio, un hospital, centros u otros, siempre que lo permita la situación clínica y de cuidados.
Además, garantiza la adecuación de las habitaciones hospitalarias para uso individual del paciente en situación de últimos días, con la finalidad de garantizar la intimidad y dignidad al paciente y a sus familiares.
La persona en el proceso final de la vida tendrá derecho a disponer, si lo desea, del acompañamiento permanente familiar o de la persona cercana que designe. Las instituciones y centros sanitarios deberán facilitarlo. También tendrá derecho a recibir acompañamiento espiritual de acuerdo a sus convicciones y creencias.
Una norma consensuada
Esta norma es fruto de un proceso de reflexión realizado en distintas etapas con el que se ha ido diseñando el borrador del anteproyecto con aportaciones de expertos y de la ciudadanía.
El punto de partida fue un grupo de trabajo integrado por una veintena de expertos. Durante este proceso, las aportaciones se fueron enriqueciendo en distintas etapas, como la jornada celebrada en la Facultad de Medicina de Valencia o las aportaciones recibidas a la dirección electrónica habilitada a tal efecto por parte de la conselleria.
Además de este proceso abierto a la aportación ciudadana, otros organismos consultivos como el Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, constituido el 23 de noviembre de 2016, ha podido debatir, asesorar y dictaminar sobre este texto normativo.
El expediente de tramitación del anteproyecto de Ley se ha puesto también en conocimiento del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana El texto nace pues del intercambio de ideas y propuestas y ha contado con un amplio proceso de participación.
Principios básicos
Esta nueva norma, propuesta por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública cuenta como principios básicos el respeto a la dignidad de la persona en el proceso del final de la vida, el respeto a la libertad, la autonomía personal y a su voluntad en cuanto a deseos, prioridades y valores dentro del marco legal.
También apuesta por el diálogo y la reflexión conjunta con el personal responsable de su atención; así como el respeto a la intimidad de la persona y de sus familiares o allegados y a la confidencialidad de la información clínica que deban recibir, de acuerdo con la normativa vigente.
A ello se suma la atención a valores como la igualdad y no discriminación de las personas en el proceso del final de la vida a la hora de recibir servicios del ámbito social o sanitario.
También la garantía de que, el rechazo o interrupción de un procedimiento, tratamiento o información, no causará ningún menoscabo en la atención integral en el proceso del final de la vida.
La ley establece el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales. Además del derecho a la atención personalizada, respetando, en la medida de lo posible, el lugar elegido por la persona, a través de la coordinación y cooperación entre los sistemas sanitarios y sociales, velando por la continuidad de los cuidados.
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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
Publicado
hace 7 horasen
3 noviembre, 2026
El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.
El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.
El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.
Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda
Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:
- Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
- Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.
Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.
El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.
Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil
Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.
El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.
De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.
Protección especial para los trabajadores afectados
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.
Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.
Limitación de los precios del transporte alternativo
Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.
Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.
El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.
Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.
El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.
Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.
Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente
El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:
- Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
- Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
- Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.
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