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Murcia invierte 5.000 euros en una campaña de adopción de perros y gatos abandonados

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'El gusano del corazón’: la enfermedad que afecta a perros en toda España

Ana Cánovas

El Consejo de Gobierno ha aprobado conceder una subvención de 5.000 euros al Colegio Oficial de Veterinarios de la Región para la divulgación de una campaña de adopción de perros y gatos abandonados, con cargo a los presupuestos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Asimismo, la Consejería ha diseñado la campaña con el título ‘Adopta. La felicidad no se compra’, que será divulgada por esta entidad colegial.

Debido a que el pasado año se abandonaron en la Región más de 3.000 perros y cerca de 1.000 gatos, mientras que en toda España se abandonan cada año más de 100.000 de estos animales de compañía.

No obstante, a finales de 2017 fue aprobada la Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, que tiene como objetivo lograr el máximo nivel de protección y bienestar de estos seres vivos.

Además, la ley otorga a la Administración regional, entre otras, la competencia de adoptar medidas que contribuyan a la divulgación de su contenido y promover actuaciones que fomenten el respeto, la protección y la defensa de los animales de compañía, estableciendo programas de concienciación y sensibilización sobre abandono de animales y fomentando su adopción.

Asimismo, el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región es considerado en la ley como un instrumento básico, tanto en el desarrollo de las tareas de divulgación e información de esta ley, como de las actuaciones que prevé.

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El Gobierno aprobará ayudas para las víctimas del accidente de tren de Urda: ¿habrá indemnizaciones?

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El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a un real decreto para atender a los afectados por el siniestro ferroviario de Toledo. El alcance económico de las ayudas y las posibles indemnizaciones centran el interés de las víctimas y sus familias.

El Consejo de Ministros aprobará este martes, 3 de noviembre, un real decreto de ayudas destinado a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). La medida pretende articular el apoyo del Gobierno a las personas afectadas por el siniestro y a sus familiares.

El anuncio llega en una jornada en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también entregará al Ejecutivo un informe para explicar las circunstancias del accidente.

¿Habrá indemnizaciones para las víctimas del accidente de Urda?

Una de las principales cuestiones pendientes es conocer si el paquete aprobado por el Gobierno incluirá indemnizaciones económicas directas para los afectados, además de otras ayudas destinadas a atender las consecuencias del accidente.

La información adelantada sobre el real decreto confirma que el Consejo de Ministros aprobará un paquete de ayudas, pero no concreta todavía si contemplará compensaciones económicas específicas por fallecimiento, lesiones o secuelas.

Tampoco se han detallado las cuantías que podrían recibir las víctimas y sus familiares, los requisitos para acceder a las ayudas ni los plazos para solicitarlas.

Qué se sabe del real decreto de ayudas

El texto que aprobará el Gobierno permitirá conocer el alcance de las medidas previstas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Entre los aspectos pendientes de concretar figuran:

  • Las cantidades económicas que recibirán los afectados, si se establecen indemnizaciones.
  • Las posibles compensaciones para los familiares de las personas fallecidas.
  • Las ayudas destinadas a los heridos y a quienes sufran secuelas.
  • Los requisitos y procedimientos para solicitar las prestaciones.
  • Los plazos y las vías para tramitar las solicitudes.

La aprobación del real decreto permitirá conocer las condiciones concretas del paquete y distinguir entre las ayudas públicas que pueda conceder el Gobierno y las indemnizaciones que pudieran corresponder por otras vías.

Por el momento, no es posible confirmar las cuantías ni asegurar qué indemnizaciones estarán contempladas. La publicación y el contenido de la norma serán determinantes para conocer qué podrán reclamar las víctimas y sus familias.

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