Más de 4.000 empleados públicos esperan su plaza definitiva un año después de aprobar, con incertidumbre sobre su incorporación

Madrid, 4 de mayo de 2026.– El sistema de oposiciones de la Administración General del Estado atraviesa una situación de bloqueo sin precedentes, con miles de funcionarios que han superado los procesos selectivos pero continúan sin destino asignado, cobrando una nómina aproximada de 1.060 euros mensuales sin haber tomado posesión efectiva de su puesto.

En total, más de 4.000 opositores del Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2), correspondientes a la convocatoria de julio de 2024, siguen a la espera de que se publiquen sus destinos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un paso imprescindible para incorporarse a su puesto de trabajo.

Retrasos de hasta dos años en la asignación de plazas

La demora en la adjudicación de destinos no afecta solo a esta escala, sino que se extiende a buena parte de los procesos selectivos de la Administración, donde los plazos entre el examen y la incorporación pueden alcanzar los dos o incluso tres años.

Según fuentes del ámbito administrativo, en algunos casos de escalas inferiores ni siquiera se percibe salario hasta la publicación oficial del destino, lo que agrava la situación de incertidumbre.

Miles de plazas pendientes de adjudicación

El retraso acumulado afecta también a la ejecución de la oferta de empleo público. Actualmente, siguen sin convocarse más de 9.000 plazas de personal laboral correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025, entre nuevo ingreso y promoción interna.

Estas plazas tienen un plazo de caducidad de tres años desde su convocatoria, por lo que parte de ellas podrían perderse si no se acelera su tramitación.

Falta de agilidad en la gestión pública

El Ministerio de Función Pública sostiene que los procesos selectivos se están agilizando y que en muchos casos ya se resuelven en menos de un año. Sin embargo, la acumulación de convocatorias y la lentitud en la asignación de destinos mantienen el colapso administrativo en varios departamentos del Estado.

Un sistema bajo presión

La situación se produce en un contexto de alta demanda de personal en organismos como la Seguridad Social, el SEPE o las oficinas de extranjería, donde la falta de efectivos contribuye a la sobrecarga de trabajo y a retrasos en la atención al ciudadano.

Claves del problema

• Más de 4.000 funcionarios sin destino asignado
• Retrasos de hasta 2-3 años en la incorporación
• Nóminas de unos 1.060 euros sin toma de posesión
• Más de 9.000 plazas pendientes de convocatoria
• Riesgo de pérdida de plazas por caducidad

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