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Ribó sobre los patinetes: «Mientras no haya permiso, no se puede utilizar la vía pública en esa dirección»

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VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Policía Local de València está procediendo este miércoles a requisar los 200 patinetes eléctricos de alquiler distribuidos por la empresa Lime en la ciudad ya que la distribuidora europea ha ordenado mantenerlos pese al requerimiento policial a su filial valenciana, que en un principio había accedido a retirarlos.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha explicado que la retirada comenzó a las 10:00 horas con los nueve patinetes desplegados en el Paseo Marítimo. A continuación, la Policía tenía previsto proceder a la incautación de las unidades desplegadas por el centro de la ciudad, donde hay un mayor número.

Sin embargo, la empresa cambió de actitud a media mañana y mandó una furgoneta para proceder a la retirada voluntaria. No obstante, hubo un «nuevo cambio de criterio» y el distribuidor de Europa ordenó a la distribuidora valenciana, ubicada en Paterna, que no proceda a la retirada.

Por ello, los agentes continuaron levantando acta de sanción y continuaron con la incautación de las unidades ubicadas en la plaza de la Reina. A continuación, seguirán requisando el resto de patinetes desplegados por la ciudad gracias a la localización GPS de la propia App de la empresa. Las unidades intervenidas será almacenadas en un espacio habilitado en la Central.

La sanción impuesta asciende a 750 euros por cada espacio público ocupado con independencia del número de patinetes dispuestos en él. Por ello, no será hasta final del día cuando se conozca el montante final de la multa. La empresa deberá abonar la multa para recuperar las unidades requisadas.

Menguzzato ha explicado que esta sanción es por vulneración del artículo 12 de la ordenanza de dominio público, que exige que cualquier empresa que quiera realizar una actividad en la vía pública cuente con una autorización municipal.

Al respecto, que ha comentado que pensaban «sinceramente» que la empresa iba a proceder a la retirada voluntaria como es habitual con las terrazas cuando se produce un requerimiento policial ya que «pocas veces» se da una negativa.

Por ello, ha lamentado este cambio actitud de la empresa a la que ha advertido de que «está tomando decisiones erróneas si de verdad quieren implantarse y comercializar este producto». «Esta actitud desde luego no ayuda», ha observado. De hecho, ha apuntado que hay locales que han estado más de un año sin poder tener terraza por no cumplir voluntariamente la orden de retirada.

En cualquier caso, ha recalcado que la incautación de los patinetes
«no es por voluntad de ir contra esta empresa» sino de hacer cumplir la ley. Así, ha aclarado que el Ayuntamiento está a favor del uso de patinetes eléctricos en València porque es un transporte ecológico, pero «no se puede permitir que haya empresas que se lucren de manera diferente al resto» y «si ocupa las aceras, que son mayoritariamente para los viandantes» se debe pagar una tasa al igual que el resto del empresariado.

En ese sentido, ha recordado que la Policía se ha comunicado en varias ocasiones tanto con la empresa distribuida que está en Paterna (Valencia) como con la sede social en España que está en Barcelona para explicarles la situación.

ORDENANZA DE MOVILIDAD
Menguzzato ha explicado que en la actualidad hay «una especie de vacío legal» sobre el uso de este medio ya que la ordenanza de movilidad vigente en València data de 2010 cuando no existían los patinetes eléctricos.

Por ello, confía en que «en breve» se disponga de una ordenanza nueva que marque «las líneas de funcionamiento» y regule su uso y su comercialización como hacen la ordenanzas de Madrid y Barcelona. Mientras tanto, ha señalado que la policía no denuncia al conductor de un patinete eléctrico siempre que no ponga en riesgo ni su seguridad ni la de los demás.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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