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Valencia

València clama contra la «cruel violencia» machista

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Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Inicio de la manifestación convocada por el Moviment Feminista de València bajo el lema "Dones, vives i unides contra el masclisme", donde dos mujeres supervivientes leerán el manifiesto. EFE/ Biel Aliño
València, 25 nov (EFE).- Miles de personas se han manifestado este viernes por las calles de València para alzar la voz y denunciar la «cruel violencia» machista que sufren las mujeres, poniendo el foco en las mujeres y niñas iraníes y afganas que «están sometidas por el patriarcado religioso», y reclamar su «fin».

La manifestación de este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género ha arrancado a las 19.30 horas de la Porta del Mar de la capital, tras una pancarta con el lema «Dones vives i unides contra el masclisme», y está previsto que concluya en la plaza del Ayuntamiento, donde dos mujeres supervivientes de la violencia machista leerán un manifiesto.

En la marcha, que transcurre sin incidentes, pueden leerse frases como «Mi posición sexual favorita es yo arriba y abajo el patriarcado», «#Hartas de violencia machista», «Cuando salga a la calle quiero sentirme libre, no valiente», «Nos queremos vivas y libres» o «Contra el machista, lucha feminista».

Entre otros, han asistido la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez; el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo; y las concejalas de Igualdad y Políticas de Género LGTBI, Lucía Beamud; de Servicios Sociales, Isabel Lozano; de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario; y de Educación, Maite Ibáñez.

La Coordinadora Feminista de Valencia ha puesto en valor la «valentía» con la que las mujeres de países como Irán, Afganistán y también Catar «están respondiendo», y al mismo tiempo ha mostrado su preocupación por «cómo están poniendo incluso en peligro sus vidas, como en el caso de Mahsa Amini y muchas otras».

Cándida Barroso, secretaria de Igualdad de CCOO en la Comunitat Valenciana, ha explicado a EFE que es necesario que «salgamos todas a la calle a reivindicar el fin de la violencia machista y reconociéndonos como mujeres que queremos estar vivas y unidas contra el machismo imperante».

El motor imperante de esta reivindicación, ha indicado, «ha sido siempre el asesinato de las mujeres». Una lucha que se emprendió mucho antes de que en 1999 las Naciones Unidas determinara el 25 de noviembre como día contra esta violencia, y que continúa porque «seguimos siendo objeto de asesinato, burla, escarnio, acoso y discriminación vivamos en la parte del mundo que vivamos».

El «patriarcado universal», ha dicho Barroso, «se rearma cada vez que conseguimos un logro las mujeres», por lo que salimos a la calle «a poner el acento en todas las necesidades» que van «desde las mujeres que no tienen libertad para hablar en países como Irán, Afganistán o Catar, a mujeres víctimas de guerras, la necesidad de acabar con la misoginia judicial o el acoso a las madres protectoras».

El movimiento feminista quiere mostrar también su preocupación por la «cosificación y mercantilización de nuestros cuerpos». En este sentido, Barroso ha criticado unas jornadas en la Universidad de Cantabria sobre vientres de alquiler, una práctica «prohibida en nuestro sistema judicial y que constituye explotación reproductiva».

Al mismo tiempo exigen una educación afectiva-sexual «en todos los ciclos» y que sea laica, así como la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados.

Del mismo modo, critica los discursos «negacionistas», que responden «a ese hacer de la ultraderecha autoritaria que critica todos los avances que ha conseguido el feminismo».

Es además, una actitud «dictatorial», explica la activista, ante «el miedo a perder los privilegios masculinos». Ante esto, ha agregado, «atacan a quienes pueden cuestionarlos».

Algo que, ha señalado, «vivimos esta semana con la ministra de Igualdad, Irene Montero», contra la cual «estaba el PP y Vox juntos» para atacar una acción de gobierno «de una manera visceral y miserable» que «nunca se había visto» en sede parlamentaria.

En el manifiesto se denuncia también la violencia obstetricia; los matrimonios concertados; la explotación reproductiva; la necesidad de tener políticas activas de empleo para mujeres -especialmente para las superviventes de la violencia machista- y que haya control y seguimiento de los protocolos contra el acoso sexual en los centros de trabajo.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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