Valencia, 29 de enero de 2025 – La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, que representa a más de un centenar de afectados por la DANA, ha presentado este 29 de enero, cuando se cumplen tres meses de la catastrófica riada, una querella ante los juzgados de instrucción de Valencia. En ella, se acusa a cinco miembros del Consell y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su presunta inacción en la gestión de la emergencia. Además, los querellantes han solicitado la declaración testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Querella contra altos cargos del Consell y la CHJ

La querella, que ha sido presentada por el despacho Vilches Abogados, acusa a los exresponsables de la gestión de emergencias durante la DANA de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.

Los denunciados son:
Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior.
Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias.
Alberto Javier Martín, exdirector general de Emergencias.
Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias.
Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Desde la asociación de damnificados se sostiene que la falta de reacción y gestión ineficaz de la emergencia agravó las consecuencias de la DANA, que dejó un balance trágico de 224 fallecidos y tres desaparecidos en la Comunitat Valenciana.

«No podemos permitir que esto quede impune»

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Cristian Lesaec, ha señalado en rueda de prensa: «No podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia. La sensación es que el poder legislativo no ha actuado y esta lucha será larga, pero es necesaria para que se haga justicia».

La querella, que consta de 67 páginas, incluye un análisis cronológico de la emergencia y señala que, de haberse activado el sistema de alertas ES-Alert en el momento oportuno, el número de víctimas podría haber sido mucho menor. Según la documentación presentada, los responsables de la gestión de emergencias ya disponían de datos suficientes desde las 15:00 horas para enviar la alerta, pero esta no fue enviada hasta las 20:11 horas, cuando el caudal del barranco de El Poyo y el río Magro ya estaban completamente desbordados.

Investigación en marcha y posible responsabilidad penal

La querella también recoge un análisis detallado de las obligaciones y funciones de cada uno de los querellados y los argumentos por los cuales consideran que incumplieron sus deberes.

Además de la vía judicial, los damnificados han solicitado comisiones de investigación tanto en el Congreso de los Diputados como en Les Corts Valencianes, con el objetivo de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas en la gestión de la emergencia.

La batalla legal acaba de comenzar, y los afectados aseguran que llegarán hasta el final para exigir justicia y reparación.

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