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Alfonso Grau será juzgado por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento

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Alfonso Grau, exvicealcalde de València, será juzgado por aceptar dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. En el banquillo de los acusados también se sentará el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el ‘bus turístic’ en la ciudad.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Grau –investigado en el conocido como caso Imelsa– y Catalán por presuntos delitos de blanqueado de capitales y de cohecho. El órgano competente para el enjuiciamiento será la Audiencia Provincial.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Grau una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.

En la resolución judicial, el magistrado indica que no es preciso abrir en este momento la pieza de responsabilidad civil y/o pecuniaria puesto que no se han concretado las posibles responsabilidades en las que habrían incurrido los acusados y porque tampoco existe una resolución firme que les condene.

Esta causa se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos procesados. Según el escrito fiscal, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Entre 2006 y 2015, mercantiles relacionadas con Urbano Catalán firmaron con el Ayuntamiento un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Uno de ellos, una fiesta de personas mayores adjudicado a Transvia por 652.748,55 euros. El resto hacen referencia a adquisiciones de vehículos, servicios de alojamiento y manutención del Certamen Internacional de bandas y otra serie de transportes.

El primer regalo se registró en 2010, cuando Grau adquirió de una conocida joyería de València un reloj de oro por importe de 25.680 euros que fue satisfecho parcialmente mediante la devolución de otro que costaba 13.500 euros y que le fue regalado por el empresario Urbano Catalán y facturado a Viajes Transvia.

Según estima el fiscal, este obsequio se efectuó en atención al cargo de teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de València que ostentaba en ese momento Grau, por las relaciones comerciales existentes entre las empresas de las que el empresario era apoderado y el consistorio.

Con esta actuación, agrega el ministerio público, Grau compró un reloj nuevo obteniendo un «evidente lucro económico» ya que un reloj que valía 25.680 euros le costó 12.160 gracias al que le había regalado el empresario. Pagó la diferencia en metálico.

LA COMPRA, EL DÍA DE ADJUDICACIÓN
Similar operativa se llevó a cabo con el segundo obsequio a finales del año 2011. Catalán compró en la joyería un reloj el mismo día en que la mercantil Transvía recibió la adjudicación del contrato del consistorio de la fiesta de mayores por más de 652.000 euros.

Para ocultar el origen ilícito de este reloj –valorado en 11.575 euros–, Grau, al igual que había hecho anteriormente, lo devolvió y compró otro que le costó 16.825 euros. Pagó 5.250 euros en efectivo. Sobre este último pago, declaró a Hacienda que el dinero lo guardaba en su domicilio.

Para sacar adelante este contrato con Transvía, Grau intervino en las Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento en julio, octubre y noviembre de 2011. En un escrito que presentó Viajes Transvía se hacía constar que los objetos adquiridos a la joyería correspondían a artículos de regalo de empresas que la entidad realiza «según los usos y costumbres».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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