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La fiscalía solicita 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar

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El expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, acusado de corrupción en la gestión de contratos entre 2007 y 2017.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 15 años y medio de prisión para Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco del caso Soule. La investigación apunta a irregularidades en la adjudicación de contratos durante su mandato, lo que habría causado un perjuicio económico de 4,5 millones de euros para la federación.

Detalles de la Acusación

  • Se sospecha que Villar y otros implicados utilizaron su influencia para favorecer determinados contratos en beneficio propio.
  • La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, detallando los presuntos delitos de corrupción, administración desleal y malversación de fondos.
  • Junto a Villar, se han imputado a otros siete acusados, entre los que se encuentra su hijo, Gorka Villar, para quien se solicita una pena de 7 años de prisión.
  • La acusación sostiene que se desviaron fondos de la RFEF a empresas y entidades vinculadas, generando beneficios ilícitos a costa del organismo deportivo.

Impacto y Repercusiones

El caso Soule ha sacudido el fútbol español y ha reabierto el debate sobre la transparencia en la gestión de entidades deportivas. La RFEF ha asegurado que colabora con la justicia y que, tras la salida de Villar en 2017, se han implementado medidas para mejorar la supervisión de contratos y evitar nuevas irregularidades.

Los próximos meses serán clave en el desarrollo del proceso judicial, donde se determinará la responsabilidad de cada uno de los implicados y las posibles condenas. Este caso podría marcar un antes y un después en la regulación de las federaciones deportivas en España.

 

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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