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La fiscalía solicita 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar

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El expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, acusado de corrupción en la gestión de contratos entre 2007 y 2017.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 15 años y medio de prisión para Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco del caso Soule. La investigación apunta a irregularidades en la adjudicación de contratos durante su mandato, lo que habría causado un perjuicio económico de 4,5 millones de euros para la federación.

Detalles de la Acusación

  • Se sospecha que Villar y otros implicados utilizaron su influencia para favorecer determinados contratos en beneficio propio.
  • La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, detallando los presuntos delitos de corrupción, administración desleal y malversación de fondos.
  • Junto a Villar, se han imputado a otros siete acusados, entre los que se encuentra su hijo, Gorka Villar, para quien se solicita una pena de 7 años de prisión.
  • La acusación sostiene que se desviaron fondos de la RFEF a empresas y entidades vinculadas, generando beneficios ilícitos a costa del organismo deportivo.

Impacto y Repercusiones

El caso Soule ha sacudido el fútbol español y ha reabierto el debate sobre la transparencia en la gestión de entidades deportivas. La RFEF ha asegurado que colabora con la justicia y que, tras la salida de Villar en 2017, se han implementado medidas para mejorar la supervisión de contratos y evitar nuevas irregularidades.

Los próximos meses serán clave en el desarrollo del proceso judicial, donde se determinará la responsabilidad de cada uno de los implicados y las posibles condenas. Este caso podría marcar un antes y un después en la regulación de las federaciones deportivas en España.

 

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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