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Cae el clan de “Los Castañas”, la mayor organización de traficantes españoles de hachís

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 miembros de “Los Castañas”, la mayor organización dedicada al tráfico de hachís del Campo de Gibraltar y al blanqueo de capitales procedentes de esa actividad ilícita, liderada por ciudadanos españoles. El estupefaciente procedía de Marruecos y lo transportaban hasta la península en embarcaciones semirrígidas dotadas de motores fuera borda de gran potencia. La cooperación con las autoridades marroquíes ha sido clave para la detención de algunos de los líderes de la organización que habían huido al país vecino.

Un dispositivo de 150 agentes

La investigación comenzó en 2015 y se ha culminado recientemente con el desarrollo de un dispositivo formado por 150 agentes y que ha permitido la detención en Cádiz y Marruecos de 30 personas (españolas y marroquíes), así como al registro de 21 domicilios y naves en la provincia gaditana. Los agentes también se han incautado de una tonelada de hachís, 350.000 euros en efectivo, 16 vehículos, tres embarcaciones semirrígidas, varias armas de fuego, 17 inmuebles por valor de tres millones de euros y se han bloqueado 24 cuentas pertenecientes a diferentes personas físicas y jurídicas.

Detenciones en Marruecos

A pesar del amplio dispositivo desplegado, varios de los investigados se dieron a la fuga huyendo a Marruecos. Por este motivo, se inició una comunicación bilateral que propició el desarrollo de una investigación conjunta con las autoridades policiales del Reino de Marruecos, coordinada y dirigida por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Rabat, al objeto de lograr la detención de los investigados que se encontraban ocultos en el referido país.

Esta cooperación ha sido clave para la localización y detención de algunos de los líderes fugados de la organización. Uno de los huidos fue arrestado en la ciudad de Rabat (Marruecos) por la policía de dicho país. Otro hombre de confianza de los cabecillas de la red, que se encargaba de supervisar la infraestructura para realizar los transportes del estupefaciente, fue detenido cuando se hallaba oculto en una vivienda en la barriada linense del Zabal, lugar de difícil acceso y que no abandonaba bajo ningún concepto. Por ello se procedió al asalto policial de la referida vivienda, provisto del correspondiente mandamiento judicial, logrando su detención.

Gracias a los servicios de la Policía Judicial de Tetuán (Marruecos), se procedió a la detención de 10 individuos relacionados con la organización investigada, siendo uno de ellos el líder de la organización, quien portaba pasaporte falsificado; y su hijo, sobre los que recaían sendas Órdenes Internacionales de Detención.

Monopolio del tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar

La organización desmantela, conocida como “Los Castañas”, monopolizaba el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar y ocultaba la droga inmediatamente después de su desembarco en diferentes fincas de la zona de El Zabal, popular barrio de La Línea de la Concepción. Estos no solamente realizaban transportes para su organización, sino que también cobraban elevadas sumas de dinero alijando toneladas de hachís para distintas organizaciones criminales, gracias a la amplia infraestructura que poseen en la zona de La Línea de la Concepción para llevar a cabo con éxito este tipo de operaciones. Los investigados disfrutaban de un altísimo nivel de vida, realizando viajes de alto coste, acudiendo a grandes acontecimientos deportivos, alojándose en hoteles de gran lujo, adquiriendo coches de alta gama y viviendas de lujo.

Disponían de “narcoembarcaderos”

Fruto de la investigación, se pudo determinar que organizaban habitualmente transportes de estupefaciente utilizando cada vez al menos dos embarcaciones semirrígidas de más de 12 metros de eslora, con capacidad para transportar unas tres toneladas de hachís en cada una de ellas. También se comprobó que utilizaban equipos de transmisiones con los que comunicaban durante el transporte, desembarco, y ocultación del estupefaciente, además de contar con numerosas personas que realizaban las funciones de vigilancia en puntos estratégicos para alertar de cualquier actuación policial.

Igualmente se averiguó que muchas de las viviendas de las que la organización disponía en la zona de El Zabal, eran empleadas para la guarda, custodia y ocultación del estupefaciente. Estas fueron adquiridas por la organización con la intención de cederlas a familias humildes, sin ningún tipo de remuneración económica y sin anotaciones policiales ni relación con actividad delictiva alguna, para que pudieran pasar desapercibidas y no levantar ningún tipo de sospecha. A estas personas se les facilitaba, además de las viviendas referidas, vehículos y dinero a cambio de que realizaran las labores de guarda, custodia y almacenamiento de la droga inmediatamente después de su desembarco.

La organización disponía de al menos dos de los llamados “narcoembarcaderos”, situados en uno de los márgenes del Rio Guadarranque, por donde surtían las embarcaciones con destino a Marruecos y por donde posteriormente eran recogidas tras realizar el alijo del estupefaciente.

Para este fin poseían varias embarcaciones semirrígidas que utilizaba para el transporte del hachís, así como vehículos todoterreno sustraídos que ocultaban en diferentes fincas, preparados para cargar la droga. Tres de estas embarcaciones, de unos 12 metros de eslora y con varios motores de 300 caballos -valoradas en 200.000 euros cada una-, han sido intervenidas durante los registros.

Orden de “llevarse por delante” a quien tratara de detenerlos

Los conductores de los vehículos todoterreno que realizaban la carga del estupefaciente en playa para llevarla hasta el lugar de ocultación (lugares conocidos como caletas o guarderías), habían recibido órdenes de embestir a cualquier vehículo que intentara su interceptación, ya fueran integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cualquier otra organización que pretendiera sustraer la droga. En varios de los desembarcos protagonizados por la organización fueron arroyados vehículos policiales uniformados cuando intentaban frustrar el desembarco de la droga, así como pusieron en peligro a particulares que circulaban por la zona.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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