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Camps y la ‘caja b’ se enfrentan este martes a la comisión del Congreso

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MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) – La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP recibirá este martes al expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder de los ‘populares’ en esa comunidad Francisco Camps, que se convertirá en el primer exdirigente del partido que desfila ante este órgano. Camps tendrá que afrontar preguntas sobre la presunta ‘caja b’ de su formación justo un día antes de hacer lo propio ante la Audiencia Nacional en el juicio sobre la rama valenciana de la ‘Gürtel’, al que ha sido llamado como testigo.

El Congreso también había citado para el martes al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero éste pidió aplazar la citación porque le coincide con una sesión del mismo juicio. El que fuera ‘número dos’ de Camps ya declaró a principios de enero, pero tiene que estar presente por ser uno de los acusados. En las próximas semanas la comisión tendrá que fijar una nueva fecha para convocarle.

En su declaración judicial Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, señaló que fue Camps quien decidió contratar Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con «dinero negro». En algunos de esos actos participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

TRES CAUSAS ABIERTAS
Camps, que ha negado todas estas acusaciones, podrá ratificarse en su versión ante los diputados que investigan la financiación ilegal del PP. El expresidente valenciano acudirá a la Cámara dos semanas después de haber sido imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, una de las piezas separadas del ‘Caso Gürtel’, que también formará parte del interrogatorio de los comisionados.

Además, Camps está siendo investigado en otros dos procedimientos distintos. El primero, por supuestas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en València; y el segundo, por la construcción del trazado del circuito de esta competición.

La semana siguiente, concretamente el día 13 de marzo será el turno del Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Esperanza Aguirre y ex secretario general del partido en la comunidad, y de su antiguo socio David Marjaliza, un constructor considerado cerebro de red ‘Púnica’.

En febrero Granados, presunto líder de la trama, reconoció ante el juez que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral «paralela» fuera de la contabilidad oficial para la expresidenta regional Esperanza Aguirre y que dirigió Ignacio González, quien la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid. Además, indicó que la actual mandataria madrileña, Cristina Cifuentes, formó parte del núcleo de esa campaña paralela porque tenía una supuesta «relación sentimental» con Ignacio González.

PP DE MADRID
El ex número dos del PP de Madrid, que salió el pasado verano de la cárcel de Estremera en la que pasó dos años y medio en prisión preventiva por su implicación en la ‘Púnica’, podrá reafirmarse en sus declaraciones ante el Congreso, aunque también podría acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios para no perjudicar su defensa judicial.

Tras las relevaciones de Granados, los grupos parlamentarios pusieron fecha a las comparecencias de Cifuentes, Aguirre y González. La actual presidenta regional, que se ha querellado contra Granados, será la primera en acudir a la Cámara, el día 20 de marzo, junto con el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, a quien se le investiga por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por facilitar la presunta financiación irregular del partido en conexión con la trama ‘Púnica’.

El 10 de abril será el turno González y Aguirre, los antecesores de Cifuentes y que compartieron gobierno regional y responsabilidades en el partido con Francisco Granados.

Y una semana después le tocará a Ramón Blanco Balín, quien fuera cerebro financiero de la red ‘Gürtel’, que ya había estado citado a principios de febrero y que pidió aplazarlo por sus citaciones judiciales. Para ese mismo día también se verá a Arturo Fasana, el considerado ‘contable’ de Francisco Correa y asesor fiscal que llevó a la red Gürtel a Suiza por tratar de eludir impuestos.

EL YONKI DEL DINERO
Además, la comisión aún tiene pendiente fijar una nueva fecha para recibir a Marcos Benavent, el autodenominado ‘Yonki del dinero’, quien había sido convocado el pasado 20 de febrero, pero finalmente no acudió porque hubo un problema con su citación.

Benavent está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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